Desde hace décadas existen en Chile organizaciones civiles y medios de izquierda que denuncian que Edwards colaboró con la dictadura de Augusto Pinochet. El año pasado, la desclasificación de una serie de documentos en Estados Unidos permitió que se descubriera que Edwards recibió fondos de la CIA.
La investigación al respecto comenzó después de que varios periodistas presentaran una denuncia ante el Tribunal de Ética y Disciplina contra Edwards referidas a dos hechos que los documentos desclasificados parecen confirmar. La primera refiere a la financiación de la CIA. Edwards viajó a Estados Unidos al día siguiente a la victoria electoral de Salvador Allende, en 1973, y se reunió con el jefe de la CIA, Richard Helms. Luego recibió de esa agencia de inteligencia estadounidense dos millones de dólares a cambio de “transformar al periódico [El Mercurio] en la punta de lanza de diversas acciones comunicacionales destinadas a preparar un escenario propicio para la intervención militar”, según la denuncia.
En su conclusión, el Tribunal de Ética señala que los documentos desclasificados dejan claro que la CIA consideró que El Mercurio no podría sobrevivir financieramente en el gobierno de Allende -que entre otras cosas le retiró la publicidad oficial- y por eso lo financió en reiteradas oportunidades. Los documentos reflejan, según el fallo del Colegio de Periodistas, que Edwards “estableció una estrecha colaboración con el gobierno de Washington y su principal organismo de espionaje y ‘acciones encubiertas’ de aquellos años, la CIA”.
Durante la dictadura El Mercurio mantuvo “una política sistemática […] de apoyo y encubrimiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura, escrita como una de las páginas más oscuras de la historia del periodismo nacional”, sostiene la denuncia. El fallo del Colegio de Periodistas establece que “fue sistemática la complicidad del periodista colegiado Edwards, y de la cadena El Mercurio ante la persecución que sufrían sus colegas”, y agrega que, entre otras cosas, “asumió como práctica rutinaria la fabricación de noticias falsas […] para encubrir asesinatos a sangre fría”.
A esta colaboración con la dictadura se refiere el segundo hecho denunciado ante el Colegio de Periodistas. El 9 de abril de 1987 el papa Juan Pablo II recorrió el Parque O’Higgins, en Santiago, y hubo disturbios. Bajo el título “Identificados Violentistas del PC [Partido Comunista] en el Parque”, El Mercurio publicó un fotomontaje en el que las caras de dos jóvenes aparecían destacadas con un círculo. Se trataba de Enrique Barra Stuckraht y Jorge Ernesto Jaña Obregón, que fueron detenidos por los organismos de seguridad de la dictadura y torturados durante siete días, hasta que fueron llevados ante un juzgado militar que los absolvió por falta de pruebas.
En el marco de una causa judicial posterior se reveló que Edwards ordenó realizar ese fotomontaje, para que la dictadura tuviera argumentos para detener a los dos jóvenes, a los que quería interrogar, y que ni siquiera habían asistido al acto en el Parque O’Higgins. Sin embargo, Edwards fue sobreseído. El periódico no informó sobre la absolución de los jóvenes ni sobre las investigaciones judiciales posteriores sobre lo que hizo Edwards.
A partir de entrevistas, revisión de documentos y consulta de testimonios, el Colegio de Periodistas concluyó que Edwards debía ser expulsado por colaborar en la desestabilización de un gobierno, faltar a la verdad en calidad de periodista y dueño de un medio de comunicación, y por violar las normas de esa organización “sobre defensa de la libertad de expresión y prestación de ayuda a aquellos profesionales que fueron perseguidos”.
La presidenta del gremio, Javiera Olivares, dijo que en el plano simbólico esta decisión es un “hito histórico” porque sanciona a un director y a la vez dueño de un medio de comunicación que ayudó a la dictadura a encubrir sus crímenes y “silenció atentados a los derechos humanos”. Edwards tiene tiempo hasta la semana que viene para apelar la decisión. Si no lo hace, la decisión quedará firme.
Edwards no se pronunció sobre la sentencia, pero su abogado, Miguel Schweitzer, publicó un comunicado en El Mercurio en el que sostiene que el Colegio de Periodistas recurre a consideraciones ideológicas para solicitar su expulsión, y que el caso de los dos jóvenes inculpados en la portada de El Mercurio se trató sólo de un error y no de “una maniobra de desinformación”. El comunicado concluye que el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas “transgrede gravemente principios básicos del derecho”, lo cual “le resta todo peso ético”.
En su decisión, el Colegio de Periodistas subraya que los documentos desclasificados el año pasado desmienten las declaraciones que Edwards hizo bajo juramento ante el juez Mario Carroza en setiembre de 2013, en el marco de una investigación judicial sobre los “instigadores” civiles del golpe de Estado, en la que Edwards fue indagado. La causa contra el dueño de El Mercurio no prosperó porque éste reconoció que estuvo en contacto con la CIA pero negó haber recibido dinero de ese organismo, una condición necesaria para que avanzara la indagatoria en su contra.