Hoy se instalará en la Cámara de Diputados brasileña la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI por sus iniciales en portugués), que se encargará de realizar una investigación paralela a la judicial sobre el escándalo por una presunta red de corrupción en Petrobras, develada en la operación conocida como Lava-Jato.
La CPI no está totalmente integrada. Sólo se designó a 15 de los 27 diputados que la integrarán, diez de los cuales recibieron 1,9 millones de reales (unos 650.000 dólares) en donaciones de campaña por parte de al menos una de las empresas que, según la investigación judicial, pagaron sobornos a funcionarios de Petrobras. Las empresas investigadas, entre las cuales están las ocho constructoras más grandes de Brasil, donaron en las últimas elecciones 50 millones de reales (unos 17 millones de dólares) a 243 integrantes del Congreso brasileño.
Entre los integrantes de la CPI que recibieron donaciones de estas empresas está su presidente, Hugo Motta, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, cuya campaña estuvo financiada en un 60% por recursos de dos de estas empresas. También el relator de la investigación, Luiz Sérgio, del Partido de los Trabajadores, recibió este tipo de donaciones para costear 40% de su campaña.
El oficialismo intentó evitar la instalación de la CPI, pero lo único que logró fue retrasarla, por lo que la CPI tendrá una demora importante respecto de los avances judiciales y comenzará su investigación mientras el país sufre de pleno las consecuencias económicas y políticas del escándalo.
En este sentido, la calificadora de riesgo Moody’s rebajó la nota de Petrobras y la dejó en el grado conocido como “bono basura”. Analistas consultados por medios brasileños señalaron que es posible que la agencia Moody’s decida, a continuación, bajar la calificación de Brasil, que actualmente es de grado inversor. Moody’s es la primera de las tres grandes agencias que revisa su calificación de Petrobras.