Las uniones de movimientos indígenas se sumaron a partidos ya conformados, en particular al Partido de los Trabajadores (PT), que cuenta con 16 candidatos indígenas; el Partido Socialismo y Libertad, que tiene 12, y el Partido Comunista de Brasil, con 11 candidaturas. Algunos movimientos también se sumaron al Partido Verde (PV), que acompaña muchos de los reclamos de estas comunidades.
Desparejos todos
En estas elecciones, por primera vez, los candidatos a los distintos cargos en las elecciones brasileñas tuvieron que declarar cuál es su género, su edad y su raza, lo que permitió extraer ciertos datos generales. El Instituto de Estudios Socioeconómicos reveló que los más subrepresentados son las mujeres y los jóvenes. 51,5% de la población es femenina pero las candidatas son sólo 30,9%, mientras las personas de menos de 29 años representan 50% de la población y 6,8% de los candidatos. En el caso de las mujeres, el instituto concluye que su participación se limita a la exigida por ley: 30% de las candidaturas por cada partido. Existe una gran diferencia entre la participación femenina en las elecciones parlamentarias nacionales y regionales y en las presidenciales: de los siete partidos con representación parlamentaria que presentaron candidatos a la presidencia, tres postularon mujeres.
En cuanto a la población negra, representa 53% de los brasileños y 44% de las candidaturas. La que prima, concluye el informe, sigue siendo la candidatura del hombre blanco: 38,6% de los candidatos, frente a 30% de hombres negros, 16,5% de mujeres blancas y 14,2% de mujeres negras.
El PV impulsa desde hace años una serie de medidas dirigidas a captar a esos movimientos, como la formación de secretarías de Asuntos Indígenas en todos los estados en los que tiene presencia, que a su vez sirvieron para comunicar a estas comunidades antes de las distintas movilizaciones.
Los 85 candidatos indígenas se distribuyen de la siguiente manera: 54 al cargo de diputado estadual, 25 a diputado nacional y tres al Senado. Los indígenas representan 0,32% de los candidatos para estas elecciones. En el total de la población brasileña, 0,44% de los habitantes son integrantes de esas comunidades. Pero este porcentaje no toma en cuenta a aquellos indígenas que están indocumentados.
Cambio de realidad
En el Congreso no hay ningún representante indígena, informaron los medios brasileños. Los datos existentes no son precisos porque recién se empezó a pedir a los candidatos que declararan su raza y su género. Sin embargo, se estima que hay, como mucho, una decena de indígenas ocupando cargos electivos en los legislativos estaduales.
Algunos líderes indígenas y varios académicos señalaron que la movilización de este sector de la sociedad ha aumentado en los últimos 20 años, en gran medida favorecida por la explosión de movimientos indígenas que hace dos décadas no existían.
Esto también ha llevado a que se generen algunas situaciones polémicas. Es el caso de Silvana Terena, candidata a diputada nacional por Mato Grosso del Sur. La formación que la presenta a las elecciones, el Partido Popular Socialista, respalda a su vez la candidatura de Reinaldo Azambuja para el gobierno estadual. Este dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) es un reconocido ruralista y muchas de sus propuestas son contrarias a los intereses indígenas, en una región donde el conflicto entre los dos sectores dejó 37 muertos en 2012 (el último dato disponible).
Consultada acerca de esta contradicción, Terena indicó a un medio local que la alianza con “el mayor enemigo” abre la puerta a mantener diálogos en busca de acuerdo. “La política es así, precisamos negociar”, aseguró. En Mato Grosso del Sur 50% de los 411 candidatos son blancos y los indígenas representan 0,73% del total.
Cambio de frente
El problema se traslada al plano nacional, no sólo en cantidad de gente para los frentes ruralista e indigenista, sino también en cuanto al poder que tienen ambos sectores para que sus intereses sean incorporados a las agendas del gobierno y del Congreso.
Frente Parlamentario de la Agropecuaria es el nombre formal de la coalición ruralista liderada por Kátia Abreu, presidenta de la Confederación Nacional de Agropecuaria (similar a la Asociación Rural del Uruguay). Sus militantes se reúnen semanalmente para establecer prioridades y la suya es considerada la banca más poderosa por el Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria, que vela por los intereses de los trabajadores.
El frente es integrado por 23% de los diputados y 16% de los senadores, pero estos porcentajes por lo menos se duplican cuando se habla de la “bancada ruralista”, término que incluye al frente oficial pero también a todos los legisladores que votan a favor de los intereses del agronegocio. Cuando las iniciativas afectan a este sector, las divisiones partidarias desaparecen y las bancadas oficialistas y opositoras se dividen en pos de favorecerlo. De esta forma, la bancada ruralista, por ejemplo, ha logrado hacer caer proyectos que tenían el respaldo, parcial, de los partidos que respaldan al gobierno de Dilma Rousseff, que son amplia mayoría en ambas cámaras.
En esta campaña electoral, uno de los principales temas ha sido la financiación de los partidos, que combina recursos públicos y privados. El agronegocio se ha convertido, según los medios brasileños (los datos de financiamiento no son públicos), en el mayor donante de los partidos que tienen más posibilidades de ganar las elecciones, el PT, el Partido Socialista Brasileño y el PSDB.
Esta situación lleva a que se generen cuestionamientos por la relación entre ciertas propuestas de los candidatos de estos partidos y los intereses del agronegocio. Las críticas están apuntando ahora a Marina Silva, después de que la bancada ruralista celebrara que la candidata ecologista incluyera en su programa su voluntad de revisar la ley que establece qué es el trabajo esclavo, que fue aprobada gracias a largas gestiones del PT hace sólo unos meses.