En los últimos meses se multiplican las reuniones formales e informales para adelantar las negociaciones previas a la 21ª Conferencia de Partes (Cop21) de Naciones Unidas sobre el Clima, que se desarrollará del 30 de noviembre al 11 de diciembre en París. En ese marco, 46 países se comprometieron a implementar medidas para reducir los gases de efecto invernadero que alcanzarían 57% de las emisiones. Pero a fin de año son 195 los países que deberán alcanzar un compromiso -se espera que pueda ser vinculante, pero eso aún no está confirmado- que permita reducir el impacto del cambio climático. Esto no implicaría sólo la reducción de las emisiones, sino también el financiamiento de políticas que permitan una adaptación de los países al cambio climático.
Ante tamaño desafío, y como país organizador del encuentro, Francia aspira a que se avance lo más posible antes de la cumbre. Si París ejerce el liderazgo, la Unión Europea (UE), el mayor donante a nivel mundial para políticas de disminución de emisiones, también está en primera línea. La UE espera que “economías emergentes como Brasil, Colombia o Indonesia hagan sus propuestas [para el medioambiente] en las próximas semanas”, dijo el comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, en un encuentro preparatorio la semana pasada.
Para Cañete, el gran desafío de las negociaciones está en superar “la confrontación histórica” que se da desde 1991 entre países desarrollados y en desarrollo.
Cuando se firmó el protocolo de Kioto, los compromisos ambientales asumidos implicaban reducir 13% de las emisiones del planeta. Los compromisos alcanzados hasta ahora de cara a la Cop21, que implican reducir 57% las emisiones, están sólo 3% por debajo del objetivo de disminuirlas 60% en 2050, con respecto a los niveles de 2010. Este 60% es el objetivo adoptado por la UE, Naciones Unidas y el G7.
Pero de momento los compromisos no permiten cumplir el objetivo, acordado en 2009, de limitar el calentamiento climático a dos grados por encima de las temperaturas anteriores a la industrialización.
Para el presidente francés, François Hollande, es fundamental que la cumbre sea un éxito. Aunque su pobre tasa de popularidad ha repuntado un poco y alcanza ahora 28% de opiniones favorables, un éxito de este tipo no le vendría mal y le permitiría ser recordado como el presidente que impulsó un acuerdo histórico. Además, los medios franceses no dudan de que Hollande ya resolvió buscar un segundo mandato, y un acuerdo también lo ayudaría a ganar popularidad.
En ese marco, son tensas las relaciones que mantienen los socialistas con sus socios en el gobierno, el partido Europa Ecología Los Verdes. Los ambientalistas franceses son defensores de una línea mucho más a la izquierda que la del Ejecutivo socialista, motivo por el cual el año pasado salieron del gabinete. Pero la semana pasada la perspectiva de la Cop21 les dio una victoria: se aprobó la norma que reclaman desde la campaña electoral de 2012, la Ley para la Transición energética. Ese conjunto de medidas, promovidas por la ministra de Medio Ambiente, Ségolène Royal, prevé la reducción del peso de la energía nuclear en Francia, el país con mayor cantidad de centrales nucleares en funcionamiento y la mayor dependencia de esa fuente de energía. Ésta, que hoy representa 75% del total de la energía francesa, en 2025 pasará a representar 50%, algo que supondrá el cierre de las centrales más antiguas, un reclamo ambientalista de larga data.
A esto se suma la intención de impulsar el desarrollo de las energías renovables y de los transportes amigables con el medioambiente, que implicará incentivar el uso de vehículos eléctricos tanto para los particulares como en el transporte público. Además, a partir de enero van a estar prohibidas las bolsas de nailon en los supermercados (aunque ya casi no se ven), y las que sirven para envolver las frutas y verduras, por ejemplo, deberán ser sustituidas un año después por otros envoltorios biodegradables.
Otra medida son las reducciones de impuestos para renovaciones térmicas de empresas y de particulares, que permitan bajar el consumo de energía. El objetivo que persigue este paquete legislativo implica, por un lado, reducir 40% las emisiones francesas de gases de efecto invernadero en 2030 respecto de las de 1990, y que en 2050 éstas sean divididas por cuatro. Por otro lado, busca reducir a la mitad el consumo energético en 2050, con una meta intermedia de una reducción de 20% en 2030. El uso de energías fósiles deberá también disminuir 30% para 2050, y las renovables deberán representar 32% del consumo eléctrico y 40% de la producción.
Francia busca mostrar el ejemplo y se le sumaron varios gobiernos con otras medidas. También hubo iniciativas más puntuales, individuales o empresariales. Así, el papa, que se destacó con la primera encíclica sobre el tema, firmó la semana pasada un compromiso para preservar el medioambiente junto con los alcaldes de 65 ciudades.
A esto se suma que, según anunció la Casa Blanca, diez de las mayores empresas estadounidenses se comprometieron a financiar iniciativas y a reducir sus emisiones. Firmas como General Motors, Apple y Goldman Sachs se sumaron a una iniciativa que busca contrarrestar los frenos que pone la oposición republicana a las iniciativas del presidente Barack Obama. Aunque el mandatario expresó la voluntad de su país, uno de los mayores emisores del mundo, de cambiar la pisada, los republicanos, que tienen mayoría en el Congreso, no están de acuerdo.
Otra de las muchas iniciativas recientes en vistas de la cumbre tiene lugar en estos días en Paraguay, donde se está relizando un taller de capacitación en adaptación y vulnerabilidad ante el cambio climático, que reúne a 18 países de América Latina y el Caribe y es organizado por las Naciones Unidas.