El Congreso guatemalteco aceptó ayer la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, anunciada el viernes por el presidente, el derechista Otto Pérez Molina. Poco después, un tribunal emitió una “orden de arraigo” contra ella. El presidente aseguró el viernes que la renuncia de su vice, reclamada en las calles de la capital por una movilización ciudadana poco habitual en el país, no tenía que ver con “presiones” de ningún tipo, aunque ésta había sido reclamada públicamente por el influyente sector empresarial y -de acuerdo con la prensa local- por Estados Unidos. Agregó que Baldetti tomó la decisión personal de renunciar para permitir que la Justicia la investigue.
La vicepresidenta quedó involucrada en un escándalo de corrupción estatal mediante fraudes aduaneros atribuidos a una red denominada “La Línea”, por el que 27 personas fueron arrestadas. Según una investigación de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que pertenece a la ONU, esa red estaba encabezada por el secretario privado de la vicepresidenta, Juan Carlos Monzón, que está prófugo. En el marco de la investigación se dispusieron escuchas, en las que se oye a integrantes de la red de corrupción hablar de “la R”, “la dos” o “la señora”, apelativos que según la Fiscalía se refieren a Baldetti.
Este asunto estalla cuando falta poco para las elecciones del 6 de setiembre, que tiene como favoritos al candidato de centroderecha Manuel Baldizón, del partido Lider, y a la candidata de centroizquierda Sandra Torres, esposa del ex presidente Álvaro Colom (2003-2011).
Analistas y actores políticos alertan de la posibilidad de que el gobierno caiga debido al desprestigio que sufre, y en ese marco la renuncia de la vicepresidenta aparece como un intento del oficialismo de señalarla como responsable. Aunque Pérez Molina agradeció a Baldetti por su trabajo y pidió respetar el “debido proceso”, su renuncia fue vista como una señal de que el presidente le había retirado su apoyo. Lo ocurrido, señalan los medios guatemaltecos, se dio mientras Washington presionaba sin éxito al gobierno para que prorrogara el mandato de la CICIG, como finalmente ocurrió. Estados Unidos está atento a la estabilidad de Guatemala porque busca reducir la influencia del narcotráfico y la emigración hacia su territorio.
La incógnita está ahora en si la movilización ciudadana, a la que se sumaron la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán y movimientos de resistencia contra la minería y contra algunos proyectos energéticos, va a repercutir en la elección y en la posibilidad de que surja un tercer candidato que ponga en jaque a los partidos que ya ejercieron el poder. Los manifestantes, movilizados desde hace más de dos semanas, reclaman ahora la renuncia del presidente, que se enjuicie a los corruptos y que se reformen las reglas de financiación de los partidos para luchar contra la corrupción.