El diputado más votado del estado de Río de Janeiro, Jair Bolsonaro, fue el primero en oficializar el pedido de juicio político contra Rousseff. Desde hace algunas semanas, movimientos sociales y políticos estaban manejando esta posibilidad, pero fue Bolsonaro, un militar retirado que pertenece al Partido Progresista, el primero en tomar la iniciativa formal y desde el propio Parlamento.
La mayoría de los partidos políticos brasileños adelantó en las últimas semanas que no respaldará un juicio político contra la mandataria, aunque una minoría de sus integrantes sí lo hace; el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, señaló que impediría el tratamiento de una iniciativa de estas características en la cámara, e incluso ayer dos de los grandes diarios conservadores, Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo, se pronunciaron contrarios a este procedimiento.
Bolsonaro justificó su pedido de juicio político sosteniendo que Rousseff recibió parte del dinero desviado de Petrobras. En la investigación que se está llevando adelante a partir de las declaraciones de ex directores de la empresa petrolera -que si aportan información certera recibirán una reducción de la pena por los delitos cometidos- apareció el nombre de Rousseff. La teoría de los investigadores es que las empresas involucradas en el escándalo pagaban a los políticos que las habían beneficiado de forma directa pero también mediante donaciones a sus campañas, y Rousseff recibió estas donaciones en su primera campaña presidencial, en 2010. Sin embargo, la propia Procuraduría reconoció que no tiene elementos suficientes como para investigar a Rousseff.
Sensaciones profundas
Un millón de personas en San Pablo, casi 50.000 en Brasilia, 30.000 en Porto Alegre y unas 15.000 en Río de Janeiro son algunas de las cifras que dieron a conocer las autoridades acerca de las movilizaciones de ayer. “Privatización de Petrobras ya” o “El 31 de marzo está cerca... Vamos a repetir 1964”, en referencia a la fecha del golpe de Estado, fueron pancartas que se vieron durante la movilización, pero no eran las dominantes entre quienes salieron a las calles. El factor común de la movilización era la desazón generada por la situación económica y la corrupción en Petrobras. La situación económica se percibe como dramática en Brasil: a la falta de crecimiento desde 2014 se sumó el aumento sostenido de la inflación, que en febrero fue de 7,7% (respecto de febrero de 2014), la tasa más alta desde mayo de 2005 y muy por encima de la meta oficial, de 4,5%. Además, el real está perdiendo valor y hace sólo unos días superó la barrera psicológica de tres reales por dólar, algo que no sucedía desde 2004.
El gobierno ha tomado medidas para paliar la situación (como aumentar los impuestos a algunos productos y recortar programas sociales) e intenta adoptar un ajuste fiscal, aunque encuentra resistencias en un Congreso que se le presenta adverso.
El escepticismo sobre el futuro económico alcanza a la población. O Estado de São Paulo publicó un análisis comparativo sobre los temores del electorado brasileño durante los gobiernos de los últimos tres presidentes, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff. Según ese comparativo, más de 80% del electorado brasileño tiene miedo de que aumenten los precios (el mayor porcentaje en los últimos años), y más de 60% teme que aumente el desempleo (porcentaje sólo superado por algunos períodos del gobierno de Cardoso). Además, la tasa de gobernabilidad (que se obtiene con el respaldo del Congreso a los proyectos del Ejecutivo) es la más baja desde el primer gobierno de Lula, aunque alcanza 70%, y el “núcleo duro” del gobierno en la Cámara de Diputados (que se logra con el porcentaje que representan los diputados que siempre respaldan al Ejecutivo) es el más bajo: 30% para este gobierno de Rousseff, menos de la mitad de lo que tenía en su anterior mandato.
El gobierno no hizo ayer comentarios sobre las manifestaciones, aunque Rousseff estuvo en comunicación con asesores e integrantes del gabinete. Se espera un pronunciamiento en las próximas horas, pero en la previa en el oficialismo había distintas percepciones sobre la movilización: mientras que el número dos de la bancada de diputados del Partido de los Trabajadores, Carlos Zarattini, aseguraba que estas manifestaciones son un “test para ver el efecto del inmenso despliegue de publicidad negativa en las redes sociales y en la gran prensa”, el ministro de Comunicación, Ricardo Berzoini, admitía que el gobierno ha cometido errores de comunicación a la hora de informar acerca de la situación económica y del escándalo de Petrobras.