El gobierno venezolano reiteró ayer que el cierre de parte de su frontera con Colombia es beneficioso para el país. Para evaluar la situación, visitaron la zona el vicepresidente, Jorge Arreaza, junto al gobernador del estado de Táchira, José Vielma Mora, entre otras autoridades.
“Nosotros queremos lo mejor para el pueblo colombiano, pero lamentablemente esta situación parasitaria no puede continuar”, dijo Arreaza en referencia a los ciudadanos colombianos que, asegura, se dedican al contrabando de productos venezolanos de primera necesidad, beneficiándose con la diferencia de precios. Antes, el sábado, Arreaza había dicho que gracias al cierre de la frontera, en Táchira “apareció el shampú y apareció el jabón, está apareciendo la leche en polvo, los productos básicos, el pollo”.
En tanto, el gobernador dijo a la agencia de noticias Efe que desde que se cerró la frontera, “el balance es extraordinario”, y agregó: “Vamos a cumplir ya 11 días de cierre, [y hubo] un solo homicidio, ninguno en frontera, un solo herido, un vehículo y dos motos robadas, es decir, que el índice de criminalidad bajó prácticamente a cero”. El gobernador agregó que hasta el día del cierre de la frontera, Táchira recibía 114 camiones cisterna de combustible, y que ahora, debido a que la demanda se redujo, junto al contrabando de nafta, reciben hasta 14 camiones menos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitó Cúcuta, la ciudad más cercana al tramo de frontera que cerró Venezuela, para supervisar la atención que reciben los ciudadanos que regresaron a Colombia, deportados o por voluntad propia. Según la oficina de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia, hasta el sábado y en los últimos diez días, 1.097 personas fueron deportadas por Venezuela y otras 7.162 abandonaron ese país y regresaron a Colombia por sus propios medios.
Hasta La Habana
El sábado se reinició en Cuba el diálogo entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano, en el que Venezuela es uno de los países facilitadores. En ese marco, las FARC emitieron un comunicado en el que afirman: “Venezuela es y seguirá siendo fundamental para la paz de Colombia y tenemos que promover la unidad e integración de dos naciones”. Además, el texto advierte que “hay que respetar la soberanía de Venezuela; hay que cesar la perfidia que significa trasplantar el paramilitarismo que tantas victimizaciones ha causado en Colombia”.
Para Arreaza fue una “buena noticia” que Santos haya ido a Cúcuta “y se ocupe” de ese territorio. Además, dijo que su país espera que haya más presencia policial y militar colombiana “del otro lado de la frontera, para proteger a los dos pueblos” y evitar el contrabando.
El sábado Maduro, que viajó ayer a Vietnam y China, decidió ampliar el cierre de la frontera de 100 a 140 kilómetros, al igual que el estado de excepción que se aplica a nuevos municipios. La tensión entre Bogotá y Caracas se hizo aguda el 19 de agosto, cuando el gobierno de Venezuela dispuso el cierre de algunos pasos fronterizos tras un ataque a militares venezolanos, ocurrido días antes, en medio de una operación anticontrabando en Táchira. Maduro atribuyó ese ataque a “paramilitares” y “contrabandistas” colombianos, y declaró el estado de excepción en varios municipios. El jueves ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de acusaciones mutuas de violar los derechos humanos.
Llamados y oídos
A todo esto, varios ámbitos internacionales mostraron su preocupación por la situación. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó a Colombia y Venezuela a mantener un “diálogo constructivo”, luego de que el organismo expresara su preocupación ante versiones “sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en el proceso de deportación de colombianos”. Por otro lado, la Unasur convocó una reunión sobre el tema para el jueves y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúne hoy a pedido de Colombia, para evaluar si convoca una cumbre de cancilleres.
Santos y su ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, pidieron una reunión de cancilleres de la Unasur y que ese bloque y la OEA envíen observadores a la frontera. Por su parte, Maduro anunció que pedirá a la Unasur que se cree una Comisión Suramericana de la Verdad sobre la situación de “contrabando, narcotráfico y paramilitarismo” en la frontera.
El alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta, Donamaris Ramírez-Paris, anunció su intención de denunciar a Venezuela por delitos contra la humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión había instado a que Venezuela detuviera “cualquier expulsión colectiva, arbitraria o sumaria” de colombianos.
Además, la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia de la Procuraduría de Colombia, Ilva Myriam Hoyos, anunció ayer que investiga varios testimonios que indican que pudieron existir abusos sexuales a colombianas por parte de militares venezolanos en la frontera, y agregó que las mujeres no presentaron denuncia formal por miedo a las represalias.
A todo esto se sumó que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó, por Twitter, las declaraciones “injerencistas” del vocero del Departamento de Estado estadounidense, John Kirby. Este último había señalado que Estados Unidos reconoce la necesidad venezolana de proteger la frontera y garantizar una migración segura y ordenada, pero que las deportaciones “deben llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos de todos los involucrados y en coordinación con el país receptor”.
“Venezuela es uno de los pocos países reconocidos internacionalmente por tener una política migratoria profundamente respetuosa de los derechos humanos”, dijo Rodríguez en Twitter, en referencia a que su país recibe muchos desplazados del conflicto colombiano.