La resolución del PT no menciona al ministro de Hacienda, Joaquim Levy, cuya destitución había sido reclamada a mediados de octubre por el presidente del PT, Rui Falcão. Esto había generado un encontronazo público con Rousseff, quien defendió a su ministro. No se trata de que la línea dura del PT, que rechaza a este economista liberal, haya cambiado de opinión, sino que Lula -con los votos de la corriente mayoritaria del PT, Construyendo un Nuevo Brasil, que él lidera- impidió un intento de otros sectores minoritarios de incluir en la resolución un pedido de destitución de Levy.
El alineamiento de Lula con Rousseff no quedó ahí: el ex presidente exigió en su discurso ante el Directorio Nacional del PT que se voten en el Congreso las iniciativas que Rousseff envió, en especial el ajuste fiscal, y que no se pierda el tiempo “intentando derrumbar a Eduardo Cunha”, el presidente de la Cámara de Diputados. No es la primera vez que Lula hace referencia a este tema. Semanas atrás, se reunió con decenas de diputados petistas y les pidió que se concentraran en los proyectos enviados por el Ejecutivo y no en la actividad de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, que el miércoles comenzó un proceso contra Cunha que podría derivar en su destitución en unos tres meses.
Por el cargo que ocupa, Cunha es quien puede decidir si habilita el inicio de un juicio político contra Rousseff. Declarado opositor, pese a pertenecer a un partido aliado del gobierno, Cunha ha sido seducido por la oposición para que dé el sí a ese proceso, mientras que el oficialismo ha intentado frenarlo por varios frentes.
Uno de ellos fue el judicial: el Supremo Tribunal Federal dictaminó este mes que era inconstitucional el procedimiento que Cunha había dispuesto para decidir sobre el juicio político, que incluía una posibilidad de que si él decidía no abrirlo, la oposición apelara en la cámara. Ayer, mientras Lula pedía a los petistas que se olvidaran de Cunha, el presidente de la cámara baja anulaba ese procedimiento, lo que fue interpretado como un gesto hacia el gobierno.
Con la resolución de Cunha, la decisión de habilitar un juicio político recae exclusivamente en él, y, además, se prevé que se acelere el proceso por la presión política y mediática de la que es objeto y porque este tema tiene frenada prácticamente toda la actividad del Congreso. Esto es un problema para Cunha, porque la posibilidad del juicio político es, básicamente, lo que lo mantiene en el poder.
Cunha es investigado por la Justicia de Brasil y la de Suiza, por sospechas de que tiene cuentas bancarias secretas en el país europeo. Dentro de Brasil se lo investiga, además, por su supuesta vinculación con la red de corrupción en Petrobras. Ya no cuenta con el apoyo de una parte de su propio Partido del Movimiento Democrático Brasileño y sabe -según medios brasileños lo ha manifestado en privado- que si aprueba el juicio político la oposición también le retirará su apoyo por estas denuncias.
Incluso perdió el apoyo de la cadena O Globo y los diarios Folha y O Estado de São Paulo, que en editoriales de las últimas semanas opinaron que tiene que dejar el cargo debido a estas denuncias. Cunha corre el riesgo de que la Comisión de Ética lo destituya y de que la Justicia lo suspenda o incluso le imponga prisión preventiva.
La posición del dirigente parece muy comprometida, y él reacciona. Según informó el martes O Estado de São Paulo, Cunha dijo a sus aliados que si el Ministerio Público pide al Supremo Tribunal Federal que sea suspendido en su cargo -paso previo necesario para que sea detenido-, él aprobará el pedido de juicio político contra Rousseff.
No sólo eso
Lula no se refirió sólo a Cunha y al ajuste fiscal, sino también a la situación que atraviesa el PT: “No vivimos nuestro mejor momento, estamos bajo un bombardeo cerrado sobre el PT y los petistas. En la historia de este país nunca hubo un bombardeo como el que el PT está recibiendo 24 horas por día”, aseguró. Sobre la campaña en su contra que denuncia el PT, Lula dijo: “Si el objetivo es truncar cualquier perspectiva de futuro, van a ser tres años de mucha paliza. Pero se pueden quedar tranquilos: voy a sobrevivir”.
Lula es investigado por la Fiscalía por sospechas de que ejerció una influencia indebida sobre el banco público BNDES para que diera un trato favorable a empresas constructoras que consiguieron contratos en el exterior durante el primer gobierno de Rousseff. Pero a esta causa se han sumado denuncias sobre su familia: uno de los delatores del caso Petrobras dijo que su nuera recibió fondos desviados de la empresa estatal y se está investigando si su hijo, Luís Cláudio, recibió un soborno de una empresa en el marco de otra investigación, denominada “Operación Zelotes”.
Varias oficinas de Luís Cláudio fueron allanadas en el marco de esta operación, a cargo de la Policía Federal desde 2014. Se sospecha que empresas sobornaban a funcionarios para que disminuyeran o anularan las multas que recibían cuando la Reserva Federal descubría irregularidades en sus impuestos. En el avance de la investigación se descubrió que estas empresas también pagaban sobornos en el Congreso para que se aprobaran leyes con incentivos fiscales para el sector automovilístico durante los gobiernos de Rousseff y de Lula. El vínculo, según los investigadores, sería el ex ministro de Presidencia de Rousseff Gilberto Carvalho, y Luís Cláudio podría haber recibido sobornos para favorecer a las empresas.