“Aécio es amigo de Fernando Henrique [Cardoso], que es favorable a la legalización de la marihuana”. Éste era el comentario de uno de los usuarios en una de las páginas de apoyo al candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves. Si bien Neves es el delfín político de Cardoso, se opone totalmente a la regularización de la marihuana, cuya posesión y consumo es legal en Brasil, no así la venta.
“Brasil no ganaría nada con la descriminalización” de la venta de marihuana, aseguró Neves en distintas entrevistas. Ninguno de los tres candidatos que lideran las encuestas respalda la regularización del mercado de la marihuana. De los siete partidos que compiten por la presidencia, sólo tres -que cuentan con menos de 1% de intención de voto- lo incluyen en su programa de gobierno: Eduardo Jorge, del Partido Verde -formación que desde hace décadas defiende un cambio de política en este sentido-, Luciana Genro, del Partido Socialismo y Libertad (Psol), y Mauro Iasi, del Partido Comunista.
Ellos se han encargado de poner el tema en el tapete, pero también lo hicieron organizaciones sociales que respaldan mayor libertad individual, así como un grupo de especialistas en temas de violencia y su relación con las drogas que se reunió a fines de agosto en Río de Janeiro. Ese encuentro tuvo lugar en el marco de la Rede Pense Livre, dedicada a reunir a especialistas y personalidades favorables a la regularización del consumo de drogas. De la reunión en Río salió un documento con propuestas para un cambio en la política de drogas que fue enviado a todos los candidatos.
Básicamente su propuesta es que el consumo de drogas deje de ser considerado un tema de seguridad, para pasar a la órbita de la salud pública. Hacen especial hincapié en que se permita el uso de marihuana con fines medicinales, recordando un caso reciente, el de Anny Fischer, una niña brasileña que sufre de una enfermedad que se manifiesta por crisis epilépticas, cuyos ataques se redujeron después de que se la empezara a tratar con marihuana gracias a que sus padres lograron una excepción en la Justicia.
Reforma ya
Otro de los grupos que están particularmente activos en el contexto electoral es el de unas 450 organizaciones que impulsan el Plebiscito Popular por una Constituyente Exclusiva y Soberana del Sistema Político. La iniciativa se lanzó en agosto y se votó durante la primera semana de setiembre con urnas en estaciones de metro, instituciones, calles y espacios públicos. “¿Está usted a favor de una Constituyente Exclusiva y Soberana para la Reforma del Sistema Político?”, era la pregunta que debían responder los ciudadanos, personalmente o mediante voto electrónico. Entre quienes votaron se encuentran el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la presidenta Dilma Rousseff y los candidatos Jorge y Genro. También participaron la cantante Daniela Mercury, la diputada Luiza Erundina, del Partido Socialista Brasileño (PSB), y el líder del Movimiento de los Sin Tierra, João Pedro Stédile.
La reforma política fue uno de los principales reclamos de quienes participaron en las protestas de mediados de 2013. En ese entonces, Rousseff se comprometió a promover la reforma política, pero el Congreso no la acompañó y la propuesta quedó por el camino. Ahora Rousseff la incluye en su programa para un eventual nuevo gobierno.
El objetivo de la campaña es justamente obligar al Congreso a tener en cuenta estos reclamos ciudadanos en la próxima legislatura. Los organizadores de la votación están contando las adhesiones y anunciaron que, si se llega a diez millones de votos positivos, presentarán formalmente la iniciativa en el Congreso.
La propuesta es respaldada por movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos de izquierda, y hasta la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. Se basa en tres ejes: terminar con la influencia del poder económico en el proceso electoral, poniendo fin al financiamiento privado de las campañas; aumentar los instrumentos, mecanismos y espacios de control social y participación directa de la población; y garantizar los mecanismos de participación para las poblaciones que ellos identifican como más excluidas: mujeres, negros, indígenas, jóvenes y sectores pobres.
Pero el tema que se robó los focos en los últimos días fue el de los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) a raíz de que la candidata del PSB, la evangélica Marina Silva, incluyera y después retirara de su programa su compromiso para atender varios de sus reclamos, entre ellos el casamiento homosexual y la criminalización de la homofobia.
Un repaso
En el marco de la campaña, varios movimientos brasileños de defensa de los derechos de la comunidad LGBT han hecho publicaciones con sus reivindicaciones, que fueron dirigidas a los candidatos a la presidencia. Entre ellas se destacan dos reclamos que tienen larga data, uno de los cuales es el casamiento homosexual.
Desde 1995 se han presentado en el Congreso proyectos para permitir tanto la unión civil como el casamiento entre personas del mismo sexo, pero nunca se aprobaron. Fue el activismo de parejas homosexuales lo que permitió que se avanzara en este sentido en la medida en que sus causas judiciales llegaban al Supremo Tribunal Federal. En 2000 se reconoció que las parejas homosexuales que convivieran tenían derechos de seguridad social, patrimonio y herencia igual que las heterosexuales; en 2011 se reconoció la unión civil de parejas homosexuales (lo que les permitió recurrir a las oficinas administrativas a registrarse); y en 2013 el Consejo Nacional de Justicia obligó al Estado a casar a las personas del mismo sexo y a aceptar el cambio de categoría de unión civil a casamiento, en el caso de que la pareja lo pida (como sucede con las heterosexuales).
Ninguno de estos cambios se vio registrado en la legislación brasileña, y los movimientos LGBT reclaman que se realicen los cambios necesarios para que estos derechos queden garantizados y no dependan exclusivamente de la interpretación que haga al respecto el sistema judicial, que puede cambiar.
El otro gran reclamo es la criminalización de la homofobia. Las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBT sostienen que en Brasil se comete 44% de los asesinatos “homotransfóbicos” de todo el mundo. En 2001 entró el primer proyecto al Congreso, conocido como Proyecto de Ley de Cámara 122 (PLC-122), que incluye en la ley contra la discriminación de 1989 los actos de este tipo motivados por la orientación sexual o la identidad de género.
En 2013 el proyecto se trancó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado que, entre otras cosas, pidió que asistieran a dar su opinión movimientos LGBT y pastores evangelistas, incluido el más influyente de ellos: Silas Malafaia, el mismo que desde su cuenta de Twitter advirtió a Silva la semana pasada que si mantenía las reivindicaciones de la comunidad LGBT en su programa de gobierno, él apoyaría a Rousseff en una eventual segunda vuelta.
A fines de 2013, el gobierno trasladó a sus legisladores de la Comisión de Derechos Humanos su voluntad de que el debate se postergara, dada la cercanía de las elecciones. El PLC-122 se sumó al proyecto de ley para reformar el Código Penal, que está lejos de ser aprobado. La decisión fue aplaudida por los opositores de la PLC-122 y duramente criticada por quienes la apoyaban, incluidos algunos legisladores oficialistas.
Estrella fugaz
Por todas estas razones es que sorprendió que la evangélica Silva incluyera las reivindicaciones de la comunidad LGBT en su programa de gobierno. La previsión era que no tendrían lugar, pese a que el PSB cuenta con un movimiento LGBT interno que incluso tiene un secretario ejecutivo que es parte de la dirección nacional, Luciano Freitas. Él fue la primera figura, y de las más visibles, que retiró su apoyo a Silva cuando la candidata excluyó esas reivindicaciones. Integrantes de Rede Sustentabilidade, el grupo de Silva, también manifestaron descontento con el cambio, pero no amenazaron con abandonar la campaña. Uno de estos casos fue el de Márcio Sales Saraiva, miembro de la dirección de la Rede, a quien se le atribuye una carta que manifiesta que las reivindicaciones LGBT sí estaban en el programa de Silva que su grupo redactó con el PSB, y concluye que no tiene “explicaciones sensatas” acerca de la decisión de retirarlos. Esta versión fue negada por el comité LGBT de la campaña de Silva.
No es nueva la historia de Silva y la comunidad LGBT. Jean Wyllys, uno de los referentes de esta última, diputado del Psol, respaldaba la candidatura de la dirigente hasta que en la presentación de Rede Sustentabilidade de fines de 2013, la entonces precandidata dijo que ella quería que se hiciera un plebiscito acerca del matrimonio homosexual. “Le pregunté si ella haría un plebiscito sobre la exención fiscal de las iglesias. Me dijo que no y ahí terminó mi diálogo con su movimiento”, sostuvo Wyllys por Twitter. “Jugaste con la esperanza de millones de personas y no merecés la confianza del pueblo brasileño”. Con esas palabras se despachó Wyllys en Facebook después del “error” programático de Silva. ¿La reacción de Malafaia?: “El activismo gay está furioso con Marina. Empiezo a estar satisfecho. No estamos aquí para tragarnos la agenda gay”.
Los grandes movimientos brasileños, como la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis y Transexuales y LGBT Brasil (un grupo virtual que nació en la mayor red social de Brasil, Orkut), repudiaron lo sucedido con Silva. Si bien no se dio a conocer ninguna actividad coordinada, durante la semana pasada grupos de activistas aparecieron en actividades de Silva, la abuchearon y le gritaron “homofóbica”, entre otras cosas.
Después de que Silva retiró esas promesas de su programa -argumentando que su inclusión había sido un error y sin atribuirlo a los tuits de Malafaia- Rousseff se embanderó con esas reivindicaciones. Pero activistas de los principales movimientos LGBT de Brasil, legisladores del Frente Parlamentario de Defensa de los Derechos Humanos -incluso oficialistas- y medios de comunicación afines a la comunidad LGBT se encargaron de recordarle que durante su gobierno tuvo la oportunidad de avanzar, al menos en el casamiento homosexual y la lucha contra la homofobia, y no lo hizo.