La semana pasada la Justicia comenzó a investigar a los políticos brasileños que aparecieron vinculados con la red de corrupción de Petrobras. Este avance en la causa judicial, impulsado por el procurador general Rodrigo Janot, ya tuvo una consecuencia en la alianza que apoya al gobierno: el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, hizo oficial su ruptura con el Ejecutivo de Dilma Rousseff.
Cunha integra el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, y dentro de él lidera la postura más crítica con el gobierno y alejada de sus líneas políticas, mientras que la más cercana al Ejecutivo es encabezada por el vicepresidente Michel Temer.
El alejamiento de los primeros se vio agudizado la semana pasada, cuando la Justicia comenzó las investigaciones sobre 49 políticos con fuero parlamentario que testimonios vinculan a la red de corrupción de Petrobras. Cunha y otros integrantes del PMDB de su misma línea acusaron a Janot de querer construir una carrera política mediante la visibilidad mediática que le da investigar a políticos, y cuestionaron al Ejecutivo porque consideran que como mínimo está “permitiendo” al fiscal hacer estas investigaciones.
Las acusaciones contra la Justicia no son exclusivas del PMDB: el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró el viernes que la investigación que impulsa en su contra la Procuraduría del Distrito Federal es “un procedimiento absolutamente irregular, intempestivo e injustificado”. En este caso, se investiga si después de terminar su mandato Lula utilizó su influencia para beneficiar a empresas constructoras brasileñas con contratos en el extranjero y con créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.
En la causa de Petrobras la Justicia avanza a partir de las declaraciones de personas procesadas o condenadas por su participación en la red de corrupción, que colaboran a cambio de una reducción de la pena. Entre éstas se encuentra el empresario Júlio Camargo, ex consultor de la constructora Toyo Setal. La semana pasada, Camargo dijo que Cunha le había exigido el pago de cinco millones de dólares como parte de un soborno por la adjudicación de Petrobras a Toyo Setal de un contrato por 1.200 millones de dólares. El video de esta declaración fue difundido por la Fiscalía de Curitiba, que lleva adelante la investigación que involucra a civiles. La que implica a políticos protegidos por foros especiales la lleva adelante Janot en la órbita del Supremo Tribunal Federal.
Cunha negó la acusación el jueves y, un día después, anunció su ruptura con el gobierno: “A partir de ahora soy oposición”, dijo. En respuesta al anuncio, el Ejecutivo dijo en un comunicado que espera que la posición “personal” de Cunha “no se refleje en las acciones de la Presidencia de la Cámara, que tienen que ser pautadas por la imparcialidad y la impersonalidad”. Cunha contestó en Twitter que cumplirá sus tareas “con independencia y en armonía con los demás poderes” y que no actuará por “venganza”. El PMDB emitió un comunicado firmado por Temer en el que hizo hincapié en que la de Cunha “es la expresión de una posición personal”.
Ni siquiera el sector más cercano a Cunha se apuró a seguirlo: la bancada del PMDB en Diputados manifestó que “el debate” sobre la decisión de Cunha se dará después del receso parlamentario, que termina en agosto. Ésa será una primera prueba de fuego para el gobierno, ya que sin el apoyo de los diputados del PMDB perdería la mayoría en la cámara. Otra prueba llegará en setiembre, con el Congreso Nacional del PMDB. Cunha ya dijo que quiere que su partido rompa ahora su alianza con el PT. En cambio, Temer opina que hay que evitar las rispideces, porque en un momento de debilidad del gobierno el PMDB debe mantener una actitud de “sobriedad”.
Sin embargo, la semana pasada Temer dijo que para las elecciones de 2018 el PMDB está abierto a alianzas “con todos los partidos”, pero buscará liderar una fórmula presidencial, algo que no hace desde 1994.