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Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, ayer, en la sede del Congreso en Brasilia. Foto: Andressa Anholete, Afp

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Cunha postergó una semana la decisión de aceptar un pedido de juicio político contra Rousseff.

Una medida cautelar dispuesta por la Justicia brasileña le puso un freno al ritmo que el presidente de la Cámara de Representantes, Eduardo Cunha, y la oposición querían darle a un eventual juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La medida cautelar deja a Cunha como único responsable ante un posible proceso de ese tipo, y al conocerla, el dirigente opositor postergó su decisión al respecto, que estaba prevista para ayer.

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El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) no se ha quedado quieto ante las embestidas de la oposición para impulsar un juicio político contra Dilma Rousseff, y presentó varios recursos ante el Supremo Tribunal Federal (STF) relativos a un eventual juicio político.

Ayer recibieron respuesta tres de esos recursos por parte de dos jueces, que coincidieron en la aplicación de tres medidas cautelares iguales. Las tres establecen que si Cunha rechaza un pedido de juicio político, la oposición no puede apelar y pedir que el tema se aborde en el plenario. Se trata de una cuestión de procedimiento, pero tiene consecuencias políticas, ya que, con la modalidad que había previsto Cunha, si él rechazaba el pedido de juicio político, la oposición podía “recurrir” su decisión y pedir que se votara en el plenario. El propio Cunha había establecido este procedimiento en acuerdo con la oposición. Como esto le permitía no ser el único responsable de impulsar un juicio político contra la presidenta, esa solución fue presentada por los medios como una “maniobra” para proteger a Cunha.

En distintas decisiones judiciales provisorias (ya que después deberá votarlas el tribunal en pleno), los ministros del STF Teori Zavascki y Rosa Weber cuestionaron el procedimiento establecido por Cunha y subrayaron que la Constitución establece que la decisión de aceptar o rechazar un pedido de apertura de juicio político es exclusiva del presidente de la Cámara de Representantes. Según el procedimiento constitucional, si el presidente de la cámara acepta el pedido, el plenario votaría si iniciar o no ese juicio político y, si decide hacerlo (para esto se precisan dos tercios de la cámara), es el Senado el que debe comenzar ese proceso.

Políticos, abogados y expertos en la Constitución opinaron ayer sobre qué implicaban las medidas preliminares emitidas por los magistrados. Unos consideran que se suspendió totalmente el proceso de juicio político y que Cunha está impedido de tomar cualquier decisión al respecto. Otros creen que es simplemente una cuestión formal: Cunha debe decidir si acepta o no el pedido de juicio político; si lo acepta, irá al pleno de Diputados (tal como establece la Constitución), y si no lo acepta, la oposición puede dejar de intentar recorrer ese camino o esperar a que el pleno del STF decida sobre el procedimiento acordado entre Cunha y la oposición. El líder del PT en Diputados, Sibá Machado, dijo que el partido intentaría aclarar el alcance de las decisiones de los magistrados a lo largo del día de ayer.

Con este escenario de fondo, Cunha se reunió con líderes opositores y les dijo que hoy archivará la mayor parte de los pedidos de juicio político que tiene pendientes (alrededor de diez). A solicitud de los opositores, dejará para la próxima semana la decisión sobre el principal de ellos, el que presentaron el ex petista Hélio Bicudo y el ex ministro de Justicia Miguel Reale Júnior.

Diputados de varios partidos opositores, entre ellos el Partido de la Social Democracia Brasileña, manifestaron que quieren incluir información que demostraría que Rousseff mantiene en esta administración prácticas para “maquillar” las cifras estatales, conocidas como “pedaleadas fiscales”, que llevaron a que el Tribunal de Cuentas de la Unión recomendara reprobar las cuentas de la anterior administración de Rousseff. Reale también indicó que sumaría al pedido original el parecer del magistrado del TCU, Júlio Marcelo, quien se manifestó en el mismo sentido.

Estos agregados parecen responder a declaraciones que Cunha ha hecho públicamente acerca de que no aceptará para trámite pedidos de juicio político que se basen en hechos de administraciones pasadas, ya que, según establece la Constitución, estos procedimientos deben basarse en irregularidades de la gestión en curso.

Movilizados

Mientras tanto, el PT busca reunir la cantidad de votos necesarios en el Congreso para reaccionar ante el embate de la oposición y desbancar al propio Cunha. Ayer, más de la mitad de los diputados del PT firmaron un pedido presentado por la Rede Sustentabilidade, de Marina Silva, y el Partido Socialismo y Libertad dirigido a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Allí se solicita que se investiguen las denuncias que involucran a Cunha con actos de corrupción en el marco de la red de Petrobras y por su tenencia de una cuenta en Suiza. Este proceso en la Comisión de Ética podría terminar en la destitución de Cunha.

Por otra parte, el procurador general de la República, Rodrigo Janot, está trabajando en un pedido de prisión preventiva para Cunha por su involucramiento en la red de corrupción en Petrobras, en el marco del cual está siendo investigado por la Justicia.

Cunha también está involucrado en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público de Suiza sobre fondos que él tiene en una cuenta bancaria en ese país. Se sospecha que esa plata tiene un origen ilegal, y ayer la Justicia suiza informó que pasó por 23 cuentas corrientes en cuatro países hasta llegar a su destino. Estas revelaciones han hecho que los partidos opositores (los mismos que ayer se reunieron con Cunha por el pedido de juicio político) pidieran que el presidente de la cámara baja se tomara una licencia hasta que concluyan las investigaciones.

Baño de masas

A su vez, el PT busca apuntalar a su presidenta, en particular el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que ayer hizo una encendida defensa de su sucesora en la apertura del I Congreso Nacional del Movimiento de Pequeños Agricultores.

“Estoy viendo a Dilma ser atacada”, dijo Lula. Aseguró que si Rousseff hizo “pedaleadas fiscales” fue para pagar programas sociales como Bolsa Familia o Mi Casa, Mi Vida. Hizo hincapié en que el programa que otorga vivienda a las familias con menos recursos “tiene un fuerte subsidio del gobierno”. Agregó: “El dato concreto es que cuesta caro al gobierno; es una inversión que hace: si el gobierno no lo subsidia, no sucede”. Lula defendió que millones de reales sean destinados a los trabajadores y no a recuperar el sistema financiero, como se hizo en Estados Unidos tras la crisis de 2008.

“Yo perdí tres elecciones en este país. Volví a casa y me lamí las heridas mientras ellos gobernaban con la mayor tranquilidad”, recordó Lula. “La oposición debería sentir vergüenza y dejar a Dilma gobernar este país”, agregó el ex mandatario, que en otras ocasiones dijo que Rousseff enfrenta un intento de “golpe”. Según el diario Folha de São Paulo, la propia Rousseff dijo en el último Consejo de Ministros, la semana pasada, que era objeto de un golpe “a la paraguaya”, en referencia al juicio político “exprés” por el cual en 2012 fue derrocado el presidente paraguayo Fernando Lugo.

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