Por estos días, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, evalúa su “ofensiva económica”, como llamó a la política con la que busca controlar por vías heterodoxas la inflación, reducir el desabastecimiento de productos básicos y el déficit fiscal. La polarización política y social venezolana se manifiesta también en el terreno de las estadísticas -un activo social no siempre apreciado- y por eso es difícil conocer datos tan básicos para cualquier análisis, como la variación de los precios. En este sentido, a diez días de la fecha en que habitualmente el Banco Central de Venezuela (BCV) publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aún no se conoce el dato de abril. Los analistas privados y las consultoras independientes llenan el vacío de información con estimaciones propias que se encuentran muy por encima del dato oficial. Para abril, la estimación privada es que el costo de vida subió 5,7%, con lo que la inflación anual superaría el 61,5%. El último dato oficial, el de marzo, indica que el alza de precios fue de 4,1%, y el dato anualizado es de 47,6%. Este número marca una aceleración de la inflación respecto de enero y febrero, algo que el BCV atribuyó a las tensiones políticas que terminaron “afectando el normal desempeño de las fuerzas productivas, el comercio, la distribución y, en general, la vida económica nacional”.
De acuerdo con varios analistas, la aceleración de los precios en marzo se debe al ajuste de la tasa de cambio de los últimos dos meses y la expansión que ha tenido la cantidad de dinero en los últimos 12 meses. El gobierno puso en vigencia el mes pasado el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad II), que permite comprar o vender divisas o títulos en moneda extranjera, lo que determinó un aumento del tipo de cambio que supera sustancialmente la paridad oficial de 6,30 bolívares por dólar. Esta depreciación de la moneda nacional -al menos para algunas operaciones- permite mejorar la competitividad precio del país en el corto plazo, pero determina el repunte inflacionario que se terminará de confirmar cuando se conozca el dato oficial de abril.
De acuerdo a cifras del BCV, varios rubros de la canasta alimentaria aumentaron su precio por encima del promedio. Mientras que el IPC general creció 4,1% en marzo, el índice específico de alimentos y bebidas lo hizo 6,07%. Según estimaciones privadas, el azúcar y la sal aumentaron en marzo en el entorno de 16%, las frutas y hortalizas 11%, la leche, quesos y huevos registraron una inflación de 4,7%, mientras que el café se encareció 9,5%.
Frente a estos aumentos, la gente reacciona comprando dólares, acaparando bienes, activos inmobiliarios y hasta papel higiénico. Por eso, hay escasez de algunos productos básicos como la leche en polvo, sardinas, pollo, carne de vaca, margarina, azúcar, aceite de maíz, quesos, arroz, harina de trigo, pastas, harina de maíz, mayonesa, lentejas, arvejas, café y pan. La mayoría de ellos tienen precios regulados.
Están commodities
Hay algo que no se discute y es la razón que está detrás de la “ofensiva económica”: la poca diversidad de la matriz productiva del país. La economía de Venezuela está basada en la producción petrolera, actividad que genera 95% de las exportaciones del país. Y hasta tiene su lógica: cuando Hugo Chávez asumió en 1999, el barril de petróleo estaba a ocho dólares, entre 2005 y 2011 estuvo promedialmente por encima de 70, y desde 2011, de 100.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Venezuela es miembro, publicó cifras de fuentes secundarias como la Agencia Internacional de Energía y el Centro de Estudios Globales de Energía, que señalan que la producción venezolana de petróleo disminuyó en 18.800 barriles diarios y se mantiene estancada en 2,3 millones barriles por día, una cifra similar a la de 2003. Pero en esto tampoco hay acuerdo: el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, ha dicho que la producción se mantiene en tres millones de barriles diarios y que para 2014 habrá incremento de un millón, de la mano de un acuerdo con empresas chinas.
El rentismo petrolero del país con las mayores reservas del mundo determinó el estancamiento de varios sectores de la producción nacional, incluso de aquellos que cuentan con la ventaja de tener como base los productos del petróleo. Si bien la renta petrolera ha sustentado mejoras en la educación, la salud, la vivienda y la caída de la pobreza, su aprovechamiento para instrumentar una industria petroquímica dinámica está por verse. Esa posibilidad quedó relegada por la prioridad que ha tenido la explotación de los pozos. La construcción, el sector que más empleo genera y que tuvo un importante impulso durante la primera década del gobierno de Chávez gracias a la fuerte inversión pública en infraestructura y vivienda, ha disminuido la inversión desde 2008. El crecimiento del Producto Interno Bruto del sector pasó de 8% a -2,3% el año pasado, según el BCV. Además de la falta de inversión, el sector se ve afectado por el reciente desabastecimiento de insumos para la construcción.
Las industrias no petroleras, muchas de las cuales pasaron a manos del Estado después de ser nacionalizadas, tampoco despegan. Según las propias autoridades han reconocido, muchas de ellas están parcialmente estancadas por problemas de gestión. Según cifras del BCV, en 2013 el 30% de los bienes y servicios de la oferta final fue importado, lo que contribuye a que la actividad manufacturera se vea parcialmente estancada.
La lucha del gobierno venezolano contra el hambre ha sido reconocida por diferentes organizaciones internacionales. Sin embargo, la producción agropecuaria también está en una difícil situación, lo que se manifiesta especialmente en los niveles de escasez, que según el BCV llegaron a 30% en marzo. Según el Ministerio de Alimentación, en 2013 las empresas del Estado produjeron unas 550.000 toneladas de alimentos, algo que muchos creen que no es suficiente para satisfacer la demanda.
Al ataque
Las medidas de la “ofensiva” se centran en tres ejes: producción, abastecimiento y precios justos. Recientemente Maduro dijo que Venezuela “debe producir más y mejor para destrabar todos los mecanismos inducidos o creados que impidan la producción en el país”.
Las autoridades priorizaron el apoyo a 11 sectores de la economía -petróleo, petroquímica, construcción, industrial, automotor, agropecuaria, agroindustria, turismo, industria textil y calzado, minería, comunicaciones y tecnología- para los que se puso a disposición de las empresas privadas mecanismos de financiamiento con recursos provenientes de los fondos Chino-Venezolano, para el Desarrollo Nacional y el Bicentenario Alba-Mercosur. El otro mecanismo de la “ofensiva” es más conocido y polémico, ya que implicó un plan masivo de fiscalizaciones de comercios, y expropiaciones de algunas tiendas de electrodomésticos acusadas de especular con los precios.