En febrero la Contraloría General boliviana denunció que el Fondo Indígena envió unos diez millones de dólares para la ejecución de 152 proyectos que no fueron concretados, y que ese dinero había sido desviado a cuentas bancarias particulares, varias de ellas de dirigentes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). En ese entonces el gobierno ordenó la intervención del Fondo Indígena por seis meses, y su cierre posterior. La intervención fue realizada por Larisa Fuentes, quien seis meses después presentó un informe en el que identifica varios proyectos “fantasmas” (que nunca fueron ejecutados) y varios inconclusos, que han causado un presunto daño económico de casi 15 millones de dólares. La investigación fue heredada por el Ministerio Público, que disminuyó el tamaño de la denuncia: 49 obras fantasmas que habrían causado un perjuicio al Estado de casi siete millones de dólares, según se informó este fin de semana.
En los últimos meses hubo varias detenciones y algunas imputaciones en el marco de la investigación de la Fiscalía. Entre los imputados está Julia Ramos, quien fue ministra de Desarrollo Rural y Tierras en 2009 y es dirigente de una agrupación local de mujeres campesinas. El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, informó en una conferencia de prensa este fin de semana que Ramos es acusada de incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, por haber recibido en una cuenta personal casi tres millones de dólares que habían sido adjudicados a 28 proyectos que no fueron llevados a cabo.
Entre los imputados por delitos similares figuran los senadores Jorge Choque y Felipa Merino, que se habrían quedado con medio millón de dólares (cada uno) que también estaban destinados a proyectos que no se concretaron, y están en prisión domiciliaria. Están en una situación similar la presidenta de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, Melva Hurtado, y los dirigentes de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Remy Vera (afín al gobierno) y Damián Condori (opositor).
No tan limpio
Dirigentes opositores dijeron a medios de comunicación bolivianos que el dinero desviado del Fondo Indígena fue a parar a las campañas electorales del MAS con conocimiento del presidente, extremo que fue desmentido por el oficialismo.
Además, diputados de la oposición reclamaron que se detenga a otras dos dirigentes campesinas vinculadas al oficialismo: Nemesia Achacollo, quien sucedió a Ramos al frente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y renunció tras el informe de la interventora, y Felipa Huanca, quien fue la candidata del MAS para el gobierno de La Paz.
El diputado opositor Eusebio Cordero aseguró que “no se detuvo a los verdaderos responsables de los proyectos fantasmas. Entre los culpables están Nemesia Achacollo y Felipa Huanca, quienes no están aprehendidas”. Por su parte, el también diputado opositor Rafael Quispe dijo que se está haciendo “una cacería de brujas” mientras “los verdaderos responsables” siguen libres, en alusión a Achacollo, Huanca y el propio presidente Evo Morales.
Las acusaciones contra Achacollo llegaron incluso desde el oficialismo: la ex ministra Ramos dio una entrevista telefónica desde la prisión a la Agencia de Noticias Fides en la que preguntó “¿Quién la protege?”, si ella es “la responsable de todo”.
El gobierno aseguró que la Justicia boliviana tiene total independencia para investigar al oficialismo. “La Justicia tiene que actuar de manera independiente, sin ningún tipo de influencia de nadie. No se olviden de que quien denunció el tema fue el gobierno”, dijo en este sentido el vicepresidente Álvaro García Linera.
Por su parte, Guerrero descartó que la política se esté involucrando en la investigación o que haya una persecución política: “Aquí se está persiguiendo a los delitos de corrupción, los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; es gente que ha recibido dinero en cuentas particulares”, sostuvo. Además, aseguró que se convocará a declarar a quien sea necesario, “en el marco objetivo del Ministerio Público, y no a pedido de una persona o particular”.