Un rato después de que se conociera el contenido del acuerdo, Uribe criticó en particular tres de sus puntos: que los máximos líderes de la guerrilla no irán a la cárcel -porque quienes reconozcan los delitos que cometieron serán castigados con entre cinco y ocho años de medidas de restricción de la libertad, pero no con prisión-; que hay un tratamiento igualitario para todos los que cometieron crímenes en el marco del conflicto -cuando en su opinión “las Fuerzas Armadas […] necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales”-; y que el narcotráfico está incluido en el grupo de los delitos políticos y conexos que serán indultados.
Uribe dio como un hecho esto último, pero será definido en una ley, porque no está incluido literalmente en el acuerdo. En todo caso, la Corte Suprema de Justicia dijo en un comunicado que en este caso el delito de narcotráfico puede considerarse conexo al de rebelión.
Ordóñez repitió algunos de estos argumentos y además señaló que el acuerdo podría no satisfacer a los tribunales internacionales, porque, según su opinión, es excesivamente beneficioso para los guerrilleros. “La fiscal de la Corte Penal Internacional [Fatou Bensouda] ha insistido en que la pena a imponer por los crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio debe ser proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos. La pena no puede ser simbólica o inexistente”, señaló.
La propia Bensouda se pronunció ayer en un comunicado en el que dijo que “revisará en detalle y analizará cuidadosamente” el entendimiento, pero como parte de su primera impresión destacó: “Noto con optimismo que el acuerdo excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves”.
Ordóñez, Uribe y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, coincidieron ayer en el Congreso. El ministro defendió el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y las FARC, y criticó al Centro Democrático, el partido de Uribe. “Pareciera que se oponen porque sí”, dijo, antes de preguntarse: “¿Qué es lo que quieren? Por Dios, ¿acaso quieren otros 30 años dándonos bala?”.
Ayer se desarrolló en el Congreso, justamente, la primera sesión para debatir acerca del mecanismo por el cual los puntos acordados entre el gobierno y las FARC se convertirían en ley si se alcanza un acuerdo final. Parece haber cierto consenso entre los partidos con representación parlamentaria favorables a un acuerdo de paz (que son mayoría en el Congreso) para hacer una reforma constitucional que reduzca los tiempos legislativos requeridos para la aprobación de leyes que estén vinculadas con este entendimiento.
Además de pasar por el Congreso, el acuerdo será sometido a una consulta popular, reiteró el miércoles el presidente Santos, aunque se desconoce cuándo y cómo se convocará.
Antes de definirlo, miembros del Ejecutivo han hablado en distintos medios periodísticos haciendo hincapié en que no habrá indulto para quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad o de guerra. También fuera de fronteras se hará una defensa del acuerdo: Santos tiene previsto reiterar los detalles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana próxima, y se reunirá con el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, para hablar de este tema. Además, varios países y organizaciones internacionales saludaron el entendimiento, así como la noticia de que en seis meses se firmará la paz.
Mientras tanto, la Fiscalía de Colombia anunció que el acuerdo sobre la justicia anunciado el miércoles frenó 50 imputaciones que pesaban sobre varios integrantes del secretariado de las FARC, que ahora serían juzgados en la nueva jurisdicción. Además, reveló que el indulto podría alcanzar a “más de 16.000 miembros de las FARC” que hayan cometido delitos de rebelión o conexos. La cifra es muy alta si se considera que según las estimaciones oficiales, las FARC cuentan con la mitad de ese número de guerrilleros, unos 8.000.
Otras voces
El malestar de Uribe y Ordóñez era esperable porque ellos son los grandes críticos del proceso de negociaciones de paz en Colombia. La que generaba más expectativas era la reacción de las decenas de agrupaciones de víctimas de los distintos actores del conflicto. Prácticamente todas fueron consultadas por distintos medios colombianos en el transcurso del día de ayer y la respuesta casi generalizada fue que el acuerdo era positivo. También las agrupaciones de militares retirados, que podrían ver a algunos de sus miembros acusados en la jurisdicción especial, se mostraron a favor del texto.
Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que el acuerdo es “satisfactorio” para las Fuerzas Armadas, otro de los sectores de la sociedad colombiana que históricamente se ha opuesto a hacer concesiones a la guerrilla.