La defensa de José Efraín Ríos Montt confía en que el ex dictador guatemalteco finalmente evitará ser juzgado por genocidio por el asesinato de 1.771 indígenas ixiles durante su gobierno, que se extendió desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983. Por estos crímenes, Ríos Montt ya fue condenado a 80 años de cárcel en 2013, pero días después la Corte de Constitucionalidad consideró que hubo irregularidades en el proceso, anuló la sentencia y dispuso que se lo juzgara de nuevo.
Este nuevo juicio, fijado para el 5 de enero, fue postergado porque la defensa de Ríos Montt recusó a la jueza Irma Valdez, que fue reemplazada. Ahora, cuando se acerca otra fecha fijada para comenzar este proceso, el jueves 23 de julio, un informe psiquiátrico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), concluyó que el ex dictador de 88 años “no es competente” para enfrentarlo. El titular del Inacif, Roberto Garza, dijo a la agencia de noticias Efe que el informe sólo contiene “recomendaciones”, que la decisión al respecto será tomada por el tribunal a cargo de juzgarlo, y que hubo informes anteriores sobre la situación “irreversible” de Ríos Montt.
Sin embargo, el peritaje es categórico en sus conclusiones. Establece que el ex dictador “no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, no es capaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra, no es capaz de comprender los elementos de un proceso y los trámites judiciales, y no es capaz de contribuir en su propia defensa”. Diagnostica un “cuadro de deterioro cognitivo”, que incluye “ilusiones y alucinaciones”, y que sólo puede empeorar. La defensa de Ríos Montt consideró “contundente” el informe, y uno de sus abogados, Jaime Hernández, dijo a Efe que el tribunal “tiene que aceptarlo”, porque “sólo una persona loca o demente” no lo haría.
Este informe, favorable al ex dictador, se conoció dos días después de que la hija de Ríos Montt, Zury Ríos, que considera a su padre “su inspiración”, sufriera un tropiezo en su intento de gobernar Guatemala. El Registro de Ciudadanos rechazó su inscripción como candidata a la presidencia por el partido Visión con Valores (Viva) para las elecciones del 6 de setiembre, informó el diario Prensa Libre. El registro argumentó que el artículo 186 de la Constitución establece que no podrán aspirar a la presidencia o la vicepresidencia los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad de los “caudillos” o “jefes” de un golpe de Estado o de una revolución armada.
Zury Ríos, que es diputada y que en 2011 sí logró inscribir su candidatura a la presidencia, dijo que la Corte de Constitucionalidad ha emitido una opinión distinta sobre el tema y que “en unos cuantos días el Tribunal Supremo Electoral acatará” esa interpretación. Según informó la prensa guatemalteca, los asesores de la candidata argumentan que hay antecedentes en los que no se aplicó esa limitación. Recuerdan que Jacobo Árbenz, hijo del líder revolucionario con el mismo nombre, sí pudo inscribir su candidatura. Además, citan los antecedentes de hijos de presidentes electos que también se postularon a la presidencia, aunque en estos casos la Constitución sólo impide que se postulen mientras sus padres están en funciones.
El sitio web del canal Guatevisión informó que Viva puede defender la candidatura de Ríos ante el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia e incluso ante la Corte de Constitucionalidad, y señaló que este tribunal “claramente ha fallado a favor del padre de Zury en todo su proceso legal, incluso librándolo del juicio en su contra”.