La Comisión de Fiscalización y Control del Senado brasileño presentó nueva información al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que retrasará el fallo de este último sobre si hubo, o no, irregularidades en el manejo de las cuentas del país durante el anterior gobierno de Dilma Rousseff. Esta resolución del TCU es muy esperada por algunos opositores que han dicho que, si es desfavorable al gobierno, la utilizarán para pedir el juicio político de la presidenta. A raíz de esta nueva información, el TCU abrió ayer un nuevo plazo de 15 días hábiles para que la mandataria responda, con lo que prácticamente se descarta que el fallo se conozca durante agosto, tal como se preveía.
Según la página de noticias de la cadena O Globo, el gobierno había hecho varias gestiones para intentar postergar el fallo del TCU hacia fin de año, con la expectativa de superar antes la crisis en la relación con la Cámara de Diputados.
Rousseff ayer se refirió de manera indirecta a la posibilidad del juicio político. “El Estado brasileño sólo será respetado en el mundo en la medida en que, en nuestro territorio, se ejerza y se respete plenamente la soberanía popular”, dijo. También ayer hubo manifestaciones de respaldo a Rousseff -y en reclamo de la reforma agraria- en la Marcha de las Margaritas, una movilización que realizan miles de campesinas en agosto.
En un el marco de las tensiones entre el gobierno y la cámara baja, el presidente del Senado, Renan Calheiros, se está convirtiendo en un gran aliado de Rousseff. El lunes presentó una serie de proyectos de ley que respaldan la política de austeridad del Ejecutivo.
En estos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, criticó esta iniciativa y reivindicó que el Congreso está compuesto por dos cámaras y que el presidente del Senado no puede actuar en solitario. En tono conciliador, Michel Temer, vicepresidente y responsable de la articulación política del Ejecutivo con el Congreso, anunció ayer una reunión con la bancada aliada en Diputados para impulsar también allí la pauta de votación propuesta por Calheiros.
Con este telón de fondo se espera para que este mes el fiscal general, Rodrigo Janot, anuncie cuáles serán los políticos que el Ministerio Público pedirá que sean imputados en la investigación sobre la red de corrupción en Petrobras. Según informó ayer O Globo, en la lista aparecerán Cunha y el ex presidente y senador Fernando Collor de Melo, y serán excluidos Calheiros y uno de los pocos opositores investigados, el senador Antônio Anastasia.