Odebrecht es la constructora brasileña que hace más obras en el exterior y concentra 40% del total. Tiene fuera de Brasil 70% de sus contratos y obtiene de éstos 49% de sus ingresos. Sus obras van desde carreteras en Argentina hasta la ampliación del puerto Mariel en Cuba, pasando por la construcción de un teleférico en Caracas. La empresa tiene obras en Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.
La firma ha sido calificada de “brazo ejecutor” de la política exterior brasileña en la región, ya que gran parte de estas obras se financiaron con préstamos otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que es estatal y que le ha brindado créditos en condiciones ventajosas. La cadena BBC informó que Odebrecht recibió 70% del dinero que el BNDES otorgó a distintas empresas brasileñas para realizar obras en el exterior: 8.200 millones de dólares.
El lunes fue imputado por la Policía Federal el presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, nieto de Norberto, su fundador. El ejecutivo, que estaba en prisión preventiva desde hacía más de un mes, fue imputado por delito de fraude en licitación, corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, crimen contra el orden económico y organización criminal. También fueron imputados otros trabajadores de la empresa, entre ellos cuatro directores y un ex empleado. En el sistema judicial de Brasil es la Policía Federal la que presenta los pedidos de imputación. El Ministerio Público debe analizarlo y decidir si le da curso. Si no lo hace, Marcelo Odebrecht debe ser liberado.
Esto parece poco probable. El juez de Curitiba que lleva adelante la causa en lo que respecta a las empresas y los funcionarios de Petrobras, Sérgio Moro, ha manifestado su convencimiento de que los altos cargos de las empresas involucradas tenían que estar al tanto del pago de sobornos a funcionarios de alto rango en Petrobras para obtener contratos de obras con sobreprecio, y una de ellas es Odebrecht.
La constructora también aparece involucrada en la investigación abierta por el Ministerio Público de Brasilia por sospechas de que Lula cometió un delito de tráfico de influencias. Según una investigación preliminar hay indicios de que algunas de las concesiones que obtuvo Odebrecht en el extranjero se debieron a una influencia indebida ejercida por el ex presidente y que pudo haber favorecido a la empresa consiguiéndole préstamos favorables del BNDES. Esta hipótesis se sostiene, entre otras cosas, en que presuntamente Odebrecht habría pagado los viajes de Lula a países como Venezuela, República Dominicana, Cuba y Ghana.
Efecto contagio
La investigación sobre Lula podría nutrirse de los resultados de la Comisión Parlamentaria de Investigación del BNDES, que comenzará a funcionar en la Cámara de Diputados tras el receso del Congreso y se propone, entre otras cosas, investigar la legalidad de los préstamos otorgados por ese banco. Pero también podría contar con insumos de fuera de fronteras; después de que se conocieron las investigaciones sobre Odebrecht varios países anunciaron auditorías y la apertura de investigaciones. Ecuador, Perú y Panamá manifestaron en el último mes que harán auditorías a los contratos firmados con la firma, algo que ya habían hecho antes Portugal, Italia y Suiza.
Las auditorías realizadas en Perú encontraron posibles irregularidades en cinco concesiones de obra vinculadas con la construcción de una autopista que fue realizada entre 2005 y 2011 por las constructoras brasileñas Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão. El contralor peruano, Fuad Khoury Zarzar, manifestó que algunas concesiones se hicieron “sin cumplir con los requisitos legales y técnicos necesarios del sistema nacional de inversiones públicas” y que, una vez terminadas, las obras habían presentado problemas de calidad.
En junio diarios brasileños informaron sobre investigaciones de la Policía Federal de Brasil según las cuales había indicios de que Odebrecht pagó sobornos en Perú para inflar el costo de construcción de esta autopista. Estos antecedentes fueron enviados a la Fiscalía peruana, que abrió una investigación preliminar. Para avanzar, fiscales peruanos viajarán a Brasil, dijo el fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, a la agencia de noticias Reuters.
En el marco de estas investigaciones el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas, dijo que el estatuto anticorrupción de su país permite que se suspendan contratos con empresas extranjeras si éstas son condenadas por corrupción en su país de origen.
A su vez, el Ministerio Público de Brasilia, que investiga la actuación de Lula, pidió ayuda a la Fiscalía de Portugal por la sospecha de que en una visita de 2013 el ex presidente sugirió al primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, que tuviera en cuenta el interés de Odebrecht en la privatización de la empresa de gestión de aguas y residuos EGF, de Portugal, que finalmente quedó en manos de un grupo de ese país. Passos Coelho defendió a Lula. “No intentó colocar a ninguna empresa brasileña”, dijo, y agregó que fue él mismo quien le manifestó a Lula que veía con interés la participación de empresas extranjeras (incluidas las brasileñas) en las privatizaciones que se impulsaban en Portugal. Además, Passos Coelho recordó que Odebrecht no presentó ninguna oferta por EGF.