Ayer al mediodía una delegación del gobierno argentino se reunía en Manhattan con el mediador judicial Dan Pollack en la última instancia negociadora con los fondos de inversión especulativos antes de que se cumpliera la fecha que obliga Argentina a pagarles unos 1.500 millones de dólares. El gobierno de Cristina Fernández ha advertido que eso podría llevarlo al default, ya que abriría la puerta a centenares de demandas de los acreedores que sí aceptaron el canje de deuda y que ahora podrían reclamar un cambio de condiciones. La presidenta argentina insistió en que el fallo que dictó el juez neoyorquino Thomas Griesa no se ajusta a derecho y fue hecho a medida de las pretensiones de esos fondos.
Uno de los posibles escenarios es que los bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda en el pasado -92,4% del total- presenten demandas millonarias. El gobierno argentino sostiene que la mayor traba para no pagar lo que piden los fondos especulativos es la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO, por sus siglas en inglés), que se activaría en caso de que Argentina pagara voluntariamente un monto mayor al que le corresponde a los bonistas que aceptaron la propuesta del país en 2005 y 2010. La cláusula prohíbe pagarles más a los fondos buitres. Por lo tanto, si se negocia con éstos antes del 31 de diciembre, fecha en que vence esa cláusula, y se les ofrece un monto mayor que a los bonistas reestructurados, estos últimos podrían demandar en la Justicia y exigir un pago igualitario.
Tras una historia de incumplimientos, la cláusula RUFO fue incluida en las ofertas del canje en 2005 y 2010 para incentivar a los acreedores y garantizar un elevado nivel de adhesión. Hoy es vista por el gobierno como una amenaza porque abre la puerta a reclamos por hasta 500.000 millones de dólares, más de 16 veces las reservas internacionales del Banco Central.
Por otro lado, un incumplimiento de la sentencia de Griesa podría elevar la incertidumbre respecto de la economía argentina, lo que afectaría a la economía real mediante un deterioro en el grado de confianza de los consumidores e inversores privados. La incertidumbre, además, puede generar mayor presión sobre el mercado cambiario informal, y el sistema financiero local doméstico podría enfrentar retiros de depósitos.
También acentuaría la dificultad de acceder al mercado internacional de capitales, lo que afectaría en particular a las provincias que no podrían financiar su déficit presupuestario con préstamos, y esto obligaría al gobierno a recurrir a mayor emisión de dinero. Un cierre del mercado de préstamos se podría sumar a una reducción de la inversión extranjera directa a niveles mínimos, que podría llevar a paralizaciones o demoras en proyectos que están en desarrollo y que son vitales, como los de infraestructura.
El lunes el influyente The Wall Street Journal le dedicó un duro editorial al gobierno argentino. “Argentina baila con el default”, tituló el tradicional diario de las finanzas y los mercados, y destacó además que el país “perdería la oportunidad de aprovechar los acuerdos alcanzados con Repsol y el Club de París y dejar atrás todas las disputas que tiene con sus deudores”. Para el diario, Argentina quedará excluida de los mercados internacionales, lo que afectará los créditos a las empresas y puede complicar la transición del gobierno tras las elecciones” de 2015.
“Los argumentos de Argentina para no negociar son débiles. Afirma que no puede pagar los 15.000 millones de dólares en potenciales nuevos pagos de deuda, pero en reu- niones privadas con el mediador nombrado por el juez Griesa [en referencia a Pollack] a veces admitió que la cifra real es más cercana a los 10.000 millones de dólares”, agrega el editorial. En esa línea, el periódico asegura que no es válida la explicación de que pagar a los fondos especuladores 100% de lo que reclaman obligaría al gobierno argentino a hacer lo mismo con los demás bonistas. “La cláusula RUFO tiene varias válvulas de escape legal si Argentina realmente las busca, comenzando con el hecho de que prohíbe concretar acuerdos de deuda secundarios de forma voluntaria. Argentina recibió la orden de la corte de realizar pagos a los acreedores, que no quiere hacer”, continuó, y concluyó que “cualquiera que sea el costo de pagarles a los holdouts [los fondos buitres], sería menor frente al daño que causaría otro default”.
Están afuera
Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, señaló que la posibilidad de que Argentina caiga en suspensión de pagos no tendría “sustanciales consecuencias externas dado que el país lleva fuera de los mercados financieros largo tiempo”. Para Lagarde, quien dijo que “la suspensión de pagos siempre es lamentable”, el no cumplimiento de la sentencia judicial no tendrá “consecuencias externas de manera general”. La directora del FMI prefirió resaltar que “existen negociaciones en marcha”, y dijo que la institución que preside “obviamente” está siguiendo la situación, pero negó que se le haya solicitado una intervención en ellas. No obstante, reconoció que el impago de Argentina “tendría consecuencias sobre los futuros procesos de reestructuración de deuda a nivel internacional”, cuyos “principios” habría que “revisar”.
Los países que integran el Mercosur mostraron ayer su solidaridad con Argentina. “Ratificamos toda nuestra solidaridad militante con la República Argentina, con la lucha que está dando la presidenta contra el intento, a través de los llamados fondos buitres, de causarle un daño por la vía de la especulación financiera”, dijo el venezolano Nicolás Maduro, antes de pasar la presidencia pro témpore del bloque a Fernández. Argentina también recibió el espaldarazo de Brasil. La presidenta Dilma Rousseff consideró que el bloque regional no puede permitir “que desde afuera pongan en riesgo el sistema financiero”, y dijo que “Brasil respalda integralmente a Argentina”.