Los militares del batallón de Iguala estuvieron al tanto de lo que ocurría en la noche del ahora famoso 26 de setiembre del año pasado, cuando un grupo de estudiantes de magisterio de la localidad de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, fueron a la ciudad de Iguala y resultaron baleados y detenidos por policías municipales y presuntamente asesinados y desaparecidos por integrantes de la organización de crimen organizado Guerreros Unidos. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, dieron la orden de detener a los estudiantes y por eso se los considera autores intelectuales de los hechos que dejaron seis muertos, 25 heridos (un joven sigue en coma hasta el día de hoy) y 43 desaparecidos.
Actualmente hay 96 detenidos, además de Abarca y Pineda, según la agencia de noticias Efe. Los testimonios de integrantes de Guerreros Unidos a los que, de acuerdo con la PGR, policías municipales de Iguala y Cocula entregaron a los estudiantes detenidos, aseguran que algunos murieron asfixiados y otros fueron asesinados, antes de que sus restos fueran incinerados en un basurero. Luego de estas declaraciones se encontraron fragmentos humanos en bolsas de basura que habían sido lanzadas a un río y se identificaron los restos de un estudiante, Alexander Mora, que era uno de los 43 desaparecidos.
En base a documentos de la PGR a los que tuvo acceso y también a testimonios de militares y familiares de víctimas, el mismo medio estableció que en la noche del 26 de setiembre el Ejército -más precisamente el batallón de Infantería con base en Iguala- estuvo al tanto de lo que ocurría, pero no intervino por una supuesta “falta de órdenes” civiles. Informaciones similares surgieron respecto de la Policía Federal, pero el gobierno central negó cualquier tipo de participación, tanto de militares como de policías federales.
Los familiares de las víctimas, que no creen en la versión de la PGR y el gobierno, obtuvieron hace poco la posibilidad de ingresar a dependencias militares para buscar a sus seres queridos.
El abogado de los familiares de estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, dijo ayer en una entrevista con el grupo mediático Televisa que “se deben abrir dos nuevas líneas de investigación” para avanzar en la causa: una contra el Ejército y otra contra el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el ex procurador del estado, Iñaki Blanco, que dejaron sus cargos a raíz de los cuestionamientos que se les hacían por su actuación respecto de lo ocurrido en Iguala.
Los familiares continúan reclamando la verdad sobre lo ocurrido con sus hijos. “Yo digo que ellos no están muertos, y si están muertos hacemos responsable al gobierno”, dijo Maximino Hernández, padre de Carlos Lorenzo Hernández, uno de los estudiantes desaparecidos.
El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, pidió ayer a la PGR que “ya no diga más mentiras, porque sólo produce incertidumbre en las familias afectadas”, según citó Milenio.
En la capital, en el estado de Guerrero, en varias ciudades de México y del mundo se celebró ayer la Octava Jornada Global por Ayotzinapa y México, en reclamo por lo ocurrido con los estudiantes. En México, además de familiares y allegados de víctimas, participaron organizaciones vinculadas a la educación, grupos campesinos y otros representantes de la sociedad civil.