El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció la decisión de divulgar los documentos, y el jefe de los negociadores enviados a La Habana por el gobierno, Humberto de la Calle, explicó que esto se hizo para terminar con “toda clase de versiones y rumores que pretendían desinformar y crear desconfianza” acerca del proceso. La noticia fue celebrada por representantes de todo el espectro político colombiano.
A lo largo de los tres documentos -uno por cada punto acordado- se hace hincapié en la necesidad de conversar y negociar las distintas iniciativas con las comunidades afectadas y con movimientos sociales; se subraya la necesidad de promover la convivencia pacífica y el respeto a las diferencias; y se deja claro que algunos puntos, en principio menores, serán aclarados cuando se trabaje sobre el fin del conflicto y la implementación del acuerdo.
Acerca de la cuestión agraria, el primer punto negociado, el gobierno y las FARC acordaron la creación de un Fondo de Tierras que dispondrá de una cantidad de hectáreas todavía no determinada para distribuir de forma gratuita. El fondo se nutrirá con tierras del gobierno, donaciones, tierras destinadas a la preservación del medioambiente y otras que hayan sido expropiadas por los argumentos jurídicos ya previstos por la ley colombiana. Además, se brindarán subsidios y créditos especiales para la compra de tierras por parte de campesinos con pocos recursos.
Los beneficiarios de ambas políticas serán trabajadores, asociaciones y comunidades “con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente”, que serán seleccionados “con la participación de las comunidades locales como garantía de transparencia y eficacia”. Se dará prioridad a los casos en los que la mujer es jefa de familia y en los que se trate de personas desplazadas por el conflicto. Además, el gobierno formalizará progresivamente los predios “que ocupan o poseen los campesinos en Colombia” de forma ágil y gratuita.
También se propone un proceso de transformación estructural del campo, con medidas concretas, y la creación de mecanismos para que las comunidades participen activamente en las decisiones referentes a sus entornos. Se incluye una Reforma Rural Integral en la que se destaca la ampliación del acceso a los servicios y bienes públicos, con hincapié en electricidad, salud, educación y vivienda.
El gobierno también se compromete a fortalecer el sistema de protección y seguridad social de la población rural mediante varios objetivos, entre ellos, erradicar el trabajo infantil y promover la creación de organizaciones laborales.
Etapa política
Para garantizar la participación política de los guerrilleros desmovilizados, que es el segundo punto acordado, se creará un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, dependiente de la Presidencia, que dispondrá medidas de prevención, protección y seguimiento en este sentido. Además, se revisarán las penas previstas para los delitos cometidos contra los políticos y se fortalecerán los mecanismos de investigación y judicialización.
El acuerdo sobre este punto también incluye algunos cambios en materia electoral. Se retirará la norma que establece que pierden su personería jurídica los partidos que no alcancen determinado umbral de votos y se dispondrán varias medidas para impulsar la participación política de la ciudadanía y para mejorar la transparencia de los procesos electorales. Además, se crearán circunscripciones transitorias en las “zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”, para favorecer su representación política.
En cuanto al tercer punto acordado y el cuarto de la agenda, el de las drogas ilícitas, se impulsarán programas para sustituir los cultivos ilegales de la forma acordada con las comunidades mediante el Programa Nacional Integral de Sustitución, que a su vez será parte de la Reforma Rural Integral. Este programa incluye la erradicación de las plantaciones ilegales y el ofrecimiento a los productores de cultivos alternativos. Se buscará que estos cambios sean voluntarios, pero si no lo son el gobierno erradicará las plantaciones ilegales. Los productores de estos cultivos recibirán un tratamiento penal diferente, en especial quienes los abandonen de manera voluntaria.