Junto con la corrupción, la economía fue un tema central en el debate de la campaña para las elecciones del domingo en España. El gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), argumenta que ha logrado superar la herencia que le dejó el anterior, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sin “dejar gente por el camino”, mientras que la oposición insiste en que hubo una pérdida de derechos de los ciudadanos durante su administración.
El desempleo, que abarca a 21,2% de la población activa, ha sido en los últimos años la principal preocupación de la mayoría de los españoles. Bajarlo y mantener las medidas de protección social -educación, salud y ayuda a personas dependientes- son los principales ejes económicos de la discusión electoral. Existen claras diferencias en las recetas para atacar los dos problemas, y las encuestas indican que de las urnas saldrá un “parlamento plural”, por lo que se haría necesario buscar acuerdos entre partidos para formar un gobierno estable.
Además de resaltar los logros de Rajoy, el programa del PP propone la constitución de un fondo de capitalización para los trabajadores que incluya la indemnización por despido y elevar las exoneraciones que reciben los empresarios por tener en regla a sus trabajadores.
Por su parte, el PSOE promete derogar la reforma laboral del PP -que según el partido de centroizquierda implicó la precarización del empleo-, y también suprimir las bonificaciones a la contratación y reducir los contratos temporales de empleo.
Ciudadanos tiene como principal propuesta el establecimiento de un contrato laboral único con indemnización creciente en caso de despido. El contrato único eliminaría otros que son temporales y premiaría con indemnizaciones mayores la permanencia de las personas en el puesto de trabajo. Sin embargo, tanto Podemos como el PSOE han criticado que el tipo de contratación propuesta por el partido encabezado por Albert Rivera sólo busca beneficiar a las empresas, al abaratar el costo de los despidos.
En materia impositiva, el PP se compromete a bajar la tasa mínima del IRPF de 19% a 17% y la máxima de 45% a 43%, favorecer con medidas fiscales el ahorro y evitar el no pago de impuestos por parte de grandes patrimonios.
El PSOE, a su vez, se compromete a no subir impuestos a la clase media y crear una nueva tasa social solidaria que grave las rentas y el patrimonio y que sirva para pagar las pensiones. Por su parte, Ciudadanos sugiere un IRPF progresivo y un impuesto a las sociedades jurídicas con una tasa única de 20%.
Antes y después
El domingo se cierra un período de gobierno en el cual la economía ocupó el centro del debate y las políticas de gobierno. La dinamización del mercado laboral y el ajuste fiscal marcaron la política económica de los últimos cuatro años, en un contexto en el cual la economía española llegó a contraerse más de un 3% interanual y la tasa de desempleo superó 26%. El telón de fondo fue duro: crisis del euro, endeudamiento excesivo de varios países de la región y varias economías “rescatadas” que amenazaban con contagios a España.
Rajoy resalta la mejoría de las cifras macroeconómicas y el regreso a la creación de empleo. Además, el presidente del gobierno se ha jactado en varias oportunidades de que todo eso se logró sin destruir el estado del bienestar, sin tocar las pensiones y con menos desempleados que en el gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero. A eso se suma, tras unos años de gran incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal y la solvencia de los bancos españoles, el riesgo país en los mercados financieros es mínimo y se prevé que el Producto Interno Bruto [PIB] va a alcanzar pronto los niveles previos a la crisis.
Los analistas coinciden en que el PIB español cerrará este año con un incremento de 3,2% y pronostican que el próximo año el crecimiento será de 2,7%, cifras nada despreciables y en las que se apoya el gobierno conservador para reclamar el voto de los ciudadanos. Este crecimiento, sin embargo, está impulsado por el consumo privado, lo que genera preocupación en muchos. En el tercer trimestre, las inversiones en capital fijo se desaceleraron y, sin embargo, las ventas minoristas registraron un aumento récord, lo que alimenta los temores de que se repita el mismo tipo de crecimiento que llevó al país a la crisis. La creación de empleos, los bajos precios de los combustibles y las tasas de interés cercanas a cero, impulsan a los hogares españoles a la compra de bienes durables, en particular a la compra de automóviles cero kilómetro.
Otro de los riesgos latentes tiene que ver con la deuda pública. La deuda bruta de las administraciones públicas de todo el país alcanzó 99,3% del PIB. Durante el tercer trimestre de 2015, la deuda creció 4,1% respecto del segundo trimestre del año, y 0,9% respecto del primero. Según pronósticos de la Comisión Europea, la deuda pública española cerrará este año en 100,8% y llegará a 101,3% en 2016. El umbral recomendado por la Comisión Europea es de 60%.
España continúa entre los países con más desequilibrios de la Unión Europea, al superar, igual que el año pasado, los umbrales máximos en cinco indicadores que la Comisión Europea utiliza para detectar riesgos: desempleo, deuda pública y deuda privada, deuda externa, cuota de mercado mundial de sus exportaciones y posición neta de inversión internacional.
La oposición le recuerda al gobierno conservador que las estadísticas también dicen que aunque se haya empezado a crear empleo, éste es más precario y peor pago, cada vez hay más pobres y bajó el ingreso medio de las personas. Además, España ha podido competir a partir de un tipo de cambio favorable, pero desde 1985 la productividad experimenta un estancamiento. Otro dato: en 2013 el país se situó a la cabeza en abandono escolar temprano en Europa. De los jóvenes de 18 a 24 años, 23,5% dejaron sus estudios tras completar la educación obligatoria o antes de graduarse, el doble de la media comunitaria, situada en 11,9%.