El gobierno francés hizo ayer una serie de anuncios en el marco de las respuestas a los ataques ocurridos en París a principio de mes, que dejaron un saldo de 17 personas muertas. El presidente, François Hollande, dio ayer un discurso sobre educación en la Universidad de la Sorbona, en París, y en ese marco anunció medidas en respuesta a los ataques de islamistas radicales, que pusieron en el tapete un profundo debate sobre el fracaso de la sociedad francesa a la hora de lograr que algunos jóvenes de origen extranjero -y de cultura musulmana en particular- se sientan franceses e integrados.
El presidente se refirió a los alumnos (unos 200, según el Ministerio de Educación) que se negaron a respetar el minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los ataques, y al desafío que enfrentan los profesores, porque una importante proporción de jóvenes cree que los atentados son fruto de una conspiración o los justifican.
Hollande había anunciado al asumir, en 2012, que la educación sería su prioridad, aunque desde entonces se ha dedicado fundamentalmente a buscar una solución a la crisis económica que atraviesa el país. Ayer reiteró que la educación es una prioridad y anunció que se crearán “reservas ciudadanas”, grupos de voluntarios, integrados por “periodistas, abogados, trabajadores de la cultura”, que ayudarán “al éxito educativo de los alumnos”. También anunció una ayuda a los padres que necesiten aprender a hablar francés y que la formación de maestros y profesores -tanto la inicial como la permanente- comprenderá módulos dedicados al principio de laicidad (separación del Estado y la religión, y libertad de culto en la esfera privada). Además, en primaria, los niños recibirán clases de medios de comunicación y de uso de internet, para evitar que puedan ser reclutados por extremistas.
Además, el presidente francés anunció ayer que ya no se aplicará la supresión de 7.500 cargos dependientes del Ministerio de Defensa prevista para el período 2015-2019, en el marco de los recortes de presupuesto por la crisis económica. El primer ministro, Manuel Valls, anunció que, para luchar contra el terrorismo, se crearán 2.600 cargos para los ministerios del Interior, de Justicia, de Defensa y de Finanzas), a los que se sumarán 425 millones de euros extras (unos 490 millones de dólares). Valls dijo que es necesario vigilar a unas 3.000 personas sospechosas en Francia y que entre los nuevos cargos asignados al Ministerio del Interior 60 serán de capellanes musulmanes para las cárceles. Entre otras medidas -como una página web con consejos para luchar contra el enrolamiento de jihadistas-, anunció un trabajo parlamentario entre oficialismo y oposición para volver a aplicar el concepto de “indignidad nacional”, que se usó después de la Segunda Guerra Mundial, en contra de quienes colaboraron con los nazis y que ya no se usa. Esto implicaba aplicar la “degradación nacional”, que conlleva retirar el derecho a votar y la prohibición de ejercer como funcionario, dirigente de empresas, banquero, periodista o profesor, entre otras sanciones. Ese concepto, que según algunos juristas viola los derechos humanos, fue propuesto por el partido conservador Unión por un Movimiento Popular, liderado por Nicolas Sarkozy, junto con la posibilidad de retirar la nacionalidad francesa a quienes participen en un emprendimiento terrorista.