El problema va más allá del entramado penitenciario y tiene que ver con cómo el sistema político concibe la cárcel como la única pena ante el delito. Las privatizaciones son una parte de este problema, porque desvían la discusión sobre las alternativas a las penas privativas de libertad, que son funcionales a los agentes privados. María de los Ángeles Barros y Diego Rochow, integrantes de una organización civil que trabaja con los presos, hicieron estos y otros cuestionamientos en entrevista con la diaria durante su visita a Montevideo para participar en el seminario “Discutir la cárcel, pensar la sociedad”.
Barros cursa la maestría en Derecho Penal en la Universidad Adolfo Ibáñez y Rochow es egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Ambos contaron en el seminario cómo fue la experiencia chilena con la privatización de las cárceles en representación de la organización civil Litigación Estructural para América del Sur, que comenzó a funcionar en 2013 pero se creó formalmente en 2014 y cuenta con 74 voluntarios que trabajan dentro de las cárceles.
-¿Qué significa Litigación Estructural para América del Sur (Leasur)?
María de los Ángeles Barros (MAB): -Es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Por un lado, busca la protección y la defensa de las personas privadas de libertad; por otro, busca influir en las políticas públicas planteando una crítica al uso indiscriminado de la cárcel por parte de la clase política, tanto de derecha como de izquierda. Proponer que la cárcel es la solución al problema de la delincuencia es por lo menos cuestionable.
Diego Rochow (DR): -El término “litigio estructural” en particular apunta a la búsqueda y judicialización de ciertos casos particulares para denunciar circunstancias estructurales. Lo que hacemos en el terreno es buscar casos que representen las carencias constitutivas del entramado penitenciario en Chile.
MAB: -La idea de Leasur es poder interpretar casos en los que se lesionen determinados derechos de una manera que permita generalizar.
-¿Cómo es la situación del sistema penitenciario chileno?
DR: -En términos generales uno puede observar en Chile una reproducción de lo que ocurre en toda América Latina: cárceles precarias en términos de infraestructura, con altos niveles de hacinamiento, violencia, donde los sujetos en su mayoría son reincidentes y corresponden a los sectores más precarizados de la sociedad. Ésa es la estructura del sistema penitenciario chileno.
MAB: -En Chile está súper poco regulada la administración del sistema penitenciario. Hay un reglamento -ni siquiera es una ley- que regula más o menos el funcionamiento de los centros penales, pero la realidad es que el alcalde [el responsable administrativo] de cada cárcel tiene una interpretación bastante conveniente a sus intereses sobre cómo se aplica esa normativa.
DR: -En realidad, uno no puede hablar en Chile de un sistema penitenciario porque no existe un conjunto coordinado de actores y entes que permitan dar el concepto de sistema; lo que hay es un entramado de instituciones que tienen facultades dispersas con diversas normativas. Por eso hablamos de un entramado penitenciario. Junto con esa dispersión existe una precariedad institucional, porque la actividad en estos centros penales queda entregada exclusivamente a la discrecionalidad del alcalde, lo que hace que se conviertan en verdaderos feudos. Muchas veces vemos que las cárceles chilenas son espacios sin ley, son feudos sin ley.
-A grandes rasgos, ¿cuáles son las críticas que hacen a este “entramado” penitenciario chileno?
MAB: -La crítica principal es que no hay una normativa, no hay una ley que diga: las cárceles tienen que funcionar de esta de manera, las personas tienen que ser sancionadas por estas faltas y cuando se sanciona lo va a revisar esta otra persona. Es un espacio tan sin ley que existe un acuerdo tácito de secretismo: mueren internos y no aparece en ninguna parte, a nadie le importa, la responsabilidad penal no se persigue… Es un espacio brutalmente sin ley, tanto en el sentido de bajo qué normativa se rigen como en el de las conductas que se mantienen allí dentro.
DR: -Junto con ello, en términos de carencias institucionales, está que en Chile no existe un tribunal especial encargado de la ejecución penal. En términos normativos, en muchas jurisdicciones, como Argentina, existe una vigilancia que se encarga de supervigilar los recintos, de determinar cuándo se imponen sanciones [por faltas cometidas dentro de las cárceles] o las libertades condicionales, etcétera. Esa cuestión no se ha implementado en Chile.
MAB: -Ni siquiera se ha tratado de legislar al respecto. Actualmente el Poder Judicial está tratando de crear unas salas especiales dentro de los tribunales ya establecidos para estos casos.
-¿De qué se encargaría ese tribunal especial?
MAB: -El proyecto a largo plazo de Leasur es que se hagan tribunales especiales que conozcan sobre los conflictos que se suscitan [dentro de las cárceles], que van desde el interno que tiene que dormir con papel higiénico en las orejas para que no le entre la plaga de chinches que hay en el penal hasta que se muera un interno por un ataque de asma -como pasó hace unas semanas-, pasando por internos acuchillados con siete puñaladas. Por lo menos hagamos como que nos importa, digamos: “Bueno, se murió, investiguemos”.
DR: -Ahí uno encuentra otra de las debilidades institucionales del sistema chileno: esas últimas conductas que mencionaba Ángeles son delitos y deberían ser investigados por el Ministerio Público chileno, que es el ente persecutor por excelencia, pero los fiscales no se meten en las cárceles, no hay fiscales especiales para investigar delitos carcelarios. Las denuncias que se hacen son sumamente bajas y la mayoría terminan en salidas de carácter administrativo sin que exista una condena para los agentes penitenciarios que pudieron haber incurrido en esas conductas. No hay ni siquiera un proceso de investigación respecto de los delitos en las cárceles.
-¿Qué tipo de delitos se denuncian dentro de las cárceles chilenas?
MAB: -Es difícil hablar de denuncias, antes que nada porque dentro de las cárceles hay un secretismo, el sapo [el “buchón”] es muy mal visto en los penales. Yo llevo ya dos años trabajando en la cárcel y hace un tiempo me empecé a enterar de lo que pasaba realmente. Por ejemplo: un interno le gritó una grosería al gendarme, el gendarme andaba de malas, le pegó durante toda la noche y lo dejó ciego. Tú hablas con el interno para que haga la denuncia y te responde: “No, señorita, es que yo no quiero, no quiero más, lo único que quiero es que esto se termine”. A veces llego y tengo al interno morado entero y me dice: “No, es que me caí en la ducha”. Al final, de alguna manera, se genera el mismo fenómeno que el de la mujer maltratada, que no cuenta. En la cárcel de Puente Alto, para Año Nuevo pillaron a unos internos tomando licor artesanal, los hicieron beberlo…
DR: -Era un licor fabricado por ellos en la cárcel [de forma clandestina], que tiene altas cantidades de alcohol. Los internos lo tomaban de a poco hasta que fueron vistos por gendarmes, que los maltrataron, los golpearon y a un interno lo obligaron a tomarse toda la botella. Como resultado el interno sufrió una intoxicación etílica de tal carácter…
MAB: -Además de hacerlo beber lo obligaron a hacer actividad física hasta que al final lo reventaron. Lo mataron.
DR: -No alcanzó a recibir auxilio…
MAB: -Pero también es para el otro lado. En la ex Penitenciaría [ahora Centro de Detención Preventiva Santiago Sur] hay un módulo donde están homosexuales y transexuales, y enfermos de sida, separados entre sí. Cuando Gendarmería quiere hacer allanamientos del módulo, los enfermos de sida se enfrentan con los gendarmes a jeringas. Se hacen cortes, se sacan sangre y se la pinchan, o les tiran la sangre. En Gendarmería son un poco incultos, porque si yo te tiro sangre y tengo sida no te voy a contagiar, pero sí si te pongo la jeringa, y también lo hacen. Es un territorio violento para los dos lados. Después tenés el caso paradigmático, que es el de la cárcel de San Miguel, en 2010.
-Fue un caso que se hizo público, además. Incluso se hicieron investigaciones.
MAB: -Los internos estaban en un módulo denominado “abierto”, en los que hay decenas de camas, una al lado de la otra. Lo que hacen los internos para tener un poco de privacidad es poner entre cama y cama algo así como cortinas. Cuando empezaron a pelear entre ellos, lo que hicieron los pelotudos fue tirar un lanzallamas, prendiendo todo fuego. Los gendarmes se demoraron en abrir la reja para liberarlos, y cuando quisieron abrirla estaba tan caliente que no pudieron, entonces, al final… murieron 81 internos, siete quemados y el resto intoxicados por el humo.
DR: -Hubo diligencias [en el marco de una investigación judicial] contra Gendarmería, pero al final el hecho no fue reconocido como delito…
MAB: -Al final, las condiciones carcelarias son tan básicas en Chile que no se les podía exigir a los gendarmes un estándar más alto.
-¿Cuáles son las soluciones de fondo que proponen?
MAB: -El problema de la cárcel es súper grande. Tenés, por un lado, lo que decíamos nosotros, que necesitás una ley de ejecución, tribunales de ejecución...
DR: -Ése es nuestro foco principal: el penitenciario.
MAB: -Es como el proyecto a largo plazo. Pero para empezar, ¿quién está preso y por qué? Alrededor de 80% de la población penal está condenada por delitos de droga y delitos no violentos, hay muchos también por desacato. El problema es mucho más grande que el penitenciario, y es realmente qué es lo que está haciendo el brazo penal en Chile, y creo que también a nivel latinoamericano.
DR: -Como explica Ángeles, la composición de la población penal viene de los sectores más precarizados de la sociedad. Los delitos vinculados a drogas y los no violentos, que en general son contra la propiedad, son cometidos generalmente por gente que proviene de las comunas más pobres. Esto demuestra que estos delitos son verdaderos mecanismos y métodos de subsistencia de estas personas.
MAB: -De las mujeres presas en Chile, 57% están condenadas por la Ley de Drogas, pero son mujeres que trabajan en servicio doméstico, uno de los sectores laborales más precarizados, que tienen un sueldo insuficiente y que, además, tienen cuatro hijos, por ejemplo. La alternativa es ir a la vuelta de su casa, donde el gran dealer les pasa droga para que vendan; hacen un microtráfico bastante poco riesgoso para la seguridad de la nación, para poder alimentar a sus cuatro hijos y subsistir. El narcotraficante agarra a esta señora porque la Ley de Drogas tiene una reducción de pena si delata al dealer, pero como la mujer tiene cuatro hijos, el narcotraficante dice: “¿Tú vas a sapiar? Despídete de los cuatro cabros”. Entonces no se usa el atenuante. Tenemos una población penal de mujeres que no son violentas, no son un peligro.
DR: -Nosotros proponemos la racionalización del uso de la cárcel. Esto implica aumentar el uso de las penas alternativas a la prisión. Chile cuenta con una ley que tiene penas como el trabajo comunitario, la libertad vigilada, el monitoreo con brazaletes… Eso podría rebajar en buena medida la cantidad de internos. También es necesario hacer una reforma a la Ley de Drogas para despenalizar el consumo, por lo menos de drogas blandas toleradas en el mundo, como la marihuana, junto con racionalizar el uso de la cárcel. Uno también puede encontrar, como algo acertado, la utilización de la libertad condicional o anticipada. Hay estadísticas en Chile que demuestran que hubo una modificación para aumentar el uso en la libertad condicional y reducir el hacinamiento, pero el paso de los años demuestra que cada vez son menos los internos que acceden a este beneficio.
MAB: -Un estudio reciente muestra que 28% de las personas que han sido condenadas a una pena alternativa reinciden, versus 51% de las personas que han sido condenadas a una pena privativa de libertad. Entre las personas que han sido condenadas a una pena privativa de libertad, la estadística de reincidencia bajó 21% en las personas que han sido liberadas con la condicional u otros beneficios.
-Ustedes también proponen que los presos ejerzan el derecho a voto.
DR: -Actualmente, por ley, no pueden votar aquellas personas que están condenadas a más de tres años de cárcel ni las imputadas por delitos terroristas, pero cerca de 22% de la población penal en Chile está compuesta por personas en prisión preventiva, y hay una gran cantidad de personas que cumplen penas por debajo de los tres años. Todas esas personas tienen derecho a voto, pero, de facto, por decisiones de carácter administrativo y por la misma desidia estatal, no pueden votar porque no se constituyen las urnas, el Servicio Electoral no va, etcétera. Nuestra propuesta en ese sentido es que en el corto plazo tienen que implementarse mecanismos para que esas personas puedan votar.
MAB: -Lo que dice Diego es crucial: es desidia del Estado, casi que ni siquiera se les ocurrió pensarlo.
DR: -Lo que se hace con esto es invisibilizar políticamente a personas que no han sido vedadas constitucionalmente del derecho de votar. En nuestra opinión, darles derecho a voto a estas personas, y en el largo plazo eliminar todo tipo de restricción al derecho a voto, podría constituir a la población penal como gente que tiene una voz política que pueda hacerse sentir y pueda visibilizar de alguna manera sus demandas.
-Yendo al tema de su exposición: ¿cómo funcionan las cárceles privadas?
MAB: -Existen principalmente dos modelos: el de privatización absoluta, por el cual se entrega todo al privado, que es lo que hace Estados Unidos; y el de privatización parcial, que es el chileno, en el cual el Estado mantiene el control y la seguridad del penal, y se entregan ciertas funciones al privado, como la construcción, implementación y explotación del recinto penal. Es decir, los servicios de educación, lavandería, alimentación, salud, higiene y los programas de rehabilitación y reinserción son brindados por agentes privados en las cárceles concesionadas en Chile.
MAB: -Lo que respecta a la seguridad, a la función de vigilancia, lo tiene todavía Gendarmería.
-¿Qué problemas presentó el modelo chileno?
DR: -Fueron dos grandes problemas. En primer lugar, que no hubo ningún tipo de estudio ni de diseño institucional respecto de la forma en que se iba a proceder a realizar la concesión, que se hizo mediante una ley general de concesiones que es la misma ley con la que se hizo la concesión y privatización de las carreteras. Nunca se metieron a investigar en qué consistía o todo lo que implicaba la administración de una cárcel, qué teníamos que construir, qué se necesitaba en términos arquitectónicos, qué servicios se iban a proveer adentro, cómo se iban a proveer, qué implica el mundo carcelario. Eso no existió, solamente se confió en que los agentes privados iban a proveer de mejores servicios. En segundo lugar, esta misma falta de planificación institucional condujo a que los contratos que celebraron los agentes privados con el Estado sufrieran de una serie de defectos que al final implicaron que el Estado pagara multas a los privados por no cumplir con las obligaciones respectivas y por existir problemas en el diseño contractual e institucional.
MAB: -El presupuesto inicial para la construcción de estos diez recintos penitenciarios que se quería concesionar era de 280 millones de dólares, y todo salió 214% más caro.
DR: -El mismo problema de los sobrecostos finalmente llevó a que el Estado chileno decidiera, después de diez años de litigios y de pagar multas, no seguir construyendo más cárceles privadas.
MAB: -Rompió el esquema de concesión en 2011. Todas las expectativas vinculadas con lo económico no sólo no se cumplieron, sino que salió más caro todavía. Pero además, en lo que respecta al resto de las expectativas, que eran que se iba a solucionar el tema del hacinamiento, que se iban a ofrecer programas eficientes… Cuando las cárceles se entienden bajo la lógica de un servicio hotelero, lo que va a tratar de hacer el privado es tratar de reducir la mayor cantidad de costos en virtud de aumentar las ganancias.
DR: -¿Y cómo se hace eso? No mediante la optimización de recursos sino reduciendo los costos para aumentar los beneficios, lo que desemboca en servicios de menor calidad. La experiencia chilena lo grafica claramente con la serie de irregularidades que presentan los recintos penales concesionados.
MAB: -Además, tenés el problema de la tercerización: cuando triangulás ya no hay una relación directa entre el Estado y el usuario del castigo, el preso.
DR: -El Estado es un cliente que paga a un agente intermediario para que suministre el servicio al interno en tanto usuario del castigo. Esto produce, en términos económicos, que el servicio no sea recibido por quien paga por él, y tampoco hay una fiscalización constante respecto del servicio que se está dando. Esto aumenta e incentiva la comisión de fraudes por parte del agente que presta el servicio. Lo relevante es que la discusión en torno a cuál es el rol que tienen que jugar los agentes privados en la privatización de las cárceles al final desvía la atención de cómo el mundo político recurre a la cárcel como pena principal, tomando medidas efectivistas en términos mediáticos y políticos frente a la delincuencia como síntoma de conflictos sociales subyacentes. La experiencia chilena demuestra que la incursión de agentes privados al final desvió la atención respecto de cómo podemos enfrentar la delincuencia, desconociendo que subyacen lógicas de precariedad y desigualdad inherentes a un modelo de libre mercado, del neoliberalismo en general, que además fue implantado [en Chile] por una dictadura militar.
MAB: -Tenés que llevar mucho tiempo metido en el sistema penitenciario para entender las subculturas que se arman. De hecho, la infraestructura con la que se crearon las cárceles concesionarias puso un énfasis muy importante en que cada interno tuviera una celda, cosa que tampoco se cumplió demasiado, y esto llevó a romper las subculturas que se habían formado y se generó una ola de suicidios importante. En lo que llevo trabajando en cárceles, todos los internos prefieren cumplir sus penas en cárceles estatales y no privadas. Pero más allá de eso, el problema que hay detrás de la idea de privatizar es que tú no podés lucrar con la libertad de las personas, porque la privatización genera finalmente una lógica hotelera: cuantos más presos tenga, por mayor tiempo, mejor.
DR: -Al final, el Estado termina delegando en un privado el ejercicio de una actividad que es eminentemente pública, como es la imposición y ejecución de un castigo y la administración de las cárceles. El lucro es un incentivo perverso, y la cuestión es que 99% de los casos de privatización carcelaria que uno pudo observar en el mundo entero han presentado problemas, han sido cuestiones fallidas. Un consejo final: no privaticen.