La Justicia chilena dispuso ayer el arresto domiciliario para el recaudador de la campaña electoral de la presidenta Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, y el cierre de fronteras para varios líderes de la coalición de gobierno, Nueva Mayoría, vinculados con financiamientos políticos irregulares por intermedio de la empresa Sociedad Química y Minera (SQM). Esa empresa minera estuvo controlada por Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Augusto Pinochet.
Martelli fue imputado como sospechoso de delitos cometidos entre 2009 y 2013, cuando fue operador político de la coalición de centroizquierda, incluso durante la campaña que llevó a Bachelet a la presidencia.
Martelli está acusado debido a que su empresa, Asesorías y Negocios (AyN), recibió de SQM 246 millones de pesos chilenos [unos 500.000 dólares de entonces] que, se supone, financiaron parte de la campaña de la actual presidenta y que fueron justificados con boletas falsas.
La contadora democratacristiana Clara Bensán, que fue recaudadora de la fracasada campaña del ex presidente Eduardo Frei en 2009, deberá ir a firmar una vez por mes y se dispuso para ella el cierre de fronteras, porque se sospecha que pudo haber facilitado facturas falsas a la minera y a otra empresa entre 2009 y 2013. El ex diputado del Partido Radical Alejandro Sule, al igual que David Flores, ex asesor de la intendenta de Santiago, Carolina Tohá, quedaron sujetos a las mismas medidas que Bersán. Por otro lado, Patricio Contesse, ex gerente de SQM, está bajo arresto domiciliario.
Por este caso ya fueron imputados varios opositores y ayer también lo fue el consejero regional de Bío Bío y ex vicepresidente del partido de derecha Renovación Nacional, Claudio Eguiluz.