La presidenta chilena, Michelle Bachelet, presentó ayer un instructivo llamado “Buenas prácticas en materia de declaración de intereses y de patrimonio”. De ser aprobado por el Parlamento, obligará a los funcionarios públicos que ocupan altos cargos a declarar sus intereses y bienes al momento de asumir el puesto y los que tenían dos años antes.
Además, Bachelet impulsa mayor control patrimonial para los presidentes. De esta forma busca calmar el descontento que crece en la población debido a los sucesivos casos de corrupción descubiertos.
Primero fue el “caso Penta”, que involucra a figuras de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI). A éste se sumó el “caso Caval”, por el que Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet, renunció a un alto cargo en la Presidencia. Se lo acusó de tráfico de influencias por haber negociado para la empresa de su esposa un préstamo millonario que se adjudicó justo después de la victoria de Bachelet en las urnas.
El último es el “caso Soquimich”, un entramado de empresas que inflaba el valor de sus acciones y financiaba actividades políticas. Este caso involucra tanto a dirigentes de la coalición de gobierno, Nueva Mayoría, como de la opositora Alianza por Chile. Como si fuera poco, se sospecha que el organismo de control impositivo, Servicio de Impuestos Internos (SII) -que ya fue cuestionado por el caso Penta- no actuó para destapar en su totalidad el caso Soquimich y que frena la investigación de la Fiscalía.
El caso Penta había destapado un mecanismo que servía para reducir impuestos y, posiblemente, para financiar actividades de la UDI, mediante una falla en el sistema de la SII y la actuación de un funcionario corrupto. Por este asunto la Fiscalía convocó a declarar ayer (sin obligación de concurrir debido a sus fueros parlamentarios) a los senadores de la UDI Iván Moreira y Ena von Baer.
Ante la indignación y la desconfianza respecto de los políticos que generan estos casos, Bachelet anunció ayer sus medidas. La primera, que implica a unos 4.000 altos funcionarios chilenos, los obligará a dar cuenta de todos sus bienes con tasación fiscal, de las acciones en su poder y de las deudas que tengan.
“La transparencia debe empezar por casa, por ello junto con este instructivo estamos enviando hoy al Congreso un proyecto de reforma constitucional para que los presidentes y presidentas de la República estemos obligados a presentar declaraciones de patrimonio e intereses de por vida, y yo seré la primera en dar cuenta al país a partir de este nuevo estándar”, dijo Bachelet. “Hoy debemos poner al servicio público la vara ética más alta, que dignifique el quehacer público y restituya los lazos de fe con nuestros legítimos mandantes, que son todos nuestros compatriotas”, agregó.
Este anuncio llega quizá un poco tarde, ya que en las redes sociales chilenas circula la indignación por estos escándalos y se está convocando a marchas de protesta en distintos lugares del país. Una ya se desarrolló el lunes en la ciudad de Concepción, al grito de “que se vayan todos”. Para el sábado se convocó otra movilización, que partirá de la casa de gobierno, La Moneda, y también se llamó a manifestar en todas las ciudades del país. A éstas se suman otras convocatorias. Por ejemplo, para el miércoles hay otra protesta nacional que se llama “la marcha de los choreados [los hartos]”.