El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, dijo que la movilización “en defensa de la justicia” realizada ayer frente a la sede de los tribunales en la ciudad de Buenos Aires era una “marcha política”. La protesta fue convocada en Buenos Aires “y en todas las plazas del país” en apoyo al juez Luis Cabral, apartado a fines de junio de su cargo de subrogante en una cámara federal de Casación Penal. La decisión de devolverlo al cargo del que es titular fue tomada por el Consejo de Magistratura y confirmada hace una semana por un tribunal. El expediente va a recaer ahora en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, porque Cabral apeló esta decisión el lunes.
El Consejo de Magistratura, de mayoría kirchnerista, está a cargo -según establece la Ley 27.145, que entró en vigor el 17 de junio- de la designación y la remoción de los jueces suplentes. “La pregunta es quién se encarga de designar a los jueces. ¿Son los propios jueces? Nunca pasó en la historia en la Argentina. Antes era el Ejecutivo con acuerdo del Senado, y hoy no es el gobierno, es el Consejo de la Magistratura”, dijo a la radio La Red el secretario de Justicia, Julián Álvarez, que también integra ese Consejo.
A su vez, Fernández dijo en conferencia de prensa que Cabral fue “puesto a dedo”, que “no hizo ningún concurso” para quedar en el lugar de juez subrogante en la cámara de Casación, hace cuatro años, y que “no trabajaba mucho”. Así explicó el funcionario la decisión de Consejo de Magistratura de removerlo.
Toda la discusión radica en la Ley 27.145. El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, advirtió que “el Estado de derecho peligra”, porque el gobierno “se ha infiltrado en un sector de la Justicia”, y dijo que esa norma “es abiertamente violatoria de la Constitución”. Advirtió: “La gente tiene que tener conciencia de que, si no existe un Poder Judicial independiente, pierde los derechos que tienen otorgados en la Constitución Nacional”.
La sala que Cabral integraba como suplente tiene a cargo, entre otros casos, el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán para investigar el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos en 1994. Se trata de un acuerdo que la oposición cuestiona y que el gobierno defiende.