El fallo de 333 páginas emitido el viernes por el juez de la causa conocida como ex Ciccone (ver el documento completo en http://ladiaria.com.uy/UFC ) establece que son seis los procesados, todos sin prisión. A Boudou lo juzgaron como “autor de los delitos de cohecho pasivo” y “negociaciones incompatibles” con sus funciones, en referencia a que en 2010 se desempeñaba como ministro de Economía. Su amigo Núñez Carmona también está procesado, como “partícipe necesario” de los delitos de los que se acusa a Boudou, al igual que Alejandro Vandenbroele, el presidente de The Old Fund, empresa propietaria de la ex Ciccone, ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana. Nicolás Tadeo Ciccone, el ex dueño de la empresa, es considerado “autor del delito de cohecho activo”. Rafael Resnick Brenner, el yerno de Nicolás Tadeo Ciccone, fue procesado como “partícipe necesario del delito de cohecho activo”. Por último, Guillermo Reinwick, ex jefe de los asesores de la Administración Federal de Ingresos Públicos, también fue procesado como “partícipe necesario del delito de cohecho activo”. Además, Lijo ordenó embargar los bienes o los haberes de cada uno de los procesados “hasta cubrir la suma de 200.000 pesos” argentinos, unos 18.400 dólares.
Esta decisión fue comunicada luego de que Boudou solicitara ampliar sus declaraciones ante el juez, tras su última comparecencia, el 9 de junio. El vicepresidente había adelantado que haría esa solicitud porque en su primera audiencia, que duró seis horas, se refirió sólo a los hechos y no a la dimensión “política” del caso, en referencia a una persecusión del magistrado en su contra, en complicidad con los medios y poderes opositores.
Según el diario La Nación, Lijo pensaba emitir su fallo a fines de esta semana, pero cuando la defensa de Boudou pidió una nueva audiencia para “relatar algunas cuestiones que resultarán de interés para la investigación”, en el tribunal se aceleró el fallo por temor a que el vicepresidente buscara dilatar los tiempos o solicitara la recusación del juez, algo que ya intentó. Boudou y los demás procesados ya anunciaron que apelarán el fallo.
El funcionario de gobierno asegura que el dinero de la compra de la ex Ciccone lo puso el ex banquero y empresario Raúl Moneta, y reclama que Lijo investigue “la ruta del dinero”, algo que también solicitó una cámara federal de apelación, a principios de mes. Sin embargo, el fallo del viernes aclara sobre este punto que “dicha investigación fue realizada por la Fiscalía; que aún está pendiente el resultado de varias medidas, y, más relevante aun, que la determinación del origen de esos fondos en nada influye en la acreditación del hecho imputado”.
Según el fallo, el vicepresidente y Núñez Carmona “habrían adquirido la empresa [...] a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial”, mercados en los que estaba en posición casi monopólica. Todo esto llevó a que Boudou sea el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina procesado por corrupción.
Las reacciones opositoras no se hicieron esperar. El diputado socialista y ex gobernador de Santa Fe Hermes Binner opinó que Boudou “debe renunciar”. Mencionó como ejemplo el alejamiento del cargo por el que optó el ex ministro de Economía y Finanzas uruguayo Fernando Lorenzo cuando fue procesado sin prisión por la Justicia.
Por su parte, el principal candidato opositor a la presidencia en las elecciones de 2015, el ex kirchnerista Sergio Massa, consideró que pedir la renuncia de Amado Boudou “es un error” y planteó, como alternativa, impulsar “el juicio político y la remoción”. Para el diputado y ex vicepresidente Julio Cobos, de la opositora Unión Cívica Radical, “los fundamentos de la resolución del juez Lijo son causa suficiente para el inicio del juicio político del vicepresidente”, aunque reconoció que la oposición no cuenta con las mayorías parlamentarias suficientes para impulsarlo. Por eso, el dirigente radical Ernesto Sanz dijo que “se impone la licencia inmediata de Amado Boudou”. Otros opositores, como la diputada socialdemócrata Margarita Stolbizer, plantearon que debe ser separado del cargo porque al estar procesado por un caso de corrupción “afecta la imagen del país”. Boudou también es investigado por presuntas irregularidades en la documentación de un auto, causa por la que deberá declarar el 16 de julio, justamente cuando estará ejerciendo como presidente, ya que Cristina Fernández estará en Brasil.