Más de 80 fiscales y funcionarios judiciales argentinos emitieron el sábado un comunicado -que se publicó ayer como solicitada en varios medios- en respaldo a las designaciones que hizo a fin de año la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y contestando las críticas y denuncias que generaron. El texto argumenta que las críticas de quienes afirman que los 16 fiscales designados por Gils Carbó son oficialistas “revelan la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población”.
Los fiscales designados deben asumir una vez que entre en vigor la reforma del Código Procesal Penal, cuando termine de ser reglamentada y cuente con financiamiento.
Ante una denuncia del diputado Mauricio D’Alessandro, integrante del Frente Renovador, de Sergio Massa, la Justicia -en medio de la feria judicial- estableció una medida “precautelar”, a la espera de que la Procuraduría explique por qué designó a los fiscales cuando aún no están dadas las condiciones para que pudieran asumir.
“Todos los pasos importantes que da la procuradora son cuestionados por representantes de facciones políticas y económicas poderosas. También existe un sector conservador en el Poder Judicial que se resiste a los cambios”, dijo el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, en una entrevista que publica hoy el diario Tiempo Argentino.
La solicitada publicada ayer denuncia que existen “intereses particulares” de integrantes del sistema judicial, que “se suman a la campaña de criminalización de la gestión del Ministerio Público mediante el impulso de denuncias penales”, y que estas acciones “constituyen una resistencia de ciertos sectores de la administración de justicia a la adopción de un sistema acusatorio en el cual la transparencia, la oralidad, la celeridad, el compromiso, la creatividad, el liderazgo y la responsabilidad social son los valores directrices de una moderna forma de persecución penal”.
Sin embargo, desde la oposición, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal y la Asociación de Magistrados cuestionan a Gils Carbó por designar profesionales que comparten sus principios políticos e ideológicos. Argumentan que lo hace para interferir en las causas en las que están involucrados integrantes del gobierno y asegurar así la impunidad de esos funcionarios.