El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país a asumir “un mayor compromiso en la defensa de la constitucionalidad”, y dijo que es necesario tener “un dictamen, una opinión, una orientación” de esa corte ante las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
El lunes, Estados Unidos anunció que había aumentado la lista de funcionarios y ex funcionarios venezolanos que no podrán obtener visas para viajar a ese país. Esa lista está integrada por personas que han sido denunciadas por organizaciones civiles y opositores de no respetar los derechos humanos o de actos de corrupción. Los nombres no se dieron a conocer oficialmente, pero según la prensa estadounidense, entre ellos están los del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el del vicepresidente, Jorge Arreaza, el de la fiscal general, Luisa Ortega, y el del ex ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres.
Maduro instó al TSJ a promover “un debate entre instituciones judiciales, Cortes Supremas, poderes judiciales de toda Sudamérica” para “avanzar mucho más en desmontar el pretendido derecho internacional imperial”. Pidió, además, que se lleve esta propuesta al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cuyo país tiene la presidencia temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para que el debate se desarrolle en ese ámbito.
El mandatario aseguró que desde Estados Unidos se pretende “dictar justicia” tanto en Venezuela como en otros países sudamericanos. “No dejemos que ese imperio pretenda o se crea con el derecho a sancionar a la patria de Bolívar, a amenazar a la patria de Bolívar; en esta hora, Venezuela necesita un poder judicial anti imperialista”, dijo.
Además, aseguró que los venezolanos opositores que viven en Miami son traidores a la patria, porque pidieron al gobierno estadounidense que aumente las sanciones y declare a Venezuela un “narcogobierno”. Maduro se refería al grupo llamado Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, que pidió en una carta a los senadores republicanos Bob Menéndez y Marco Rubio que el gobierno de Venezuela sea declarado así por “patrocinar” y “estimular” el narcotráfico en la región. El grupo acusa al gobierno venezolano de haber mantenido en sus cargos a jerarcas acusados de tener vínculos con el tráfico de drogas, informó la agencia de noticias Efe.
El diario español ABC informó a fines de enero que en Washington se está llevando adelante una investigación sobre presuntos nexos de Cabello con el narcotráfico basada en las declaraciones de un ex militar venezolano, Leamsy Salazar, quien supuestamente fue jefe de seguridad de Cabello. La Asamblea Nacional negó esas acusaciones y Cabello anunció que demandará a ABC, y además aclaró que Salazar fue parte de su escolta, pero no el jefe.