“La materia objeto de propuesta de enmienda [constitucional] rechazada o considerada inoperante, no podrá ser objeto de nueva propuesta en el mismo año legislativo”, indica la Constitución brasileña en su artículo 60. Sin embargo, Cunha ya recurrió dos veces a maniobras para esquivar esta disposición constitucional con el objetivo de que se sometieran a votación proyectos que él promovía o apoyaba.
Ya la primera vez, cuando lo hizo con una norma que pretendía regular el financiamiento privado de las campañas electorales, algunos diputados recurrieron a la Justicia, que tomó cartas en el asunto pero puede tardar algunos años en resolver. En esta segunda ocasión, con la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que busca reducir la edad de imputabilidad de 18 a 16 años para determinados delitos, también se anunció que se recurrirá a tribunales.
En todo caso, Cunha hizo la maniobra y le salió bien: en la segunda votación, se aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, aunque para menos delitos de los que pretendía inicialmente.
En la madrugada del miércoles se votó por primera vez una PEC similar y fue rechazada. Esa primera iniciativa implicaba bajar la edad de imputabilidad para los adolescentes que cometieran crímenes violentos como homicidio doloso, violación, robo seguido de muerte, robo altamente cualificado, lesión corporal grave, tráfico de drogas o terrorismo. La propuesta perdió por sólo cinco votos, y quienes la impulsaban acusaron al gobierno, que se oponía a la reforma constitucional, de interferir en la votación e incluso de hacer promesas políticas a algunos partidos para que no respaldaran la norma.
Unas horas después, en la tarde del miércoles, Cunha convocó a una reunión a los líderes de las bancadas de diputados de los partidos que respaldaban la PEC, liderados por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña y por el Partido del Movimiento Democrático de Brasil, aliado del gobierno. Varios de estos dirigentes habían anunciado que persistirían con la iniciativa, y finalmente lo hicieron. Lograron que volviera a votarse, y que se aprobara en la madrugada de ayer.
Para lograrlo hicieron dos cambios en el proyecto: excluyeron la baja para los delitos de terrorismo, lesiones corporales graves y tráfico de drogas, e incorporaron que los menores que sean juzgados como adultos cumplan sus penas en centros de reclusión diferentes a los que se utilizan para los mayores.
Estas modificaciones atienden algunos de los reclamos planteados por los políticos y las organizaciones sociales que se oponen a la reforma constitucional. Por ejemplo, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, había insistido en los últimos días en que la baja de la edad de imputabilidad aumentaría el número de presos en unas cárceles en las que ya hay hacinamiento.
Sin embargo, esta modificación también trae un nuevo problema: en un momento de crisis económica, cuando el Estado incluso dejó en manos de privados la construcción de obras de infraestructura consideradas fundamentales para el desarrollo económico del país, ¿quién construirá esas nuevas cárceles? Algunos militantes en contra de la baja señalaban ayer que la llamada “bancada de la bala” (integrada por policías y militares que representan los intereses de la industria de las armas y de las empresas de seguridad privada), a la que pertenecen los principales impulsores de la PEC, ha recibido financiamiento electoral de empresas que gestionan las pocas prisiones privadas que hay en Brasil, e incluso los acusaban de haber recibido fondos de gestores de prisiones en otros países, como Estados Unidos.
La exclusión de varios delitos, principalmente el de tráfico de drogas, fue uno de los aspectos positivos de las modificaciones. Organizaciones civiles habían advertido que el tráfico de drogas es el delito que se les imputa a los menores de edad que son utilizados por los traficantes para comerciar estupefacientes. Hacer que los adolescentes de 16 y 17 años fueran más castigados por este delito implicaría revictimizar a jóvenes pobres, que usualmente viven en favelas, que a veces cometen esos delitos obligados o porque no tienen opciones laborales.
Además de esas modificaciones, lo que hizo posible la aprobación de la ley la presencia de algunos diputados favorables a la baja que no estaban presentes en la votación del miércoles, y también que algunos diputados (la mayoría de ellos del Partido Socialista Brasileño) cambiaron su voto negativo por uno positivo.
Al tratarse de una enmienda constitucional, el proyecto debe votarse dos veces en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado y tener el voto de tres quintos de las cámaras para ser aprobado. Otra característica de estas enmiendas es que no pueden ser vetadas.