Aristegui dijo ayer a sus colegas que su despido de la radio es “algo planeado con mucha anticipación”, “recursos” y “poder”. Anunció que va a definir los pasos a seguir con el resto de su equipo y con sus abogados, pero que según estos últimos, lo que le sucedió no es legal. También dijo estar dando “una batalla por la libertad de expresión” y que su país está viviendo bajo un “vendaval de autoritarismo”.
El conflicto laboral entre Aristegui y MVS Radio surgió la semana pasada, cuando el equipo de Aristegui anunció que se sumaría a Mexicoleaks, una herramienta -basada en una página web encriptada- mediante la cual cualquiera puede filtrar a los medios asociados documentos sobre actos de corrupción y otros delitos vinculados con el gobierno y los centros de poder mexicanos. La radio respondió despidiendo a los periodistas Daniel Lizárraga e Irving Huerta, coordinador de investigaciones especiales y reportero, respectivamente. Según el medio, estos dos cercanos colaboradores de Aristegui habían perdido su confianza por vincular a la radio con Mexicoleaks, sin autorización previa por parte de la dirección de la radio. Pero esto no fue aceptado por Aristegui, que exigió al aire que sus colaboradores fueran reintegrados a la radio el viernes. “Tanto Lizárraga como Huerta son piezas fundamentales en investigaciones periodísticas en curso”, explica la página Aristegui Noticias. Pero ayer MVS Radio emitió un comunicado en el que anuncia el despido de Aristegui, al que se le reprocha una “actitud individualista” en detrimento del resto de sus colaboradores, por exigir “privilegios”. El medio aseguró, además, que la libertad de expresión de sus periodistas es total.
Sin embargo, el propio ómbudsman de MVS Radio, Gabriel Sosa Plata, criticó la decisión de la empresa y señaló que no debió tomarla sin tener en cuenta a la audiencia, que manifestó su descontento en las redes sociales. Además, señaló que la radio publicó el domingo las nuevas condiciones de trabajo que rigen desde ayer para sus periodistas, algo que implicaba imponerle a Aristegui condiciones “simplemente inaceptables por dignidad profesional y por cambio unilateral a su contrato” firmado en 1999. El defensor también destaca que este cambio de condiciones afecta a otros periodistas y “parece una grave omisión, contraria a la Constitución”.
Hace unos meses, Aristegui había revelado, en su programa matutino, Noticias MVS, la existencia de la llamada Casa Blanca, en la que vivían el presidente, Enrique Peña Nieto, y su esposa, Angélica Rivera, quien era la propietaria de la residencia. El Grupo Higa, contratista del gobierno, era el que se encargaba de financiar la mansión y seguía siendo oficialmente el dueño del lujoso inmueble, valuado en siete millones de dólares. La investigación obligó a que Rivera vendiera la casa y diera explicaciones sobre el asunto. De forma general, Aristegui y su equipo venían marcando una línea dura de enfrentamiento con el gobierno y la corrupción enquistada en los centros de poder de México.