El gobierno de Brasil presentó ayer una demanda contra las empresas que operaban el emprendimiento Samarco: la mayor minera del mundo, la austríaca BHP Billiton, y la mayor productora de hierro, la brasileña Vale. Con esta demanda, el Estado brasileño busca obligar a las empresas a limpiar el desastre ambiental causado el 5 de noviembre, que incluyó la inundación de siete pueblos, la destrucción de infraestructura y la contaminación del área y del río Doce, por el cual los desechos llegaron incluso al océano Atlántico.
En la demanda Brasil reclama a Samarco 5.200 millones de dólares, pero la Justicia puede exigir un monto mayor para reparar los daños causados. Esa plata iría a parar a un fondo que durante diez años será utilizado para recuperar el río Doce, que es fuente de agua potable para varias de las 230 ciudades que están en sus costas y cuya recuperación llevará 30 años, según el Ministerio de Medio Ambiente.
Más allá de la acción judicial, las autoridades brasileñas y las mineras están negociando un arreglo extrajudicial para brindar la ayuda más urgente a las personas de la zona y comenzar con los trabajos de recuperación cuanto antes.
Además, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) impuso multas a Samarco por cinco tipos de daño al medioambiente: contaminar el agua, convertir áreas urbanas en zonas no aptas para su ocupación, causar la interrupción del abastecimiento de agua potable, ser responsable del lanzamiento de residuos (los que se volcaron tras la rotura de la represa) en desacuerdo con las exigencias legales, y provocar la muerte de animales y la pérdida de biodiversidad en el río Doce. La multa impuesta por el Ibama por los cinco conceptos fue el máximo permitido por la legislación: 65 millones de dólares. Además, el ente advirtió que en la medida en que la mancha de lodo y desechos avanzara, sancionaría a Samarco por los daños que fuera causando.
El desastre, que fue calificado por el gobierno de Dilma Rousseff como la peor tragedia medioambiental de Brasil, generó una catarata de acciones judiciales contra las empresas en los tres niveles de gobierno (y de Justicia): municipal, estadual y nacional. Se emprendieron acciones en la Justicia de Minas Gerais (uno de los dos estados afectados por el derrame) y en la de Belo Horizonte, su capital. Ésta última dispuso que las empresas tenían que depositar 260 millones de dólares para garantizar la reparación de los daños, y la de Minas Gerais ordenó que se le retuvieran 78 millones de dólares como medida cautelar, también para asegurar el pago.
Samarco todavía no ha apelado las decisiones que se han tomado en su contra en la Justicia, y sus responsables aceptaron públicamente su responsabilidad y aseguraron que pagarán todos sus compromisos.
La minera brasileña Vale estimó que el desastre le costará unos 443 millones de dólares, y BHP Billiton todavía no estimó cuánto le costará, informó la agencia de noticias Reuters.
La mayoría de los fallos judiciales han coincidido en que hubo negligencia por parte de Samarco, ya sea porque no conocía el estado del depósito que terminó por romperse o porque no lo revisaba de forma periódica. Además, han señalado que Samarco debería haber instalado una alarma sonora para advertir a los pobladores de un deslave. Como no la tenía, la minera se comunicó con la alcaldía y con líderes comunitarios para avisarles, pero los desechos tardaron sólo diez minutos en llegar a los pueblos, y la mayoría de sus habitantes no llegó a enterarse antes.
A esto se agrega un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente que advirtió que el lodo derramado tenía altos niveles de metales pesados y otros productos químicos tóxicos.
En el texto también acusó al gobierno brasileño y a las mineras de haber tomado medidas “claramente insuficientes” y los instó a hacer “todo lo que esté a su alcance para evitar más daños, incluida la exposición [de la población] a metales pesados u otras substancias químicas tóxicas”. Samarco, BHP y Vale salieron públicamente a negar esa información y a asegurar que el vertido no representa un peligro para la salud humana, aunque precisaron que respetan la opinión de las Naciones Unidas.