La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, celebró ayer la aprobación en el Congreso, el lunes de noche, de la ley que termina con el lucro, el copago (el financiamiento compartido entre el Estado y los padres o tutores) y la selección de estudiantes en los centros educativos que reciben aportes del Estado. “Quisiera hacer un llamado a las familias a que tengan calma, que tengan confianza; no se van a cerrar los colegios, al contrario, todos los cambios se van a implementar gradualmente”, dijo la mandataria a la prensa en referencia a la reforma. Antes, en octubre y en una entrevista con el diario español El País, ya había planteado que existía una “campaña del terror [...] injustificada” vinculada con este tema.
La nueva ley se va a promulgar en mayo -una vez que el Tribunal Constitucional se expida sobre las denuncias que va a presentar la oposición- y entrará en vigor en 2016. Es la primera gran reforma al sistema educativo chileno, luego de que se aprobara una primera norma sobre educación preescolar. La Ley de Inclusión responde a uno de los reclamos centrales de las protestas estudiantiles que se están dando en Chile desde 2011, y es una de las promesas de campaña de Bachelet.
Su objetivo es reducir las desigualdades estructurales en establecimientos de educación primaria, educación media y educación especial. Los tres puntos que atiende son la prohibición del lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el fin de la selección escolar y la derogación del sistema de financiación compartida (entre el Estado y los tutores).
Bachelet dijo que con esa reforma hacen que “los recursos públicos se inviertan en la educación” de los niños y jóvenes, algo que, según ella, es un “inicio para avanzar en calidad” y hacer que “nunca más” existan “discriminados por sus condiciones familiares y sociales” en la educación de los niños de entre seis y 18 años. En ese sentido, la norma prevé poner fin a la selección por rendimiento escolar previo a la hora de admitir a los alumnos en establecimientos que reciben aportes del Estado. Además, de forma gradual a partir de 2016, los centros educativos deberán dejar de seleccionar por criterios socioeconómicos, étnicos, nacionales, culturales, religiosos o de discapacidad, con el fin de que se termine con las “discriminaciones arbitrarias”.
La educación que recibe financiamiento estatal también deberá ser “sin fines de lucro” de acá a finales de 2017, y serán sancionados los gestores que lucren con recursos públicos destinados a la educación.
Además, la Ley de Inclusión establece que para 2018 “93% de los estudiantes de Chile [los que estudian ahora en colegios públicos o privados subvencionados por el Estado] estudiará en colegios gratuitos”, de acuerdo con el Ministerio de Educación. El gobierno destacó el aumento de la inversión estatal que se llevará a cabo a partir del año que viene y subrayó que serán “duplicados los recursos [públicos] con que cuentan hoy más de 50% de los estudiantes”.
En respuesta a algunas de las críticas, desde la cartera se aclaró que, aunque se cancele la posibilidad de que los padres paguen por la educación de sus hijos en un colegio que también recibe fondos estatales, “podrán seguir aportando voluntariamente al desarrollo de actividades extracurriculares”, pero afirman que “lo importante es que este aporte no será requisito para la elección del colegio” y que “la calidad será asegurada por el Estado”, aclara el texto.
“Estamos contentos porque dimos un primer paso, un paso enorme para que Chile al fin tenga un sistema educativo más moderno, de calidad, gratuito y sin discriminación”, enfatizó Bachelet. Recordó que quedan por delante otros proyectos enmarcados en la reforma educacional y que también son emblemáticas.
Carlos Figueroa, asesor del Ministerio de Educación e integrante del partido Revolución Democrática, del diputado y ex líder estudiantil Giorgio Jackson, dijo a la diaria que esos proyectos deben ser “puestos en discusión” en el correr de este año. El primero es un proyecto sobre Carrera Docente que “abordará desde la selección de los profesores a las instituciones de educación superior, sus sueldos y condiciones de desempeño, hasta su egreso de la carrera”, explicó Figueroa. Otro proyecto es el de reforma de la Educación Superior, “que tiene por objetivo avanzar hacia la gratuidad universal y el fin del lucro con recursos públicos, concibiendo la educación como un derecho social”, señaló. Por último, el de Desmunicipalización prevé “un nuevo sistema de administración de los establecimientos que son de propiedad del Estado, hoy administrados por municipios”, terminó, aunque aclaró que aún se desconoce en qué orden ingresarán al Legislativo. Además, está en trámite parlamentario un proyecto que permite que estudiantes y funcionarios participen en los gobiernos universitarios.
Los contras
Dio mucho que hablar la situación de los establecimientos conocidos como “colegios emblemáticos”, a los que suelen concurrir los mejores alumnos. Pero finalmente se terminó aprobando que tampoco puedan aplicar criterios de selección, para 30% de su matrícula en base a los resultados escolares. El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, dijo ayer que más adelante se dará “una discusión que es necesaria para definir el rol que juegan los liceos emblemáticos en la educación pública”.
Desde la coalición opositora de derecha, Alianza, diputados y senadores explicaron ayer su intención de imputar la ley ante el Tribunal Constitucional. “Reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública, con los liceos emblemáticos y con la educación particular subvencionada. Renovación Nacional [el partido del ex presidente Sebastián Piñera] reafirma que seguirá representando a la clase media y vulnerable en sus aspiraciones”, dijo el diputado José Manuel Edwards, al anunciar que imputará el texto según la radio chilena Bío Bío.
Según el Ministerio de Educación está previsto “un sistema de admisión inclusivo”, que implicará que los padres o tutores indiquen cuáles son los establecimientos a los que desean enviar a sus hijos y que si no hay “cupos suficientes” en el establecimiento preferido, se aplicará un sistema de “selección aleatorio que asegure que no habrá selección arbitraria”, aunque “tendrán preferencia los hermanos de alumnos que ya estudian en el establecimiento y los hijos de los trabajadores de los colegios”. Sin embargo, Edwards entiende que la reforma “vulnera la libertad de enseñanza y la posibilidad de los padres de elegir el colegio” de sus hijos. Además, advirtió que esa reforma “le costará la salida del poder a la [coalición de gobierno] Nueva Mayoría, y la Democracia Cristiana [que integra el oficialismo] pagará cara esta traición a la clase media”.
En tanto, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Bellolio, que integra la coalición Alianza, dijo que recurrirán la norma porque “hay algunos aspectos que son manifiestamente inconstitucionales”.