En la hoja de ruta acordada por Juntos por el Sí y la CUP se declara “solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente” y se proclama “la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo” para preparar “las bases de la futura Constitución catalana”. Se aclara que este proceso y el Parlamento “no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que se considera deslegitimado y sin competencia”. Más adelante, se insiste en este punto: “Se insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta cámara, legítima y democrática, a fin de blindar los derechos fundamentales que puedan ser afectados por decisiones de las instituciones del Estado español”.
El documento fue presentado con carácter de urgente ante el Parlamento ayer, un día después de que quedara conformado el hemiciclo con los políticos y activistas elegidos en las elecciones del 27 de setiembre. La apertura de las sesiones fue realizada por la nueva presidenta del Parlamento, la ex líder de la Asamblea Nacional Catalana Carme Forcadell, cuyo discurso, fuertemente independentista, fue criticado por la oposición.
Con la instalación del Parlamento se lanzó una serie de consultas de Forcadell a las bancadas de los distintos partidos para las propuestas de candidatos a presidir Cataluña. Se prevé que la primera votación parlamentaria para nombrar al próximo presidente catalán se lleve a cabo el 9 de noviembre, y si para el 9 de enero no se eligió, automáticamente quedarán convocadas las nuevas elecciones.
El candidato de Juntos por el Sí, la bancada más grande, aunque sin mayoría absoluta en el Parlamento, es el actual presidente catalán, Artur Mas, pero todas las demás organizaciones políticas se oponen a su designación, incluida la CUP. El acuerdo alcanzado ayer entre ambas formaciones no implica que la CUP haya pactado la designación de Mas, ni siquiera que las negociaciones hayan avanzado, manifestaron distintos dirigentes de uno y otro partido a medios españoles.
La oposición reaccionó con malestar ante el documento presentado por Juntos por el Sí y la CUP. La líder de Ciudadanos en Cataluña (el partido opositor con más representación en el Parlamento), Inés Arriadas, lo calificó de “golpe contra la democracia y contra el orden constitucional” y aseguró que su partido va a recurrir a “todos los mecanismos políticos y legales” contra esa iniciativa.
Por su parte, el portavoz de Cataluña Sí se Puede (que integra Podemos, entre otros), Joan Coscubiela, criticó lo que considera un documento “retórico y de autoconsumo”, que ignora “la situación de emergencia social” de Cataluña. Acerca del fondo del asunto, Coscubiela dijo que su formación presentará una propuesta para que se convoque a un referéndum sobre la soberanía catalana, algo que ya se hizo en la administración que termina, pese a que los gobiernos autonómicos no tienen la potestad de convocar este tipo de consultas.
Después de que se presentara el documento, Rajoy -líder del Partido Popular- conversó con los líderes del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, y convocó a una conferencia de prensa. “Quienes quieran separar y dividir a Cataluña deben saber que no lo van a lograr”, aseguró. “Tienen enfrente la ley y a un gobierno dispuesto a hacerla valer”, agregó. “El gobierno garantiza y garantizará que no van a lograr sus objetivos y que de ser aprobada [esta declaración] no surtirá ni uno solo de sus efectos”, dijo Rajoy.
También Sánchez y Rivera manifestaron, en apariciones ante la prensa por separado, su rechazo ante este documento catalán.
Fuentes del gobierno indicaron al diario madrileño El País que si el acuerdo entre Juntos por el Sí y la CUP es aprobado en el Parlamento catalán (lo que seguramente suceda hoy) el Ejecutivo de Rajoy considera no sólo recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, sino también dar inicio al proceso para suspender la autonomía catalana. El diario aclaró que la suspensión de autonomía es un proceso que lleva varios meses, que culminan con una votación en la Cámara de Senadores.