“La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la Justicia y con fines de castigo e investigación”, dice el resumen del informe que presentó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre tortura, Juan Méndez, durante el 28º período de sesiones ordinarias del Consejo de Derechos Humanos que se está celebrando en estos días. Con fecha del 29 de diciembre, ese trabajo, fruto de una visita que Méndez hizo a México del 21 de abril al 2 de mayo, agrega que el gobierno mexicano debe, con la asistencia de “la comunidad internacional”, trabajar para “revertir la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas”.
El texto también señala, en sus conclusiones, que “hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
Durante la audiencia, Jorge Lomónaco, el representante de México ante los organismos internacionales en la ciudad suiza de Ginebra, donde el Consejo tiene su sede, aseguró que la afirmación de que la tortura es generalizada no es cierta.
“Deseamos reiterar ante este Consejo que no podemos compartir una aseveración como la que propone el relator, en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en el país, ya que no se corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica una cultura de respeto a los derechos humanos, los que, por cierto, han sido acompañados en gran medida por la ONU”, dijo el diplomático mexicano.
De acuerdo con Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, México vive la peor crisis de derechos humanos de toda América Latina, publicó el diario mexicano La Jornada.
La activista aseguró que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no puede sorprenderse o alegar desconocimiento por el contenido del informe de la ONU, porque es una situación que se ha denunciado de manera sistemática desde diversos ámbitos.
En una conferencia de prensa, Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, y otros integrantes de esa organización calificaron como “preocupante” que el gobierno niegue “la realidad” sobre tortura.
El informe de Méndez, que también “expresa su extrema preocupación” por lo ocurrido en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes, también dice que el gobierno “reconoce la necesidad de fortalecer las salvaguardas” y que en ese marco “se ha fortalecido la normativa”.
Además, según consta en la página del Consejo de la ONU, el relator explicó que si se habló de prácticas “generalizadas” fue porque se reportó que el Estado y las fuerzas municipales están “usando niveles similarmente altos de tortura”, y reiteró que aunque México está haciendo “esfuerzos concertados para mejorar la situación”, ésta “deja mucho que desear”.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, reiteró que en el informe hay afirmaciones que no guardan “congruencia”. “Mantenemos la convicción plena de erradicar este fenómeno, de consolidar los avances que tenemos y hacer lo necesario para que la tortura en México sea cosa del pasado”, dijo, y pidió al relator “documentar sus dichos”.