Tres cuartas partes de la población mexicana desconfía de los partidos políticos y 64% cree que éstos respetan poco las normas y los topes financieros a las campañas fijados por el Instituto Nacional Electoral (INE), según una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados mexicana. De los consultados, 63% tiene una buena imagen del INE. Para 42%, además, el INE es imparcial en cuanto a los comicios del domingo, pero 47% opina lo contrario.
De los encuestados, 22% no sabía que el domingo había elecciones, 57% dijo que votará, 22% que es probable que lo haga, 20% expresó dudas al respecto, y 6% dijo que no piensa votar. Esto último tiene mayor relevancia en México, porque la campaña electoral estuvo marcada por diversas movilizaciones en algunos estados que llaman a boicotear los comicios. Lo hacen, por ejemplo, los estudiantes de distintas escuelas de magisterio, como la de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que tiene a 43 de sus estudiantes desaparecidos desde setiembre.
También los familiares de los desaparecidos llaman a no votar, y a ellos se suma la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que al igual que organizaciones estudiantiles y otros gremios vinculados con la enseñanza, protestan desde 2013 contra la Reforma Educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según dijo hace poco el presidente del INE, Lorenzo Córdova, “en estados como Oaxaca o Guerrero podría haber problemas para celebrar las elecciones”, debido a la movilización de los maestros, por la que “podrían verse afectados más de 20% de los colegios electorales”, algo que supondría invalidar el proceso. Al día siguiente, el viernes, el gobierno anunció que suspendía el punto de la reforma que más cuestionaron los maestros, el que imponía que fueran evaluados por el gobierno para ingresar, ascender y permanecer en la profesión. Sin embargo, la CNTE no se da por satisfecha, porque se trata de una suspensión indefinida, no de una anulación de la medida.
El vocero del CNTE, Rubén Núñez, indicó ayer a la agencia de noticias Efe que la movilización en contra de las elecciones se mantiene, y que implica “detener la papelería” electoral y bloquear los centros de voto. Los medios nacionales mexicanos dieron cuenta, además, de cortes de ruta en distintas partes del país como parte de esas movilizaciones.
A esto se suma también la violencia del narcotráfico. La cantidad de candidatos que murieron en la campaña es la mayor de los últimos años. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, que citó a autoridades electorales mexicanas, ayer ya llegaban a 15 los candidatos asesinados. Más tarde, se supo de otra muerte, la del candidato a diputado nacional por el Partido de la Revolución Democrática Miguel Ángel Luna Munguía. Según el diario La Jornada, fue baleado en su casa por un comando armado.
Para estas elecciones se presentan candidatos a 1.996 cargos, cifra que incluye las 500 bancas de diputados que integran la Cámara Nacional, los puestos de gobernadores de nueve de los 31 estados (entre ellos el de Guerrero), además de legisladores estaduales, intendentes y ediles.
Y Rigoberta también
A todo esto, irrumpió en la campaña, con un mensaje a favor de ir a votar, la premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú, que fue acreditada la semana pasada como observadora electoral en Guerrero y visitante extranjera por Córdova, el presidente del INE. Entonces el máximo representante de la autoridad electoral mexicana se alegró de la presencia de Menchú, de quien dijo que es “una mujer reconocida a nivel internacional por su incesante lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, así como por sus convicciones sobre la paz”.
Sin embargo, días después, el INE tuvo que reconocer que había financiado con cerca de 10.000 dólares la presencia de la activista en México, y que en total se le habían pagado a una fundación que ella lidera 40.000 dólares. La legislación mexicana prohíbe pagar por observar comicios y desde el INE explicaron que la remuneración había corrido por cuenta de las fundaciones Murrieta y Tendiendo Puentes, que solicitaron la visita, y que los montos se pagaron como remuneración por los informes que hará luego la guatemalteca.
Una de las actividades más destacadas de Menchú en México fue una conferencia en la ciudad de Acapulco, en Guerrero, en presencia del gobernador, Rogelio Ortega, y de varios candidatos a su cargo. Esa instancia quedó marcada, según informó el diario Proceso, por la intervención de una joven indígena de 27 años, que se presentó como Ana Gatica. Cerró su discurso con estas palabras: “Señora Rigoberta Menchú: la indignación y la rabia no se pueden acabar y sé que usted lo entiende. Una cosa más: no podemos seguir pidiendo un minuto de silencio por los desaparecidos, porque pedir un minuto de silencio por cada asesinado y por cada desaparecido del país o en nuestro estado es quedarnos callados eternamente”. En México los desaparecidos registrados son 30.000.
Antes Gatica había interpelado a Ortega. “¿Cómo, señor gobernador, me puede llamar a votar?”, preguntó luego de haber relatado que unas 50 personas de su entorno estuvieron o están desaparecidas. Explicó que cualquier duda sobre la integridad de un político es un motivo para no pedir su voto.
Según las autoridades electorales, ésta es una de las mayores votaciones de la historia mexicana, por el número de cargos que involucra, y la situación en la que se van a celebrar les agrega complejidad. El representante del INE en Guerrero, David Alejandro Delgado, dijo a Efe que está previsto desplegar el domingo “una estrategia más integral” de seguridad, “acorde a la situación que vive el estado”, aunque “por seguridad” no quiso dar detalles. Además, explicó que “son las elecciones más complejas que ha vivido en la historia el Instituto [INE], porque nunca antes la autoridad electoral había sido objetivo de los movimientos sociales”, como es el caso ahora con los maestros, los estudiantes y familiares de desaparecidos.
Explicó que si se llegara a anular la elección, en el caso de Guerrero eso implicaría que en setiembre caería el mandato del Congreso estadual, y el de más de 80 alcaldes, y que en octubre se quedarían sin gobernador. Para que ese último cargo no quede desierto, la legislación prevé que sea Peña Nieto el que presente “al Senado una terna para que desde México [la capital] se resuelva”.