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San Pablo es el centro de movilizaciones estudiantiles por una educación pública de calidad y para todos.

Estudiantes brasileños mantienen la ocupación de centros educativos en San Pablo desde hace más de un mes. Protestan contra un proyecto de reorganización de la red de enseñanza regional que prevé el cierre de 93 escuelas (de educación primaria y secundaria) y la transferencia de miles de alumnos a otras. El lunes se desocupó uno de esos centros, y está previsto que las desocupaciones continúen, pero los estudiantes prometen seguir movilizados.

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Que los brasileños están disconformes con la situación de la educación no es una novedad, y se trata de un malestar general que en parte deriva de la fuerte crisis económica y política que vive el país. La “patria educadora” que prometió la presidenta Dilma Rousseff en enero, cuando asumió su segundo mandato, se vio empañada por recortes del presupuesto y otras medidas del gobierno que mostraron lo lejos que está Brasil de consolidarse como un país que pretende dar prioridad a la educación.

El descontento se agudizó en San Pablo, donde miles de estudiantes invadieron las calles para protestar contra el plan de reorganización de la red de enseñanza impulsado por el gobernador Geraldo Alckmin, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña.

Todo empezó en setiembre, cuando la Secretaría de Educación del estado de San Pablo anunció la “reorganización” de la educación pública estatal y los estudiantes dejaron claro su rechazo.

El sistema de enseñanza brasileño se divide en tres niveles: dos que pertenecen a primaria (de primero a quinto grado y de sexto a noveno) y el nivel de secundaria. En cada centro educativo, en cada escuela, los tres conviven. La iniciativa del gobernador de San Pablo obliga a los colegios públicos a centrarse en sólo uno de los tres niveles, en vez de mantenerlos mezclados, con el fin de “mejorar la calidad pedagógica”.

La red regional de San Pablo tiene 5.147 escuelas y cuatro millones de alumnos. De aprobarse la reforma, 93 escuelas se verán forzadas a cerrar y 311.000 niños y adolescentes tendrán que ser transferidos a otros centros, en la mayoría de los casos, lejos de sus casas. Alckmin todavía no aclaró cuáles serían las ventajas de su plan, ya que muchas escuelas están superpobladas y la reordenación podría empeorar esa situación.

A las pocas semanas de este anuncio, las principales avenidas de San Pablo se transformaron en el escenario de manifestaciones estudiantiles. Las protestas fueron pacíficas: los jóvenes con banderas y pancartas cortaban el tráfico de las avenidas sentados en pupitres. Algunos cantaban, otro gritaban y algunos incluso bailaban para llamar la atención de un gobierno que no los considera su “prioridad”, según argumentan.

Sin embargo, a principios de diciembre, Alckmin, lejos de tomar una decisión conciliadora, envió a la Policía Militar para “negociar” con los manifestantes, que en su mayoría son menores de edad. Según recogen diarios brasileños, el diálogo con los policías, que llegaron con escudos, chalecos antibalas y porras en las manos fue mínimo. Cuando éstos se dieron cuenta de que los estudiantes no iban a abrir el paso, como la Policía reclamaba, utilizaron bombas de humo y balas de gomas para dispersarlos. Fueron detenidas 30 personas durante la primera semana de diciembre. El gobernador de San Pablo les restó importancia a los incidentes y afirmó que “no es razonable la obstrucción de una vía pública”.

La reivindicación ya había adoptado un nuevo matiz cuando el 10 de noviembre se decidió ocupar el primer colegio. Inspirados en movimientos estudiantiles como el de Chile y alzando la bandera del derecho a la educación, los paulistas desplegaron una oleada de ocupaciones, que llegó a casi 200 centros en su momento más álgido.

Poco a poco, la lucha común forjó una identidad y una estrategia entre los estudiantes, que empezaron a actuar como bloque. La mayoría de ellos, que insiste en rechazar cualquier vinculación político-partidaria, tiene entre 15 y 18 años y se “politizó” durante las manifestaciones por la educación que hubo en junio de 2013, según contó Ana Beatriz Miranda, una de las portavoces de la ocupación, a El Diario.

El viernes 4, luego de que la Policía reprimiera de manera violenta las protestas, y ante una inminente pérdida de su popularidad, Alckmin anunció que “suspendía” el proyecto de reorganización de manera temporal. Sin embargo, los estudiantes mantuvieron las ocupaciones y dijeron que no se irían hasta que el plan no se cancelara de forma definitiva. El miércoles, Alckmin dijo que los estudiantes podrían ser “eventualmente responsabilizados” por casos de vandalismo en las escuelas ocupadas, informó el diario O Estado de São Paulo.

En un comunicado, el gobernador dijo además que los estudiantes están dando “un pésimo ejemplo” y “ponen en riesgo el patrimonio público”. Agregó: “No tienen más razones: es una cosa sin causa”. Al día siguiente, los estudiantes explicaron que el lunes 21 desocuparían los centros educativos porque las ocupaciones ya habían “cumplido su función”. El gobernador tuvo la última palabra, por ahora, y dijo que la discusión sobre la reorganización se hará “escuela por escuela” el año que viene.

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