Saber todo lo que se digita en un teclado, captar las comunicaciones y los datos digitales en un perímetro específico, poner micrófonos en domicilios y vehículos, e incluso captores GPS en estos últimos, o “cajas negras” en los centros de datos de los proveedores de internet para recolectar todos los datos. Todo eso y más es lo que autoriza -sin requerir la orden previa de un juez- el proyecto de ley sobre inteligencia presentado el lunes ante la Cámara de Diputados francesa y que debe regir el trabajo de las seis agencias de inteligencia del país. Se prevé que la norma sufra algunos cambios antes de ser aprobada, pero ya cuenta con el apoyo de los diputados del gobernante Partido Socialista y los de la opositora Unión por un Movimiento Popular, por lo que su aprobación está asegurada.
El encargado de defender la norma fue el primer ministro, Manuel Valls, algo que no es lo habitual y que muestra la importancia que le da el gobierno al asunto. Aunque la norma estaba prevista desde hace tiempo, se está tratando en un contexto particular, después de los ataques contra el semanario Charlie Hebdo y la toma de rehenes en un supermercado judío. Estos ataques expusieron en enero los límites del trabajo de la inteligencia francesa, que no pudo prever que los tres responsables de esos hechos, de los cuales tenían datos la Policía y la Justicia, estaban preparando una acción de ese tipo. En alguna medida, lo que lo impidió fue que se comunicaban mediante las esposas de dos de ellos, que no eran sospechosas. En ese marco, las encuestas de opinión pública muestran que los franceses están dispuestos a renunciar a algunas de sus libertades en pos de mayor seguridad.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, diversos organismos de control estatal o independientes, y también jueces antiterroristas, advierten sobre los riesgos del proyecto de ley en debate. Es sabido que muchas de las impresionantes medidas de vigilancia que estipula el texto ya se están utilizando, en algunos casos ilegalmente, porque los servicios secretos franceses han actuado históricamente con opacidad y porque la última actualización legislativa al respecto se hizo en 1991, cuando las posibilidades tecnológicas eran muy distintas.
Los dos puntos que más inquietud han generado son la falta de control a la hora de implementar medidas de vigilancia, que pueden implicar aplicarlas sin el aval previo de un juez, y la posibilidad de desplegar una vigilancia indiscriminada. Las tecnologías más polémicas que podrían ser usadas son el IMSI-catchers -dispositivo portátil que permite captar todas las comunicaciones en un perímetro de 500 metros o un kilómetro a la redonda- y las cajas negras, que de ser instaladas en los centros de datos de los operadores de internet, recolectarán metadatos de forma masiva (las páginas visitadas, remitentes y destinatarios de correos electrónicos, lugares de conexión, tiempo de comunicación, etcétera) para poder detectar comportamientos sospechosos.
Se argumenta que la implementación de medidas de espionaje ya no dependería de un juez, porque así se agilizaría el trabajo de inteligencia. Una comisión consultiva podrá dar su opinión y, en caso de abusos, denunciarlos, pero la decisión final quedará en manos del primer ministro de turno.
Acerca del carácter masivo de algunas medidas previstas (en particular las cajas negras para la vigilancia de internet), que denuncia la sociedad civil, el gobierno asegura que la recolección indiscriminada de información se hará con máquinas, mientras que para el espionaje como tal y la recolección de los contenidos de comunicaciones de objetivos y personas definidos será necesaria una autorización. Sin embargo, este método es muy similar a los de la Agencia Nacional de Inteligencia estadounidense, cuyos programas de vigilancia masiva denunció el ex espía Edward Snowden.
De acuerdo con el diario Le Monde, Valls dijo ante los diputados que es “falso” comparar la norma de su país con la Patriot Act estadounidense, aprobada después de los atentados del 11 de setiembre de 2001. Para el jefe de gobierno, se trata de “fantasías” y de “atajos”, mientras que el proyecto constituye un “avance importante” para los servicios de inteligencia y para la democracia, porque da “garantías concretas” sin precedentes. Sin embargo, el diario estadounidense The New York Times publicó un editorial en el que hace un paralelismo entre la legislación estadounidense pos 11 de setiembre y advierte sobre la posible violación de los derechos de los ciudadanos que puede implicar la ley que se está discutiendo en Francia.