El presidente de Cataluña, Artur Mas, declaró ayer durante una hora como imputado por el papel que tuvo en la consulta popular sobre la independencia catalana del 9 de noviembre de 2014. El gobierno catalán había querido hacer un referéndum oficial que fue suspendido por el Tribunal Constitucional, a raíz de un recurso presentado por el gobierno de España. Finalmente, se realizó una consulta, aunque el gobierno catalán se hizo a un lado de la organización.
Mas se presentó ante la Justicia después de hacer un largo recorrido a pie acompañado por unas 6.000 personas, entre ellas integrantes del gobierno catalán y 400 alcaldes. La presencia de la multitud, que también se pudo ver cuando el martes declararon otros jerarcas catalanes, generó fuertes críticas del gobierno español, del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación -denunciante en el caso (la Fiscalía catalana había concluido que no había motivos para imputar a Mas)-. “Amenazar a los tribunales con manifestaciones es inaceptable”, dijo el presidente español, Mariano Rajoy. Del mismo modo, otros actores políticos cuestionan la independencia del Poder Judicial respecto del gobernante Partido Popular (PP).
Los integrantes del gobierno catalán asistieron a la manifestación porque éste es un proceso judicial con “un trasfondo claramente político” contra “Cataluña y sus libertades”, dijo a la diaria Albert Royo i Mariné, secretario general del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, un consorcio formado por 38 organismos e instituciones entre las que se encuentra la Generalitat de Cataluña.
“El gobierno español es el único que presiona a la Justicia”, al punto de “forzar el proceso penal” en contra de Mas, dijo Royo, consultado vía e-mail. Agregó que el PP “necesita movilizar a su electorado […] y lo hace mostrando mano dura contra los catalanes, algo que parece ofrecerle cierto rédito electoral en algunas zonas de España”.
Royo también cuestionó que la Fiscalía haya tenido “la osadía” de convocar a Mas a declarar el día en que se conmemora el 75º aniversario del fusilamiento por parte de las fuerzas franquistas del entonces presidente catalán Lluís Companys.
Ante la Justicia, Mas dijo que el gobierno se encargó de organizar la consulta hasta que ésta fue suspendida, momento en el que la organización pasó a manos del voluntariado “organizado” que había sido “formado” antes de la suspensión. Aseguró que es él el “responsable único” de la organización de la consulta, y cuestionó la imputación de la ex vicepresidenta Joana Ortega y de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau. En una conferencia posterior, Mas dijo que detrás del proceso judicial está la “rabia” del gobierno por “el éxito” de la consulta popular, en la que participaron 2,5 millones de personas. El presidente catalán está imputado por la presunta comisión de cuatro delitos: desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. Todos estos delitos tienen penas de inhabilitación.
Mientras Mas declaraba ante la Justicia, el PP aprobó en el Senado la reforma del Tribunal Constitucional, que brinda a este organismo más potestades para forzar el cumplimiento de sus dictámenes, algo que no pudo hacer con la consulta popular catalana.
