El Congreso más conservador desde el regreso a la democracia tiene ahora un líder opositor, y eso empezó a notarse ni bien terminó el receso parlamentario y se retomaron las actividades en las cámaras, el lunes 2.
Los medios brasileños coinciden en señalar cinco proyectos como los más polémicos. El primero es la reducción de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para los delitos considerados gravísimos; como se trata de una reforma constitucional, es necesario que sea aprobado otra vez en Diputados antes de pasar al Senado. Luego hay dos proyectos impulsados por la bancada evangélica: el estatuto de la familia, que la define como el núcleo formado por la unión entre hombre y mujer, y el “del niño por nacer”, que protege jurídicamente a los embriones y prohíbe, de facto, cualquier interrupción del embarazo. Otras dos iniciativas son empujadas por la bancada de la bala, la misma que propuso la baja de la edad de imputabilidad, formada básicamente por militares, policías y aficionados a las armas. Uno de ellos facilita el acceso a las armas de fuego y el otro refiere al informe final de una comisión investigadora sobre el sistema carcelario (que se considera prácticamente vinculante), que recomendará que las prisiones brasileñas sean privatizadas.
Cunha dispuso que los cinco proyectos, a los cuales el gobierno se opone, sean tratados de forma prioritaria en el segundo semestre de este año.
Pero este período de la legislatura tendrá, previsiblemente, otros condimentos: se esperan la lista del fiscal general Rodrigo Janot sobre los políticos imputados en la causa de Petrobras y el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) sobre el manejo de las cuentas del Estado durante el gobierno pasado de Rousseff. Éste es un punto a atender, porque algunos opositores ya anunciaron que si el TCU dice que se cometieron irregularidades, se aferrarán a eso para pedir el juicio político a la mandataria. Según la investigación del TCU, durante el mandato pasado el gobierno recurrió a dinero de bancos públicos para pagar beneficios sociales, como el plan Bolsa Familia y el seguro de desempleo, porque no contaba con fondos en el Tesoro Nacional. El ministro del TCU relator de la investigación, Augusto Nardes, indicó que con esta operación los bancos públicos le hicieron un crédito al Estado, lo cual está vetado por la Constitución. La defensa de Rousseff, realizada por el abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams, indicó que ésta es una maniobra común, que tiene antecedentes en otros gobiernos cuyas cuentas no han sido rechazadas.
El fallo del TCU podría no tener mayores consecuencias, ya que hay antecedentes de cuentas rechazadas que no han tenido secuelas, pero este caso podría ser la excepción. Cunha ya dijo que si el fallo del TCU revela irregularidades, éste será votado en Diputados. Los representantes pueden aceptarlo o rechazarlo y eso tampoco implica muchas consecuencias, pero está claro que la intención de Cunha es poner este informe arriba de la mesa, porque da, a quienes quieren impulsar el juicio político, la excusa perfecta para llevarlo a cabo. Según la Constitución brasileña, se puede aprobar un juicio político contra Rousseff si se demuestra que ella cometió alguna irregularidad o delito durante su gestión al frente del Ejecutivo.
Como una media
El cambio en la posición de Cunha ante el juicio político es el más claro efecto de su pasaje a la oposición. Hace sólo cuatro meses, cuando hacía oposición desde el seno de la alianza gubernamental, Cunha aseguraba que la irregularidad en las cuentas del gobierno pasado no era “un motivo para respaldar un pedido de juicio político” y sostenía que no se votaría en Diputados ningún juicio político mientras él fuera presidente y, por lo tanto, manejara la pauta de votaciones. Ahora no sólo cambió su postura y lo dijo públicamente, sino que también se ha reunido con líderes opositores para manifestarles que además de permitir que este tema entrara en votación, le daría prioridad.
De todas maneras, no está claro quién respaldaría ese eventual juicio. El mayor partido de la oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), está dividido entre quienes lo respaldan y quienes consideran que no hay que tomar ese camino sino avanzar en la conciliación para superar una crisis política que también tiene efectos negativos en la oposición, porque deslegitima a toda la clase política, tal como han reflejado las últimas encuestas de opinión. En la Cámara de Diputados son mayoría los opositores que respaldarían el juicio político, pero sería necesario que un número importante de la base gubernamental votara en contra de la presidenta para que éste fuera aprobado.
La salida en las últimas semanas de dos formaciones menores de la base aliada -el Partido Democrático Laborista y el Partido Laborista Brasileño- no implica que éstos se vuelquen en contra del gobierno: lo más seguro es que continúen alineados con él aunque con más independencia.
Defensa inesperada
“No es hora de aprovecharse de la crisis”, dijo el lunes la ex senadora y ex candidata presidencial Marina Silva, quien apoyó al opositor Aécio Neves en el balotaje del año pasado. Luego de estar meses fuera de los focos de atención tras el cierre de la campaña electoral, Silva hizo varias apariciones públicas en las últimas semanas, en las cuales abogó por resolver la crisis política que vive Brasil y afirmó que es contraria al juicio político.
También defendió al gobierno el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, del PSDB, quien en una entrevista con la revista alemana Capital dijo que la presidenta es “una persona honrada” y reconoció que dentro de su partido hay “odio” dirigido “contra el Partido de los Trabajadores”.
Pero quizá lo más sorpresivo fue el editorial del viernes del diario de la cadena O Globo, en el que se dice que “Cunha manipula con habilidad al Legislativo en su guerra particular contra Dilma y los petistas” para evitar ser investigado en el marco de la causa por Petrobras, en un momento de dificultades económicas en el que “los políticos responsables de todos los partidos deberían dar condiciones de gobernabilidad a Planalto”.
Todos estos factores hacen que en la clase política brasileña los ánimos estén muy exaltados. Dos eventos recientes lo demuestran. Días atrás el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, dijo que la situación del país es “grave” y que se necesita a “alguien con capacidad de reunificar a todos” para superar la crisis. Algunos medios masivos y la oposición interpretaron que Temer se estaba poniendo a disposición para sustituir a Rousseff, dando su aval al juicio político, una posibilidad que él desmintió hasta el cansancio en una reunión que tuvo enseguida con la presidenta, que lo convocó a su despacho tras esas declaraciones. El otro evento fue la reunión de gabinete que se realizó en la noche del domingo. Allí Rousseff dijo que participará más activamente en la articulación política con el Congreso y reiteró el mensaje que transmitió el viernes en un discurso público durante la inauguración de viviendas del programa Minha Casa, Minha Vida: “Nadie va a sacarme la legitimidad que el voto me dio”, advirtió la mandataria.