La violencia interna en Turquía ha crecido desde julio, cuando el gobierno de Recep Tayyip Erdogan decidió retomar los ataques contra campamentos kurdos a raíz de supuestos ataques contra las fuerzas de seguridad turcas. Desde ese entonces se levantó el cese al fuego que habían acordado ambas partes, en el marco de una creciente tensión por la situación de kurdos turcos que viajaron a Irak para defender el Kurdistán iraquí del grupo jihadista EI. Los manifestantes del sábado pedían que se retomaran las negociaciones entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el gobierno.
El ataque del sábado fue calificado por las autoridades como el peor que ha sufrido Turquía en la historia moderna. Según datos oficiales, causó la muerte de 95 personas y dejó a otras 246 heridas, aunque la cifra de víctimas fatales fue elevada a 128 por el opositor, y pro kurdo, Partido Democrático de los Pueblos (HDP).
El HDP es una de las organizaciones que convocaron a la movilización, y se considera a sí mismo el objetivo del atentado. En un comunicado informó que entre los muertos hay dos personas que eran candidatas al Parlamento en las elecciones legislativas, que están previstas para dentro de tres semanas. Por su parte, el mayor partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata) informó que 11 miembros de su organización juvenil murieron en el ataque.
El líder del HDP, Selahattin Demirtas, consideró que el ataque del sábado fue “una continuación de las matanzas de Diyarbakir y Suruç”. En Diyarbakir, dos días antes de las elecciones del 7 de junio, hubo un atentado en un acto del HDP que dejó cuatro muertos, y en Suruç, a fines de julio, una explosión causó la muerte de 34 personas en un campamento de jóvenes pro kurdos y de izquierda vinculados con el HDP. El del sábado sería el tercer atentado de la serie.
Las autoridades han responsabilizado en ambos casos a supuestos jihadistas turcos entrenados por EI, y la oposición acusa al gobierno de actuar en connivencia con éstos para que ataquen a la oposición. El atentado del sábado tuvo características similares a las de los anteriores y la actividad no fue protegida por la Policía, que sí se hace presente en los actos y movilizaciones oficialistas. Esto alimenta las sospechas de la oposición.
El 1º de noviembre se realizarán nuevas elecciones legislativas en Turquía, porque después de las anteriores, del 7 de julio, no se logró formar un gobierno. Si bien el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan ganó las elecciones, no obtuvo una mayoría suficiente como para gobernar sin alianzas, y por eso hizo una nueva convocatoria.
Unas 10.000 personas salieron ayer a las calles en distintas ciudades a condenar el atentado, pero también a protestar contra el gobierno, al cual la oposición responsabiliza por no garantizar la seguridad de la movilización opositora del sábado. “Sabemos quiénes son los asesinos”, decía la pancarta que abría la manifestación, y algunos de los carteles afirmaban: “Erdogan asesino” o “La paz prevalecerá”. Además de la marcha, varios sindicatos llamaron a parar hoy y mañana para protestar por la responsabilidad del gobierno en el atentado, ya sea por no prevenirlo o por tener una responsabilidad más activa, según los distintos convocantes.
Algunas de las personas movilizadas intentaron llegar al lugar del atentado para dejar flores en honor a las víctimas, y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad que custodiaban el lugar, con piedras de un lado y gases lacrimógenos del otro. Finalmente se les permitió el paso.
Ahmet Davutoglu, el primer ministro, decretó tres días de duelo nacional, aunque especificó que lo hizo por todas las víctimas del terrorismo, incluyendo expresamente a soldados y policías que han muerto en enfrentamientos con la guerrilla kurda, el brazo armado del PKK.
Además, aseguró que el atentado no fue dirigido “contra un solo grupo de ciudadanos, sino contra todo el pueblo” turco, y convocó a un diálogo nacional entre todas las fuerzas opositoras, excepto el HDP.
Distintas agencias de noticias informaban ayer, citando fuentes del gobierno, que la principal sospecha apunta a que EI está detrás del atentado; sin embargo, el grupo no lo ha reivindicado, como suele hacer. El gobierno no se había pronunciado públicamente ayer acerca de las responsabilidades en este ataque.