Ayer, 88.420 grandes electores franceses, en su mayoría ediles, alcaldes y altos cargos regionales o nacionales, eligieron a 179 senadores que renovarán la mitad de la cámara alta. El resultado confirmó la tendencia adversa para el gobierno francés, liderado por el Partido Socialista (PS) con apoyo del Partido Radical de Izquierda [PRI] y los ambientalistas.
Ya en marzo, en la primera votación que siguió a la elección del presidente François Hollande, la oposición de derecha, liderada por la Unión por un Movimiento Popular (UMP), había logrado una amplia victoria. En mayo, las legislativas europeas no sólo le dieron una victoria a la derecha, sino que el partido más votado, con 25% de apoyo, fue el ultraderechista Frente Nacional (FN).
De acuerdo con resultados provisorios, no sólo la derecha obtuvo ayer una amplia mayoría en el Senado, sino que el FN logró acceder por primera vez a esa cámara desde su fundación en 1972. Quienes asumirán el 1º de octubre las dos bancas que ganó ese partido son Stephane Ravier (45 años) y David Rachline (26 años). Ambos habían sido electos alcaldes en marzo, el primero del mayor sector de Marsella y el otro de la ciudad de Fréjus. Rachline, que será el senador más joven, es hijo de un militante socialista y nieto de judíos originarios de Ucrania, aunque él aclara que no es judío porque no lo es su madre. El dato se conoce en buena medida porque el dirigente llegó a estar vinculado con un grupo antisemita, cercano al FN, llamado Igualdad y Reconciliación. Por su parte, Ravier dio que hablar en noviembre de 2013, cuando se lo consultó sobre la posibilidad de legalizar la marihuana en el canal privado Canal+, y respondió: “¡También se podría legalizar la violación! Porque la violación, a fin de cuentas, es una relación amorosa, consentida por una de las dos partes. La segunda podría hacer un esfuerzo [...] También se podría legalizar el robo de autos”. Ante la indignación que generó esa declaración, el entonces candidato a alcalde dijo que su respuesta había sido “una demostración por el absurdo”. La presencia de dos senadores del FN no va a cambiar el rumbo de una cámara que sólo tiene capacidad de proponer proyectos de ley pero afecta las mayorías en la Asamblea General. La última palabra a la hora de aprobar las leyes -salvo en casos particulares- la tiene la cámara baja, cuyos integrantes se eligen por voto directo. Sin embargo, la presidenta del FN, Marine Le Pen, anunció que la presencia de Ravier y Rachline permitirá darles más visibilidad a los debates sobre “el control de las fronteras y la inmigración, la inseguridad o la Unión Europea”. Ahora los senadores de izquierda (PS, PRI, verdes, Partido Comunista y otros grupos menos conocidos) acumularán 154 escaños, mientras que la derecha (UMP, FN y Unión Democrática del Centro) tienen en total 190 representantes, en una cámara en la que la mayoría se sitúa en 175. Así, la derecha recupera la mayoría que tuvo en esa cámara durante 50 años, hasta 2011, y por la que el Senado francés tiene reputación de ser conservador. De acuerdo con los recuentos del diario francés Le Monde, la UMP mantuvo 23 bancas de las 34 que tenía en juego, y suma por sí sola 145 escaños. El PS ganó ocho bancas, de las 32 que tenía, y contará con 112 senadores. Durante los últimos tres años, los distintos grupos de izquierda se mostraron divididos en el Senado. El presidente saliente de la cámara, el socialista Jean-Pierre Bel, había asumido el cargo con promesas de “desempolvar” al Senado, pero fue acusado hasta por sus compañeros de falta de liderazgo. Sin embargo, esta cámara se destacó por haber impulsado varios proyectos de ley progresistas y por los avances en la transparencia de su gestión financiera. Con esta caída de la izquierda, a partir de octubre el debilitado gobierno de Hollande tendrá menos margen en el Parlamento, en particular a la hora de cumplir con reformas institucionales que requieren una mayoría de tres quintos de la Asamblea General. De este modo, iniciativas como la de reforzar la independencia de la Justicia, modificar el estatuto legal del jefe del Estado, reducir la cantidad de cargos electivos, modificar los métodos de elección legislativos o autorizar el voto de los extranjeros no originarios de la Unión Europea en elecciones municipales podrían sumarse a las promesas que quedarán en el tintero.