El abogado Paraguayo Cubas presentó el 9 de octubre la denuncia en la que asegura que Franco no pudo justificar el incremento de su patrimonio porque se trata de un enriquecimiento ilícito. En la denuncia, manifiesta que Velázquez es “solidariamente responsable” porque no investigó el origen de esa diferencia de un millón de dólares que aparece al comparar las declaraciones juradas presentadas por Franco cuando asumió y dejó la presidencia. Además, denunció que Franco y Gómez abrieron varias cuentas en las que depositaron “enormes sumas de dinero” durante la campaña electoral de 2013 sin justificar el origen de esos fondos.
Otra justicia
La cancillería paraguaya presentará hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentación favorable al Estado en el marco de la denuncia presentada por el ex presidente Fernando Lugo por el juicio político “exprés” por el que se lo destituyó en junio de 2012. El canciller Eladio Loizaga dijo que el Estado paraguayo pedirá a la comisión “el rechazo de la petición” y la “no admisibilidad del procedimiento planteado por Lugo”.
Gómez reconoció que Franco y él abrieron esa cuenta cuando eran, respectivamente, presidente y tesorero del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Explicó que en ese entonces el PLRA enfrentaba el riesgo de que las cuentas bancarias del partido fueran embargadas por causas judiciales en curso y que por eso abrieron otra cuenta a nombre de ellos, de forma que esos fondos no pudieran ser embargados. Abogados consultados por el diario paraguayo Última Hora indicaron que desviar u ocultar patrimonio ante la eventualidad de un embargo es un delito.
La denuncia de Cubas fue recibida por los fiscales Hernán Galeano, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, y Liliana Alcaraz, de Delitos Económicos y Anticorrupción, que realizaron pedidos de informes a entidades financieras públicas y privadas y a la Contraloría General de la República, entre otros. Galeano dijo que la investigación está “en una etapa incipiente” en la que se está “recabando informaciones relacionadas al patrimonio del ex presidente Franco y del senador Gómez”.
Cubas manifestó que también se pidió a la Presidencia que envíe a la Fiscalía una copia de la auditoría interna que se realizó cuando Horacio Cartes asumió el gobierno, cuyo resultado no se hizo público, y manifestó su deseo de que Franco “sea el primer ex presidente preso”.
El abogado mantiene un largo enfrentamiento tanto con Franco como con su esposa, la senadora Emilia Alfaro, quien demandó a Cubas en la Justicia civil dos veces por difamación e injurias. Ella perdió el primer juicio y el segundo se está llevando adelante ahora.
En los últimos años Cubas denunció varias veces públicamente que el matrimonio Franco-Alfaro se beneficia con desvíos de fondos públicos. No ha sido el único. Son varias las denuncias contra Franco que no llegaron a la Justicia.
Una de éstas fue la denuncia del diario ABC Color, que en 2013 informó que mientras Franco fue presidente benefició a tres empresas cuyos dueños eran dos hermanos de la familia Alegre y a la esposa de uno de ellos, todos muy cercanos a la familia Franco, con seis contratos de la represa binacional Itaipú, cuatro de ellos sin licitación, por un total de 18 millones de dólares. Los servicios brindados a cambio de los millonarios contratos iban desde el alquiler de vehículos hasta el mantenimiento de aire acondicionado. Las seis empresas beneficiadas fueron sancionadas por Itaipú en el actual gobierno porque cobraron los contratos pero nunca hicieron las tareas que se les había encomendado.
Por su parte, Radio Ñandutí informó durante la gestión de Franco que el entonces presidente había acomodado a una decena de personas en la administración pública, sin concurso previo y sin que fueran personal de “confianza”.
Incluso mientras era presidente, Franco tuvo que convocar una conferencia de prensa para explicar por qué su patrimonio había aumentado de 100.000 a más de 800.000 millones de dólares entre 2008 y 2012, años en los que presentó su declaración jurada para asumir la vicepresidencia primero y la presidencia después. La explicación que dio es que su patrimonio aumentó por su salario como vicepresidente, el de su esposa como diputada, además de “ingresos reservados” y de un error en el estimado del valor de su casa, que se triplicó entre una y otra declaración.