El plazo acordado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC para ponerle el punto final a uno de los conflictos armados más largos de Latinoamérica obliga a los mediadores a acelerar el proceso. El domingo se anunció desde Cuba el cierre del punto “Reparación o compensación a las víctimas del conflicto armado en Colombia”, uno de los pilares del pacto, que además de la reparación incluye la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
Ayer, voceros del gobierno y de la guerrilla expresaron su satisfacción por un acuerdo “trascendental” que constituye un “paso importante” para la paz. “Ya casi estamos seguros de que esto es irreversible”, declaró el guerrillero Marcos León, alias de Luis Alberto Albán, miembro del equipo negociador de las FARC. También aseguró que, junto a este acuerdo, se va a “promulgar la jurisdicción especial para la paz”, enfocada en los “delitos de lesa humanidad” y los “crímenes de guerra”.
Los detalles del acuerdo se darán a conocer hoy, en una “ceremonia solemne” que se realizará en La Habana y que, además, contará con la presencia de una delegación “representativa” integrada por diez víctimas del conflicto, según informa la agencia de noticias Efe. En ese acto intervendrán los jefes negociadores -Humberto de la Calle por el gobierno colombiano e Iván Márquez por las FARC-, y se firmará el documento del acuerdo sobre víctimas, al que se llegó tras una discusión de más de un año, que incluyó la participación directa de personas que se vieron afectadas. Aunque uno de los aspectos incluidos en este apartado es el sistema de justicia transicional que se aplicará a quienes cometieron delitos en el marco del conflicto, los mediadores evitaron dar pistas hasta la conferencia de hoy.
Con la firma de este acuerdo, sólo queda por cerrar el punto relativo al fin del conflicto -que incluye, entre otras cosas, el alto el fuego bilateral y definitivo y el mecanismo de legitimación del acuerdo final-, tópico discutido hace meses por una subcomisión técnica integrada por altos mandos militares colombianos y guerrilleros.
Baja tensión
Las dos partes involucradas trabajan desde hace meses para disminuir la intensidad del conflicto y “humanizarlo”. Hace una semana, una delegación de las FARC visitó Bojayá, al oeste del país, y en un acto público pidió perdón por la muerte de 79 personas por el impacto de una de sus bombas contra la iglesia del pueblo, hace 13 años. Entre quienes murieron ese día había casi 50 niños, y más de 100 personas resultaron heridas.
“Pesa entre nosotros el dolor desgarrado que las afecta a todas y todos ustedes, hemos reconocido el hecho y reafirmamos un hondo pesar por el resultado nunca buscado y querido”, dijo el guerrillero que lideró la delegación, Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape. “Sabemos que estas palabras, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no reparan lo irreparable ni devuelven a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borran el sufrimiento causado […] Ojalá algún día seamos perdonados”, agregó. Ese mismo día, la líder de la comunidad, Delis Palacios, señaló que a los habitantes del pueblo “no les interesa” el perdón “de dientes para afuera ni para hacer show mediático”, sino que desean que las FARC “cambien su accionar” para generar “un proceso que lleve a construir lazos de confianza”.
En un comunicado, la comunidad de Bojayá solicitó medidas de reparación, cuyo cumplimiento debe ser garantizado por el Ministerio del Interior colombiano y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entre las solicitudes, destacan la identificación de los restos de las víctimas, la atención médica a los sobrevivientes, proyectos de educación superior y la construcción de un centro de memoria en el lugar donde estaba la iglesia en la que cayó el explosivo de las FARC.
El gobierno colombiano, por su parte, concedió hace menos de un mes el indulto a 30 guerrilleros de las FARC presos que no cometieron “delitos graves” y prometió encargarse de examinar las condiciones de 106 guerrilleros con graves problemas de salud que continúan recluidos.
Entre las medidas generales adoptadas hasta ahora por las partes se encuentran acuerdos para el desminado, otros para que los campesinos pobres accedan a las tierras, para la búsqueda de desaparecidos y para la lucha contra el narcotráfico. A esto se agregan medidas como la prohibición de reclutamiento de menores por parte de las FARC, la tregua unilateral de la guerrilla y la suspensión de los bombardeos a sus campamentos por parte del gobierno.