La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que comenzará en setiembre un “proceso constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana”. La mandataria había prometido en su campaña electoral una nueva Constitución que sustituyera a la actual, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet, en 1980.
Bachelet dijo que eso se “completará de manera natural” con una serie de medidas anticorrupción que anunció en cadena nacional. Esas medidas responden a varios escándalos que salpican al oficialismo, a la oposición y a grandes empresas. Según la radio Cooperativa, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Salas, dijo que las reformas del gobierno de Bachelet ya generan inseguridad en las empresas, y que “sumar ahora la tremenda incertidumbre de una reforma constitucional causa gran inquietud en los actores económicos, con lo que podría verse aun más afectada la inversión”.
Dirigentes opositores también criticaron la iniciativa de Bachelet. Sin embargo, la mandataria, con 30% de aprobación a poco más de un año de asumir, jugó una carta clave con una iniciativa que recibe el apoyo ciudadano.