Una propuesta de ley presentada al gobierno de México por actores sociales prevé castigar a los culpables del delito de desaparición forzada con penas de hasta 100 años de cárcel. Propone, además, la creación de un sistema nacional de búsqueda coordinado por la Procuraduría General de la República que garantice la participación de los familiares de las víctimas y de grupos de la sociedad civil, y establece la necesidad de confeccionar un registro único de desaparecidos.
El anteproyecto de ley tiene como objetivo prevenir y sancionar los delitos de desaparición de personas, ordena el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado y garantiza las medidas de atención, ayuda, asistencia, protección y reparación integral del daño a las víctimas.
El documento -que el Parlamento está analizando, según informó el diario mexicano La Jornada- se creó en el marco del primer aniversario de la desaparición, hace un año, de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, y se propone como “necesario” ante el número de personas que actualmente están registradas como desaparecidas en el país: 26.599.
En sus artículos, el proyecto destaca la necesidad de una reacción inmediata. En este sentido, los familiares y las más de 40 organizaciones civiles firmantes proponen que quien reciba el reporte de desaparición debe transmitirlo inmediatamente a la unidad especializada e instrumentar acciones de búsqueda inmediata, bajo la suposición de que la víctima está con vida. Estas unidades especializadas tienen que contar con funcionarios capacitados en la materia y estar integradas por agentes del Ministerio Público, policías, psicólogos y peritos.
En el texto, los familiares exigen que la ley tome en cuenta aspectos específicos de la desaparición de personas, que la deslindan de la Ley General de Víctimas que hoy rige estos casos. Reclaman “el reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona desaparecida”, que supone el “derecho que toda persona desaparecida tiene a ser buscada de manera inmediata, sin importar condiciones particulares de la víctima e independientemente de la razón de la desaparición o de la actividad que realizaba previa o al momento de la desaparición”. Además, piden que se tomen en cuenta los derechos de las familias, “en particular el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral” y “la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana en la Ley en los procesos que de la misma emanen”.
Otros puntos del anteproyecto tienen que ver con la prohibición de incinerar, destruir o inhumar cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca, y el bloqueo de la participación en la investigación de autoridades que, de alguna manera, estén relacionadas con la desaparición de un individuo.
“Queremos que ésta sea una ley desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas”, establece en negrita el documento presentado por los familiares de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas por particulares a representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de México.