En Brasil hay 70 policías federales y estaduales y también más de 1.000 policías municipales que fueron creadas recientemente. Mientras que las policías civil y federal responden al gobierno nacional y tienen una labor más judicial e investigativa, la militar -la que está más presente en las calles- y la rodoviaria dependen de los gobiernos estaduales, que cuentan con autonomía. Según explicó el especialista en seguridad pública Arthur Trinidade, es por ello que es difícil hablar en general sobre la Policía en Brasil.
Pese a que existen deficiencias en las estadísticas sobre los temas de seguridad pública y el accionar de la Policía, Trinidade señaló que en muchos estados del país el índice de confianza de la población en la Policía no supera 25% y en los estados con mejores números apenas llega a 50%, poco, en comparación con los índices de confianza del continente.
Otro indicador que destacó es la cantidad de muertes de civiles en incidentes de distinto tipo con la Policía. Mientras en todo Reino Unido ese número llegó a siete en 2013 y a 16 en la ciudad de Nueva York, la cifra de muertos fue de 800 en Río de Janeiro. Más allá de las particularidades que tiene la ciudad por la alta presencia del crimen organizado, el académico entiende que más que un problema aislado se trata de un tema “político-institucional” y hasta cultural, y constituye el mayor desafío en seguridad para el país.
Por su parte, el secretario de Seguridad de Brasilia, Paulo Batista, asegura que muchas veces las propias organizaciones de derechos humanos ven a los policías como “extraterrestres” y no entienden que vienen de la misma sociedad que ellos.
Para Trinidade uno de los puntos más “políticamente sensibles” en el país es la relación de la Policía con la sociedad. “Tras 30 años desde que se terminaron los gobiernos militares aún son frecuentes las denuncias de abuso, violencia y de ilegalidades cometidas por policías”, dijo. Desde el gobierno se sostiene que hay garantías para la investigación por parte de las dependencias de asuntos internos de la Policía, pero el académico sostiene que los mecanismos de denuncia no funcionan bien.
Como ejemplo citó el caso de Amarildo de Souza, un trabajador que vivía con su familia en la Rocinha, una favela de Río de Janeiro, que fue visto por última vez hace un año entrando acompañado de policías a una unidad pacificadora. Su desaparición fue seguida de protestas y la Fiscalía acusó a varios policías de secuestro, tortura y asesinato. “La Policía no reconocía que eso había ocurrido cuando había grabaciones y fotos, y recién después de casi siete meses de mucha presión de los medios y movimientos sociales la Policía reconoció que se había hecho algo equivocado”, dijo Trinidade.