“Los gobiernos de Indonesia y Malasia hemos acordado ofrecer asistencia humanitaria a los 7.000 migrantes que siguen en el mar”, dijo el canciller malasio, Anifah Aman. Poco antes se había reunido en Kuala Lumpur con sus pares de Indonesia y Tailandia.
“Hemos acordado dar refugio temporal en el entendido de que el proceso de reubicación y repatriación habrá sido realizado en el plazo de un año por la comunidad internacional”, agregó, antes de pedir ayuda financiera para que esto pueda ocurrir. Además, lanzó un llamado a las organizaciones de la sociedad civil “de todas las razas y de todas las religiones, a movilizarse para ayudar a los migrantes rohingyas”.
Los rohingyas son una minoria musulmana de Birmania, cuyos miembros no son reconocidos como nacionales por el gobierno de su país, de mayoría budista. Se los acusa de ser inmigrantes ilegales de Bangladesh, pero este país tampoco los reconoce como locales. “Aunque una comunidad de migrantes intente entrar ilegalmente en el país, violando las leyes sobre inmigración, su situación no puede ser ignorada”, concluyó el canciller.
Tailandia, que era el habitual país de llegada para los barcos de migrantes que parten de Bangladesh y Birmania, no se sumó al acuerdo. Su canciller alegó que debe consultar con su gobierno, liderado por una junta militar.
La actual crisis estalló cuando, el 1º de mayo, policías tailandeses encontraron los cuerpos de 33 migrantes en fosas clandestinas cerca de un campamento ilegal, próximo a la frontera malasia. Entonces se descubrió un gigantesco movimiento de tráfico de personas que partía de Bangladesh y Birmania y pasaba por campamentos en Tailandia, desde los cuales quienes podían pagar iban hasta Malasia por tierra. Eso llevó a que los tres países endurecieran sus controles y rechazaran los barcos con inmigrantes sin documentos. La Organización de las Naciones Unidas cree que murieron 2.000 personas en el mar.