El presidente del Instituto Nacional Electoral de México, Lorenzo Córdova, admitió en una entrevista publicada ayer por el diario español El País que hay un “ambiente adverso” en la campaña electoral mexicana. Con él coinciden legisladores opositores, según publicó el diario mexicano La Jornada. “Está muy claro que [quienes gobiernan] fueron incapaces de controlar a las fuerzas del narcotráfico, que siguen imperando; hay una brutal descomposición social”, dijo el senador mexicano Javier Corral, del Partido de Acción Nacional (PAN), en la Comisión de Seguridad Pública de la cámara alta.
El jefe de bancada del izquierdista Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, agregó que el clima de violencia actual se debe a que fracasó la política de seguridad de “más cañones, más tanques y más militares en las calles, sin atacar los problemas reales, como la corrupción”. Agregó: “La situación es muy grave, ya que con políticos ávidos de dinero que sólo se ocupan en robar, no hay condiciones de seguridad ni para los candidatos ni para la población”. Por su parte, el senador del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que los hechos “lamentables” ocurridos en la campaña no dejan de ser “aislados”.
En cualquier caso, el 7 de junio los mexicanos deben votar por 1.996 cargos, entre ellos 900 alcaldes, 500 diputados nacionales y seis de los 32 gobernadores, y la campaña electoral quedó marcada por la violencia. Los narcotraficantes no esconden su intención de incidir en la política local, que en algunos casos tiene estrechos lazos con ellos, tal como era el caso en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. Allí fue que desaparecieron en setiembre 43 estudiantes de magisterio. Aunque la investigación aún no concluyó, quedó establecido que el entonces alcalde de ese municipio, José Luis Abarca, trabajaba de la mano de la organización del crimen organizado Guerreros Unidos.
Ahora, en la campaña, Córdova dijo que la autoridad electoral “no puede impedir” que el narcotráfico financie a los partidos y que eso “es una tarea del Estado”. Además, dijo que “sin duda” existe la compra de votos en el país, aunque no se atrevió a decir si llega a ser “determinante” y señaló que “hay muchos controles”. En todo caso, la voluntad de diversas organizaciones delictivas de influir en las elecciones tuvo su máxima expresión en una serie de asesinatos de candidatos de diversos partidos y estados, aunque Córdova indicó que las zonas más “complicadas” son Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
El precio del voto
El jueves fue asesinado en medio de un acto de campaña Enrique Hernández, un ex líder de autodefensas mexicanas y candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, fundado por el dos veces aspirante a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, de izquierda) que competía por la alcaldía de Yurécuaro en el estado de Michoacán. Le dispararon desde un vehículo que pasó por el centro de esa localidad de 30.000 habitantes y se convirtió en el tercer candidato a alcalde que sufrió ese destino en dos meses.
Hernández había dirigido un grupo de autodefensas que tomó las armas desde 2013 -hasta hace algunas semanas- para protestar contra las extorsiones, secuestros y asesinatos del grupo narcotraficante Caballeros Templarios. Su partido anunció el domingo que llevará el caso a instancias judiciales internacionales para presionar a la Justicia local. El mismo día murió Héctor López Cruz, que era candidato a edil por el PRI en el municipio de Huimanguillo, en el estado de Tabasco.
El 1° de mayo, en Guerrero, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía del municipio de Chilapa, fue asesinado cuando regresaba a su casa después de un acto de campaña. Un comando se interpuso, le cerró el paso a su convoy y lo hicieron bajar de su vehículo para dispararle.
Esa misma localidad estuvo tomada después, durante cinco días, por unos 300 hombres armados que dijeron ser “policías comunitarios” que actuaban en contra de la violencia. Se retiraron luego de un acuerdo con las autoridades, pero los habitantes de esa localidad denunciaron ayer que dejaron 30 personas desaparecidas, publicó la agencia de noticias Efe.
Otro asesinato de un candidato ocurrió en marzo, cuando Aidé Nava González, precandidata del izquierdista Partido de la Revolución Democrática para la alcaldía de Ahuacuotzingo, en Guerrero, fue secuestrada y asesinada, al igual que lo había sido su esposo hacía unos meses. En 2012, el hijo de la pareja había desaparecido.
Consultado por el diario español sobre si los votantes de Chilapa tienen “garantizada la tranquilidad democrática”, Córdova respondió que en algunas partes “el clima de violencia es inhibitorio para el voto” y que también “hay otros grandes problemas nacionales que inciden en el ámbito electoral” entre los cuales citó la pobreza y “la impunidad, la corrupción, una cultura política erosionada”.
La elección de junio es el primer desafío electoral que enfrenta Peña Nieto, que asumió el cargo en 2012. El mandatario es cuestionado por la falta de respuestas convincentes para los familiares de los 43 estudiantes de Guerrero, a lo que se suman varias sospechas de corrupción y conflictos de intereses. Como si fuera poco, ayer se difundió la noticia de que la semana pasada renunció la funcionaria a cargo de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República. Eliana García, que asumió en junio de 2014, había empezado a diseñar un mecanismo de búsqueda para los desaparecidos, mexicanos y extranjeros (muchos centroamericanos desaparecen al pasar por México de camino hacia Estados Unidos), y se había firmado un convenio con la Cruz Roja en esa materia, según publicó El País. La agencia de noticias Efe informó que García renunció por “motivos personales”.
Después de declarar que es una “verdad histórica” la versión según la cual los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados por integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, a pesar de las dudas de los familiares, el entonces jefe de García, el procurador general Jesús Murillo, había renunciado en febrero, y en su lugar asumió Arely Gómez, que no informó más sobre los avances del caso, pero aseguró que uno de los ejes de su gestión serían los derechos humanos.