El Banco Mundial (BM) presentó el martes 4 de agosto un conjunto de nuevas reglas sociales y ambientales a las que deberán someterse sus 188 países miembros para recibir préstamos de la principal institución financiadora a nivel mundial. El organismo sostiene que las nuevas reglas -que están en discusión desde hace años- constituyen “un gran paso adelante” para “proteger mejor el medioambiente y las poblaciones”, pero las medidas fueron recibidas fríamente por las organizaciones no gubernamentales (ONG), que, por el contrario, las ven como un “peligroso paso atrás”. Según estos diez nuevos principios, que entrarán en una fase de experimentación, los estados que requieran el financiamiento del BM deberán asegurar que las poblaciones locales en donde se desplieguen acciones financiadas total o parcialmente con fondos del organismo hayan dado su consentimiento, ya que los proyectos “pueden afectar sus condiciones de vida”.
En las reuniones de primavera de este año (primavera en el hemisferio norte), el BM hizo un mea culpa y admitió que algunos de sus proyectos de desarrollo habían desembocado en desplazamientos obligados de poblaciones. Además, por primera vez, el BM exigirá a los países tomadores de los fondos que garanticen el cumplimiento de algunos derechos fundamentales de los trabajadores, como el de libre asociación y el de alcanzar negociaciones colectivas.
Adicionalmente, la institución corrigió su postura anterior, que preveía que se indemnizara a las poblaciones cuando hubiera proyectos que causaran daños medioambientales. Según las nuevas reglas, estas reparaciones deberán ser consideradas un “último recurso” e incluso, “en algunos casos”, podrían ser lisa y llanamente prohibidas.
En un comunicado común, 19 de las mayores organizaciones de la sociedad civil manifestaron en un comunicado que estas nuevas reglas debilitarán “tanto la protección de las poblaciones afectadas como del medioambiente cuando el BM quiera implicarse en proyectos de alto riesgo”.